Los acuerdos benefician a millones

Los acuerdos benefician a millones

Los acuerdos de La Habana no son solo para las Farc. Son, sobre todo, para la gente.

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30 de junio 2016 , 07:07 p.m.

El trascendental acuerdo de que habrá cese bilateral definitivo y dejación de armas fue recibido por muchos –y proclamado así por el Presidente– como la noticia de que las Farc desaparecen como organización armada. Pero lo más importante no es eso; lo principal es que los acuerdos de La Habana no son solo para las Farc. Son, sobre todo, para la gente.

Con el debate en Colombia centrado en los sapos que habrá que tragar y en las concesiones a las Farc, el elemento esencial de la negociación pareciera no existir en la discusión pública: a diferencia de lo que alegan sus críticos, este proceso no es simplemente para beneficiar a una guerrilla; es, sobre todo, para beneficiar a millones de colombianos.

Según los críticos, parece como si los acuerdos se limitasen a beneficios en materia de justicia y otras concesiones a unos guerrilleros. Pero la gran diferencia de esta negociación con todas las que la precedieron es que, de implementarse adecuadamente, lo acordado aliviará la situación de millones de personas y eliminará algunos de los elementos más perniciosos de la violencia y la desigualdad en Colombia.

Con el acuerdo del 23 de junio, el público urbano celebra el fin de las Farc como organización armada. Hasta los que, como el Procurador, critican cada coma de lo que se acuerda tienen ese norte. Pero los acuerdos son mucho más que eso. Abren posibilidades de desarrollo y progreso que estaban cerradas, y permiten sacar a millones de la pobreza, la marginalidad y el abandono. Dan una luz de esperanza a la espantosa vida de los cerca de 9 millones de colombianos que viven en los municipios más golpeados por la guerra. Y también a los ciudadanos urbanos que pagan con sus impuestos la guerra.

Los acuerdos no deben explicarse como la posibilidad de ‘salir’ de las Farc, sino de las causas que permitieron que el conflicto persistiera por tan largo tiempo. El debate se ha centrado en los costos que tendrá llegar a la paz y no en los beneficios y oportunidades que se abren con ella.

¿Sabe el ciudadano urbano lo que es vivir en Las Mercedes, Catatumbo, esperando que a su casa y su familia les toque el próximo cilindro explosivo? ¿Se imagina lo que han sido estos once meses sin cilindros? ¿Y lo que será el futuro?

Los críticos del proceso no han explicado –como se acordó en el punto de desarrollo agrario– por qué se oponen a que haya por fin en Colombia un sistema de catastro que elimine un impuesto predial irrisorio e impida la acumulación de miles de hectáreas, una de las principales fuentes de desigualdad. Esto no es una concesión a las Farc; es una deuda histórica de la élite colombiana, parte de la cual se opone a los acuerdos porque estos fomentarán la creación de un mercado de tierras normal y desestimularán la acumulación de predios.

Tampoco explican qué hay de malo en ampliar la democracia, reforzar la participación de la gente en las decisiones y dar garantías serias y confiables a una oposición que ha sido perseguida sistemáticamente, como se convino en el punto de participación política. Habrá garantías para el movimiento político que surja de las Farc desmovilizadas, sí; pero, sobre todo, garantías para el ejercicio de la política y cambios profundos en un sistema electoral corrupto y controlado. Eso beneficia a la democracia y los ciudadanos, no a un puñado de guerrilleros.

El acuerdo sobre drogas ilícitas no es solo para que las Farc dejen de ser un eslabón en la cadena del narcotráfico. Es para aliviar la vida terrible a la que han sido obligadas más de 60.000 familias cocaleras y miles de raspachines, muchos de ellos menores de edad.


* * * *

El gran problema es que esos beneficios para millones implican costos que algunos, poderosos e influyentes, se resisten a pagar.

Álvaro Sierra Restrepo
cortapalo@gmail.com
@cortapalo

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