A seis meses de que el procurador Alejandro Ordóñez termine su segundo periodo de cuatro años en el Ministerio Público, la demanda en contra de su reelección, presentada en febrero del 2013, sigue sin resolverse.
Y aunque esta semana el Consejo de Estado volvió a regañar al Procurador por usar estrategias dilatorias para ponerle palos a la rueda de su proceso, Ordóñez sigue ganando tiempo.
El año pasado todo apuntaba a que el Tribunal decidiría que se quedara, pero este viernes la intención de voto de 12 contra ocho, no favorece a Ordóñez.
Un sinnúmero de recursos que contemplan nulidades, impedimentos y recusaciones han hecho que el caso se dilate por más de tres años. El martes, cuando se reanudaría la discusión de la ponencia que pide su salida, Ordóñez llegó muy temprano a la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado a interponer una recusación contra los magistrados Stella Conto y Alberto Yepes. (Lea también: Las razones del Consejo de Estado para ordenar investigar a Ordóñez)
El Tribunal negó el jueves pasado ese recurso, y además pidió investigar disciplinariamente al Procurador. La Corte dijo que su solicitud “es un acto contrario a la dignidad de la justicia y a la lealtad y buena fe”, y calificó la conducta de Ordóñez de “improcedente y dilatoria”.
El Procurador, por su parte, contestó que la decisión es exótica al no haber tales antecedentes en ese Tribunal y dijo que la magistrada Rocío Araújo, la ponente del caso, no tiene las competencias para tomar esa decisión.
Los recursos
En los tres años y medio que ya cumple la demanda en el Consejo de Estado, el proceso ha estado en manos de tres magistrados. En la Sección Quinta, Alberto Yepes redactó un documento declarando la ilegalidad de la reelección que llevó a Ordóñez por segunda vez a la Procuraduría, pero antes de votar esa ponencia, el proceso pasó, por impulso del magistrado Marco Antonio Velilla, a la Sala Plena. (También: Por tercera vez se aplaza decisión para anular reelección de Ordóñez)
Ocho recusaciones llegaron contra magistrados de la Corte, dos provenientes de la Procuraduría y seis interpuestas por Rodrigo Uprimny, uno de los demandantes.
Uprimny sustentó su solicitud en el conflicto de intereses de esos consejeros de Estado por su amistad con el Procurador. El magistrado Carlos Alberto Zambrano negó cinco de las ocho recusaciones y además resolvió varios impedimentos de magistrados que pidieron ser apartados del caso por tener familiares en la Procuraduría.
Luego la ponencia pasó a la magistrada Susana Buitrago, pero su salida del Tribunal por terminación del periodo hizo que no hubiera votación. Buitrago era uno de los alfiles de Ordóñez en el Tribunal. (Además: Alfiles de Alejandro Ordóñez buscan silla en Consejo de Estado)
La magistrada Rocío Araújo heredó el proceso y durante algunos meses tuvo que dedicarse a resolver otros recursos. Araújo rechazó tres peticiones para echar abajo la demanda, que fueron presentadas por la viceprocuradora Martha Castañeda y otras dos personas. Incluso Castañeda insistió en sus pretensiones para salvar a su jefe.
Luego de tanto recurso, el Consejo de Estado advirtió al Procurador y a sus subalternos que podrían ser sancionados por intentar dilatar el proceso.
Ahora que el caso parecía destrabarse y Araújo tenía su ponencia lista, Ordóñez, que ha dicho públicamente que no quiere dilatar el proceso, volvió esta semana a recusar a dos de los magistrados que había denunciado hace dos años.
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