Una política de garrote y zanahoria. Así se podría definir la estrategia que ya adelanta la Fiscalía para desmantelar a las bandas criminales que delinquen en el país y sobre las que hay alerta de que puedan terminar copando las zonas del país que abandonen las Farc por el proceso de paz.
Una de las puntas de lanza con las que las autoridades buscan desmantelar a estos grupos es la figura del sometimiento, con la cual se espera que integrantes de esas redes se entreguen a la justicia y suministren información que permita desmantelar la organización criminal.
En ese paquete está la aplicación de una herramienta que ya existe pero que no se ha usado con esta clase de delincuentes: la posibilidad de que puedan conservar parte del dinero obtenido con actividades ilegales, incluso del narcotráfico, si entregan el grueso de sus fortunas a las autoridades y colaboran efectivamente con la justicia.
Testaferros y hasta jefes de bandas podrían conservar hasta el tres por ciento del valor incautado por las autoridades si colaboran y se acogen a sentencia anticipada en los procesos de extinción de dominio. Esos beneficios no tendrían efectos en la parte penal, pues se trata de procesos independientes.
Según fuentes de la misma Fiscalía, no se trata de una ‘zanahoria’ de poca monta: en el último año, al ‘clan Úsuga’ se le han quitado bienes por un billón de pesos. El tres por ciento de esa cantidad equivale a 30 mil millones de pesos.
El fiscal general encargado, Jorge F. Perdomo, sostuvo que en todo caso un juez determinará el porcentaje que se les permita conservar a la personas investigadas que renuncian a defenderse en los procesos de extinción de dominio de bienes ilícitos. (Además: Así están distruidas las Bacrim en Colombia)
A pesar de los resultados en la lucha contra las bandas, que incluyen la captura el año pasado de 2.339 integrantes de esas redes, la Fiscalía reconoce que se mantiene el negocio ilegal y que tras el desmantelamiento de algunos grupos han aparecido nuevas organizaciones criminales, incluso más sofisticadas.
Se ha evidenciado, por ejemplo, que es mínimo el número de hombres pertenecientes a las bandas que se entregan. Mientras que cifras del Ministerio de Defensa señalan que en los últimos 18 meses se han entregado 679 integrantes de las Farc y 204 del Eln, en ese mismo periodo solo se sometieron a la justicia seis hombres de las ‘bacrim’.
Los miembros de esas redes no pueden formar parte de procesos de desmovilización –o sea, no pueden aspirar a beneficios políticos–, pero sí pueden buscar una entrega y conseguir algunos beneficios judiciales. Ese proceso se podría agilizar por cuenta de un proyecto de ley que va para segundo debate en el Congreso y que crea las condiciones para la entrega a la justicia de esas redes criminales. (Además: Vía libre para bombardear a las tres bandas criminales más fuertes)
En 2012 se sometieron 272 integrantes de la banda Erpac, del extinto ‘Cuchillo’. La mayoría de ellos fue condenada a penas de menos de ocho años de cárcel por porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Por aceptación de cargos recibieron una rebaja de hasta la mitad de la sentencia.
Incrementar ofensiva
Junto a la posibilidad del sometimiento, la Fiscalía lanzó un plan de fortalecimiento para incrementar las capturas de los integrantes de las bandas. El plan incluye el incremento de los investigadores, la identificación de sus bienes y testaferros para quitarles sus bienes, privilegiar la captura de sus mandos medios y altos, y no los eslabones más bajos de la cadena, y el desmantelamiento de las redes de integrantes de la Fuerza Pública y otros sectores del Estado que terminaron en la nómina de esas organizaciones ilegales. (Además: Ya van 332.149 víctimas de las bandas criminales del país)
El plan de 34 puntos, que se trabaja con la Policía, incluye la creación de una base de datos de inteligencia que permita compartir en tiempo real la información de todas las fuerzas sobre esas organizaciones ilegales, con lo que las investigaciones podrían ser más efectivas.
En la Dirección contra el Crimen Organizado hay 95 fiscales y se espera que con la puesta en marcha del nuevo plan sean 350 funcionarios, entre fiscales e investigadores. Según informes en poder de la Fiscalía, los integrantes de las cuatro principales bandas criminales –‘clan Úsuga’, ‘Pelusos’, ‘Rastrojos’ y ‘Puntilleros’– son entre 3.500 y 4.000, y en el nuevo plan para combatirlos hay una revaluación de objetivos que incluye bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas.
También se plantea priorizar algunas regiones del país en las que se concentra la actividad de esas bandas, con la creación de la figura de los jueces especializados de bandas. La Fiscalía sostiene que en el país ya no existen grupos paramilitares y que aunque en las bandas hay un número importante de desmovilizados de las Autodefensas esas organizaciones solo tienen un fin económico y ninguna ideología política. (Lea también: Bandas: ¿paramilitares o simple crimen organizado?)
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