La orden que alarmó a todos, en dos días se convirtió en otra mayor: levantar los sellos que paraban la obra y tomar la foto o hacer el video para confirmar que así se había hecho. Así se desprendió de una conversación entre el alcalde Arboleda, quien emitió la orden de cierre, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien pidió levantar los sellos y tener el registro.
Así iba hasta el miércoles la polémica que se encendió en las esferas privadas y oficiales tras la decisión de la Alcaldía de Buenaventura de parar la construcción del terminal marítimo de Aguadulce, una de las mayores obras de infraestructura portuaria en el país, con una inversión de más de 500 millones de dólares.
La versión de esa orden circulaba en los pasillos oficiales de Buenaventura desde hace varias semanas, pero se hizo oficial el pasado martes. Su vigencia no superó las 48 horas. (Además: Puerto de Aguadulce entraría en operación a partir de septiembre)
Se trata de la Sociedad Portuaria e Industrial de Aguadulce (Spia), tercer terminal marítimo de la tercera sociedad portuaria de Buenaventura en esta localidad en el Pacífico.
Esto “es una alcaldada”, dijo el vicepresidente Germán Vargas Lleras al enterarse de la noticia y al referirse a que el desarrollo no se podía parar así.
“Me preocupa el mensaje que se manda a la comunidad internacional”, recalcó Vargas, quien adelantó que la gobernadora del Valle “se comprometió a levantar el sellamiento”.
La construcción de más 380 hectáreas con una inversión mayor a los 500 millones de dólares se vio amenazada en estos dos días. En su desarrollo proyecta mover más de un millón de toneladas y generar más de 600 empleos directos en la región.
La orden era perentoria. La resolución 05 del 15 de junio de 2016 derogó la licencia de construcción y este martes 28 se sellaron las obras por 120 días (cuatro meses), por no pagar las expensas –unos 3.000 millones de pesos– y no cumplir con la normatividad del POT del Distrito.
“Es inaudito que faltando semanas para la inauguración del puerto de Aguadulce –la inversión asiática no petrolera más grande del país, con enormes beneficios para los bonaverenses– la Alcaldía ordene parar su construcción, contraviniendo, aparentemente en forma ilegal, la licencia que ella misma emitió”, expresó el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahíta.
Y agregó: “Cabe preguntarse a quién le puede interesar que la obra se pare; porque ni a los bonaverenses, ni a los vallecaucanos, ni a los colombianos les conviene que eso suceda”.
A esas voces de protesta se sumó Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), quien calificó como “un golpe traicionero” las decisiones del alcalde.
Y añadió que existe una ilegalidad rampante en la revocatoria de las circulares, porque la ejecución del puerto no genera afectaciones sociales ni atenta contra el interés público como lo argumentan.
Luego de la imponente ceremonia de la inauguración del canal ampliado de Panamá –la llamada obra más importante del siglo XXI– fue un ‘baldado de agua fría’ la orden de suspensión del muelle por su impacto en la meta de modernización de la infraestructura que adelanta el Gobierno, y el mensaje a los inversionistas.
El puerto de Spia no iba a poder recibir en dos meses los primeros barcos pospanamax o neopanamax, lo que limitaría las oportunidades que tiene Colombia de aprovechar la mayor circulación que se deduce al ampliar el canal interoceánico.
Podría haber sanciones
Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, dijo que hoy tendrán una nueva reunión para hablar con el alcalde Eliécer Arboleda y la gobernadora Dilian Francisca Toro, para hacerle entender el tema una vez más al funcionario, pero señaló que de no lograrlo vendrán en su contra procesos sancionatorios y medidas cautelares.
Para Andrade, las situación es desconcertante, porque la ley es muy clara, y la competencia para determinar qué tipo de construcciones se pueden hacer para aeropuertos y puertos es del Gobierno Nacional.
BUENAVENTURA Y BOGOTÁ
