La Gobernación del Atlántico confirmó el pasado lunes que no está en capacidad de operar el contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que contempla la entrega de los 70 mil almuerzos que la Nación destina para estudiantes de 20 municipios del Departamento.
El secretario general de la Gobernación del Atlántico, Pedro Lemus, fue enfático en señalar que atender este contrato equivale a operar 200 restaurantes, para lo que ni el Departamento, ni la Secretaria de Educación tienen experiencia en este tipo de operación.
Para escoger el operador del contrato PAE, que tiene un costo de 15.000 millones de pesos, la Gobernación abrió una licitación en la que se presentó solo un proponente, la firma Ecoalimentos.
La licitación para fue declarada desierta, el pasado viernes, por el comité evaluador que consideró que el proponente no cumplía con los requisitos técnicos relacionados con el aporte del vehículo para el transporte de los alimentos.
Lemus dijo ayer que hay dos opciones. Volver abrir la licitación, “afortunadamente los niños están en vacaciones lo que nos daría tiempo para reiniciar un nuevo proceso, además de convocar el mayor número de entidades y operadores, no entendemos que pasó, que solo llegó una”.
Sobre este punto el Secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza explicó que: “De no darse la concordancia de los tiempos de la nueva adjudicación, para que se presenten nuevos proponentes que cumplan los requisitos, la Administración Departamental buscará los mecanismos legales que nos permitan cumplir y garantizar la alimentación escolar durante los días que pudiera quedar descubierto el programa por la nueva licitación”.
El segundo escenario, que es el que analiza con mucho detenimiento la Administración Departamental, es regresar los recursos al Ministerio de Educación, para que sea quien adelante el proceso.
Lemus asegura que se trata de un contrato muy complicado en el que entidades como la Procuraduría General de la Nación tiene los ojos puesto, lo mismo que los demás entes de control del Estado.
“Los recursos no alcanzan, porque además son insuficiente para un almuerzo de calidad. La salida tiene que ser entonces devolver la plata el Ministerio”, subrayó el funcionario, para precisar que por cada niño se paga 1.700 pesos, el contrato atiende 70.000 estudiante cuando la cobertura del departamento sobrepasa los 100.000, es decir que 30.000 niños y jóvenes están por fuera de recibir este beneficio.
Cabe recordar que este contrato de alimentación escolar en el Atlántico en un principio lo manejaba el Icbf, luego por irregularidades detectadas pasó al Ministerio de Educación.
“Ninguno ha podido y ahora nos lo envían a la Gobernación del Atlántico, creo que el problema es estructural”, subrayó Lemus, quien insiste que debe ser el ministerio el que debe retomar la operación de este proyecto.
Leonardo Herrera Delghams
Corresponsal de EL TIEMPO
Barranquilla.
