El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio plena autorización al alcalde de Chapinero para que tome las acciones legales necesarias con el fin de hacer cumplir la norma urbanística que frena las megaconstrucciones ilegales en los cerros orientales.
También le ordenó a la Policía Metropolitana que de forma inmediata ubique un puesto fijo en la zona de los cerros aledaños a Monserrate (localidad de Santa Fe), en defensa del medioambiente y de los recursos naturales.
Esto, ante los continuos intentos de personas que han tratado de invadir estos predios ubicados en la parte alta de la avenida Circunvalar, entre las calle 22 a 30. Los policías tienen la obligación de custodiar la localidad y acompañar los operativos de los funcionarios del Distrito.
Tanto en el caso de Santa Fe como en el de Chapinero, si un particular llega a impedir el ingreso o la permanencia de los uniformados, de los funcionarios del Distrito o la Nación, “incurrirá en desacato y se hará acreedor de las sanciones”, que van desde 50 salarios mínimos mensuales hasta las acciones penales del caso, dice el Tribunal recordando un fallo del Consejo de Estado. (Lea también: Polémico 'zar' de las telas tiene casa ilegal en los cerros)
En referencia a las megamansiones en Chapinero, el Tribunal cita el caso del predio El Arrayán, situado en la zona conocida como El Bagazal y que se encuentra en la calle 76 n.° 2 este- 60, lote 3A. Allí se construyó una vivienda en zona de reserva forestal y se intervino la flora nativa. Según los expedientes de la Corporación Autónoma Regional (CAR), en repetidas ocasiones se selló de forma preventiva esa construcción, pero estos sellos se violaron. Para el Tribunal, la continuación de la obra tiene repercusiones en el medioambiente.
Esta orden se da en medio de los recientes cuestionamientos a las megamansiones que se levantaron en los últimos años en la reserva forestal. El propio alcalde Enrique Peñalosa afirmó: “Son un símbolo del irrespeto de algunos poderosos a la ley, a las normas y al medioambiente”, por lo que pidió que se avance lo más pronto posible en la demolición. (Además: Las lujosas casas que a las malas construyen en los cerros orientales)
Los casos que analizó el Tribunal fueron puestos en conocimiento por el comité de vigilancia y seguimiento al fallo del 5 de noviembre del 2013, mediante el cual el Consejo de Estado falló una acción popular que ordena tomar las medidas necesarias para proteger los cerros.
El fallo de esa acción popular –interpuesta por la ciudadana Sonia Andrea Ramírez Lamy– amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, a la defensa y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios, entre otros derechos. De ahí nace el comité de seguimiento que reporta al Tribunal, que a su vez es responsable de velar por su cumplimiento.
Por eso, para el caso de El Bagazal y en general para la zona de reserva, la decisión del Tribunal se tomó “con el propósito de impedir la ocurrencia de infracciones de normas urbanísticas, así como la construcción, remodelación, parcelación, modificación o cualquier otra actuación” en la reserva de los cerros orientales ubicada en esa localidad.
Lavadero de carros
Un caso puntual es el que se presenta con taxistas y particulares que siguen lavando carros en el río San Francisco o Vicachá, a pocos metros de la subida a Monserrate por la avenida Circunvalar al sur. Los fines de semana llegan a sacudir tapetes, arrojan basuras y limpian los automóviles con el agua que baja de la montaña. (Lea: Incautan material de construcción a casas de lujo en cerros orientales)
Un reporte de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) señala que en visita realizada el domingo 26 de junio no se evidenció ninguna actividad.
Sin embargo, policías del CAI Monserrate le reportaron a la entidad que el sábado 25 de junio se realizaron varios comparendos a conductores estacionados en ese punto, “quienes pagan por el servicio de lavado del carro a una familia del sector”, según el reporte entregado por la Secretaría de Ambiente.
Asimismo, guardas de seguridad del sector e información suministrada por la Policía a la SDA señalan que presuntamente la familia “cuenta con antecedentes” y al mismo tiempo son considerados población vulnerable, los cuales forman parte de una invasión ubicada en la zona”. (También: Estos son los dueños de las casas de lujo que arrasan los cerros)
Dadas las condiciones de inseguridad en el sector, señala la SDA, “no fue posible obtener los datos de los presuntos infractores ambientales”.
La entidad anunció que en todo caso seguirá con “actividades de seguimiento y control por parte de los profesionales de la Secretaría Distrital de Ambiente, dado que según lo comunicado mediante informe por la Policía Nacional, las actividades de lavado de vehículos continúan”.
La Policía de Tránsito ha impuesto en Bogotá 120 comparendos por lavar vehículos en la vía o en fuentes hídricas. Ahora con la orden del Tribunal, la Policía deberá proteger el río.
BOGOTÁ