El preanuncio del último día de la guerra con las Farc dejó listos procedimientos, fechas y sitios precisos. Con el apoyo de la ONU y la Celac, se verificarán el cese definitivo del fuego y las hostilidades, la dejación de armas y el paso a la vida civil de excombatientes. A su vez, habrá vigilancia para las garantías de seguridad que debe dar el Estado a exguerrilleros, comunidades y líderes sociales o de derechos humanos.
Ahora urgen la firma del acuerdo final y la decisión de la Corte para que, en el próximo semestre, su refrendación y la puesta en marcha del cronograma abran paso al arduo proceso de construcción de una paz perdurable. Las encrucijadas son grandes y las esperanzas no se pueden frustrar. El éxito depende de todos.
Al pedir perdón y reparar a las víctimas, al concretar pronto los puntos que faltan, teniendo en cuenta los cambios que necesita el país y no solo sus propios beneficios, y, claro, al cumplir con lo acordado, las Farc ayudarían a aliviar el dolor y la rabia que han generado. Las curules para excombatientes, luego de pasar por la justicia transicional, no se pueden conceder a costa de agrupaciones que han hecho política legal ni tampoco de las circunscripciones especiales de paz, que están destinadas a regiones y sectores acallados por el conflicto que ahora quieren hablar con voz propia.
Ojalá las Farc sigan los sabios consejos de Pepe Mujica, a quien –según afirmó– lo empezaron a respetar no por haber sido guerrillero, sino porque luchó por los dolores de su pueblo, se ocupó del presente y de las necesidades de la gente. Y agregó: “Si se quedan atrincherados hablando de los fantasmas del pasado, se van a quedar en el pasado”.
Esas advertencias también le sirven al Eln, que frenaría cambios profundos en los territorios en conflicto y en todo el país si no pone fin inmediato al horror del secuestro y da paso a la fase pública de la negociación, como le reclaman cada vez más sectores.
El ‘nunca más las armas en la política’ debe ir acompañado de un ‘nunca más clientelismo electoral y corrupción’. De lo contrario, la mayoría de partidos torcerán iniciativas como la del Ministro del Posconflicto para la estabilización socioeconómica, justicia y seguridad en los 100 municipios más agobiados por la guerra.
El Gobierno y el Estado están abocados a impulsar reformas, profundizar en la reparación de las víctimas, luchar contra bandas criminales y neoparamilitares que tratan de ocupar espacios y negocios que dejen las Farc, y cambiar su precaria presencia por una actuación integral que ayude a construir un país más equitativo y democrático.
Claves en la construcción de paz son los esfuerzos de la sociedad civil y la reactivación de los movimientos campesino, afro e indígena para que haya dolientes de los acuerdos sobre tierras y drogas y para asegurar la participación social en el reordenamiento de los territorios hacia un desarrollo equitativo y sostenible. Urge la multiplicación de iniciativas juveniles y empresariales. “La paz querida” y el “canta Colombia por la paz”, que entonan los artistas, refuerzan la esperanza.
Los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad. Cuando promueven un debate equilibrado de argumentos y no se prestan a difundir proclamas, contribuyen a formar una opinión más madura y a perfilar cambios positivos para el país. Pero algunos condenaron los acuerdos del 23 de junio sin siquiera compararlos con el despeje sin control del Caguán o con los pactos de Santa Fe de Ralito, que encarcelaron a jefes paramilitares pero no impidieron su reproducción. Parecen más interesados en amplificar sentencias apocalípticas de personajes que intentan parar la paz y proclamarse como salvadores del país.
Socorro Ramírez
