Gustavo Petro, sancionado e inhabilitado otra vez por la Procuraduría

Gustavo Petro, sancionado e inhabilitado otra vez por la Procuraduría

La nueva decisión es porque el exalcalde de Bogotá aprobó el POT sin aval del Concejo.

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28 de junio 2016 , 09:59 a. m.

La Procuraduría General de la Nación impuso este martes una nueva sanción al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, que lo inhabilita por un año.

El proceso disciplinario tiene que ver con la supuesta ilegalidad en el procedimiento de aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, que se hundió en el Concejo de la ciudad y, empero, fue sancionado por decreto por el exmandatario.

La Procuraduría dice que Petro adoptó de manera excepcional el Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, por el cual se modificaban “las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, pese a que el Concejo Distrital, en sesión ordinaria del 7 de junio de 2013, aprobó la ponencia negativa del proyecto de acuerdo".

Según el expediente, con este acto Petro habría hecho caso omiso a la normatividad que otorga en los concejos municipales y distritales la competencia para la reglamentación del uso del suelo, optando por proferir un acto administrativo que no resultaba procedente. La falta fue calificada como grave a título de dolo y se aplicó la sanción de suspensión de 12 meses.

Petro Urrego tiene otra sanción de la Procuraduría que lo inhabilitó por 15 años y que está pendiente de una decisión definitiva en el Consejo de Estado. Ese caso está relacionado con el esquema de recolección de basuras en la ciudad.

En el fallo de diciembre de 2013, la Procuraduría consideró que Petro, "de manera libre, consciente y voluntaria ordenó asignarle la prestación el servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad". Esto dio como resultado "la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012".

En ese caso, añadió la Procuraduría, también hubo "deliberada improvisación en la compra y alquiler de compactadores nuevos y usados" que generaron detrimento al patrimonio y obligó a que el Distrito volviera a contratar a los operadores privados, "de quien, dijo el Alcalde, pretendía descartelizar".

JUSTICIA

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