Terrenos inestables, cuerpos de agua contaminados, inundaciones y riesgo constante de derrumbe son algunos de los estragos que dejó la minería en Bogotá.
Aunque la mayoría de las canteras están reportadas por la Secretaría de Ambiente como inactivas, la falta de restauración ha afectado al medioambiente y a la población.
Según los conceptos técnicos de la entidad ambiental –consultados por EL TIEMPO–, de los 107 predios afectados por minería en Bogotá, a 86 no les aparecen los dueños que respondan por la restauración de estos terrenos.
“Al finalizar la explotación siempre se pide un plan de restauración, porque los terrenos quedan inestables y pueden generar daños ambientales en el futuro”, asegura Óscar López, subdirector del recurso hídrico y del suelo de la Secretaría de Ambiente. (Lea también: Serán las propias comunidades las que veten minería en su territorio)
Para que una cantera entre en funcionamiento tiene que cumplir con un Plan de Manejo Ambiental (PMA) y tener una licencia expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Ese plan pretende que mientras haya explotación, el terreno no genere afectaciones.
Adicional a esto, los propietarios de estas canteras tienen que cumplir con un plan de restauración, que pretende recomponer el terreno afectado por minería, tras el fin de la licencia de explotación. Esto último es lo que está en mora de hacerse en las 86 canteras de Bogotá, a las que no les aparecen los propietarios para responder por los daños ambientales.
“Si bien la minería en Bogotá no es una gran explotación, como en otras regiones del país, es la que más personas afecta”, dice Susana Muhamad, exsecretaria de Ambiente Distrital.
Muhamad explica que las zonas con más predios sin restaurar –la mayoría en el suroccidente de la ciudad– son las localidades con peor calidad del aire. “Uno de los factores que más influye es el material particulado, que es arrastrado por el viento de las montañas de Ciudad Bolívar y que termina en Soacha”, dijo.
Según documenta un estudio divulgado en el 2012 por la Contraloría sobre la afectación de la minería en la salud pública, el exceso de material particulado en el ambiente aumenta las enfermedades pulmonares en la población, como la bronquitis crónica. (Además: Fallos de la Corte aún no se cumplen en favor del medioambiente)
A esto se suma el riesgo de derrumbe, la contaminación de los cuerpos de agua y la “contaminación visual y paisajística” que en reiteradas ocasiones ha denunciado la Contraloría.
Según lo documentó el Ministerio de Ambiente, el 60 por ciento de las canteras de los cerros capitalinos se han desarrollado en antiguas zonas de bosques y rastrojos nativos, el 14 por ciento en bosques artificiales y el 26 por ciento en áreas de uso agropecuario. Igualmente, el 60 por ciento ha afectado acuíferos y el 22 por ciento ha destruido manantiales.
La afectación de los acuíferos es uno de los efectos más graves en el futuro, pues el daño que hacen estas minas al suelo evita que el agua de lluvia alimente el complejo acuífero de la Sabana de Bogotá, una reserva subterránea de agua.
Pero también hay que tener en cuenta los costos que genera la extracción minera a la ciudad. Según indicó la Secretaría de Ambiente durante un debate de control político, citado en agosto del año pasado en el Congreso, en 10 años el Distrito recibió 1.200 millones de pesos de regalías por actividades mineras, pero tuvo que asumir una cuantía de $ 300.000 millones por reasentamiento de familias, riesgos y afectaciones a la salud en la comunidad.
La situación no tiende a mejorar. Aunque la Personería de Bogotá denunció hace cuatro años que el 92,6 por ciento de la minería en la ciudad era ilegal, hoy la realidad es similar. Según información revelada a este diario por la Secretaría Distrital de Ambiente, de las seis canteras activas en Bogotá, solo la mitad cuenta con título minero vigente y un Plan de Manejo Ambiental en ejecución.
Pero lo que más temen los vecinos de estos predios sin restaurar es que les pase lo mismo que les sucedió en 2009 a los habitantes del barrio Villa Jackie, una zona sometida a explotación minera, que dejó graves daños en la viviendas, al punto de que los residentes tuvieron que abandonarlas.
El problema normativo
Antes de la Constitución de 1991, por la falta de normas ambientales, las minas se explotaban en la ilegalidad. Los bogotanos que tenían un terreno de tierra, además de cultivar, también tenían la oportunidad de extraer minerales.
Fue a partir de la Ley 99 de 1993 que se empezó a regular la extracción de materiales de construcción en la capital. En esta normativa se establece que la Sabana de Bogotá debe protegerse de la extracción de sus recursos, pues esta zona hace parte de los sistemas montañosos de interés ecológico nacional, por lo que corresponde al Ministerio de Ambiente delimitar las zonas compatibles con la minería. (Además: Por inoperantes, Contraloría raja a las CAR)
El Ministerio de Ambiente ha expedido varias normas reglamentando dicha normatividad, la última fue la Resolución 1197 del año 2004. Sin embargo, una sentencia del Consejo de Estado del 2010 pide al Minambiente delimitar nuevamente las zonas compatibles para minería. A la fecha no se ha expedido la nueva resolución.
En lo que se refiere al sur de Bogotá, y en atención a las reglamentaciones que Minambiente ha expedido, los títulos mineros del Tunjuelo –donde se encuentran las explotaciones más importantes– han estado en las zonas compatibles para la minería, así como también en el mismo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá del año 2000, en el cual se declaró como Parque Minero Industrial dada su importancia como área abastecedora de materiales de construcción para la ciudad.
MARÍA CAMILA GONZÁLEZ y JAVIER FORERO ORTIZ
Redacción EL TIEMPO