El Consejo de Estado negó la recusación que entabló el procurador Alejandro Ordóñez en contra de la demanda que pide su salida del Ministerio Público. En esa decisión, el alto tribunal ordenó una investigación disciplinaria en contra de Ordóñez, al considerar dicho recurso como "una conducta desleal y dilatoria".
Ordoñez se presentó el pasado martes ante la secretaría de la sección quinta del Consejo de Estado y recusó a los magistrados Alberto Yepes y Stella Conto por supuestamente haber filtrado información de la ponencia que lo dejaría por fuera del cargo. (Lea también Por tercera vez se aplaza decisión para anular reelección de Ordóñez)
Si la recusación hubiera sido aprobada la Sala Plena hubiera quedado con sólo 18 magistrados habilitados para votar y decidir si se anula o no la reelección del Procurador.
Este es el cuarto llamado de atención que le hace el Consejo de Estado a Ordóñez por posibles maniobras dilatorias. A comienzos de este año tres recursos que le fueron negados tuvieron una respuesta similar.
En este caso, el fuero del Procurador General indica que disciplinariamente lo debe investigar la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, pero como él fue ternado por esa corporación (para su segundo periodo), en este caso le corresponderá a la Sala Plena del Consejo de Estado.
Pero como es ese mismo alto tribunal el que ordena investigarlo, lo que viene es que los magistrados se deberán declarar impedidos. De ser así, será necesario que se nombren conjueces para que determinen si hay mérito para investigarlo disciplinariamente.
Entre tanto, los magistrados del Consejo de Estado podrán iniciar el proceso en etapa de indagación preliminar.
Tres años de dilaciones en el caso Ordóñez
Casi simultáneamente con la reelección de Alejandro Ordóñez como procurador general para el periodo 2013-2016, fue interpuesta ante el Consejo de Estado una demanda que sostiene que ese proceso fue ilegal. Sin embargo hoy, tres años y medio después, no se ha tomado una decisión de fondo por cuenta de la interposición de múltiples recursos que han dilatado el proceso.
Primero fueron los impedimentos presentados por los magistrados para conocer e intervenir en la decisión, argumentando que tienen familiares que trabajan en la Procuraduría o porque son cercanos a los demandantes.
Luego, cuando estaba prácticamente cocinada la salida de Ordóñez con la ponencia del magistrado Alberto Yepes, el estudio del caso pasó a Sala Plena y quedó en manos de la magistrada Rocío Araújo. (Además: Alfiles de Alejandro Ordóñez buscan silla en Consejo de Estado)
Durante año y medio, el proceso no se movió en Sala Plena. Numerosos impedimentos y recusaciones nuevamente frenaron todos los intentos por dar avance al caso.
A principio de este año, la magistrada ponente negó una solicitud de la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda que pretendía que se revocara un auto en el que ya le habían negado una solicitud de nulidad de la demanda contra el Procurador. A Castañeda le dijeron por segunda vez que su solicitud era infundada.
Además de la demanda de Castañeda en la que argumentó una supuesta vulneración al debido proceso de Ordóñez porque no fue incluida ella como representante del Ministerio Público en el caso, se presentaron otras dos demandas por parte de los ciudadanos Diego González y Carlos Julio Caballero.
Entonces, el magistrado Alberto Yepes, que era ponente, advirtió en la respuesta que dio a los tres recursos, que la interposición de “nulidades y peticiones improcedentes” podrían entenderse como una forma de dilación del proceso y por tanto, las personas que acudieran a esa herramienta sin fundamento podrían ser objeto de sanción.
Paradójicamente, mientras su segunda interpuso recursos que terminaron negados por improcedentes, el procurador Ordóñez envió en los últimos meses varios mensajes en los que pedía al Consejo de Estado celeridad en la decisión.
Ordóñez aseguraba que no había tenido la intención de dilatar el proceso que llevaba ese tribunal en su contra y que no quería que los recursos interpuestos por otras personas fueran vistos como una estrategia para mantenerse en el cargo hasta el final del periodo.
Hace mes y medio el caso se movió nuevamente pues la magistrada Rocío Araújo presentó su ponencia pidiendo la nulidad de la reelección de Ordóñez. Posteriormente durante cinco semanas los magistrados de la Sala Plena del Consejo de Estado presentaron sus observaciones al documento y acordaron que Araújo haría algunas modificaciones a la Ponencia, retrasando dos semanas más la votación.
La semana pasada cuando ya se iba a votar la ponencia, dos magistrados pidieron la rotación de la misma, o sea, pidieron más tiempo para revisar el documento.
Pero este martes, cuando parecía que iba a darse la votación, el procurador Alejandro Ordóñez interpuso la recusación que le fue negada este jueves por el Consejo de Estado. Ordóñez pedía que los consejeros de Estado Stella Conto y Alberto Yepes se apartaran de la discusión de su caso teniendo en cuenta que la Comisión de Acusación anunció una investigación contra ellos por la supuesta filtración de información a medios de comunicación de la ponencia que Yepes había redactado cuando el caso aún estaba en la Sección Quinta del tribunal.
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