Una ponencia del magistrado William Hernández, quien reemplazó a Gerardo Arenas, podría devolver a la vida política a la exsenadora Piedad Córdoba, quien desde octubre de 2013 está inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Según Hernández, la Corte Suprema de Justicia dijo que la información que estaba en el computador encontrado en el campamento de 'Raúl Reyes' y que fue usada para justificar la destitución y la inhabilidad de la entonces senadora, Piedad Córdoba, para el ejercicio de cargos públicos por 18 años, era ilegal.
Córdoba fue sancionada disciplinariamente en el 2010 por "colaborar y promover la guerrilla de las Farc". Sin embargo, el documento que será debatido este martes en Sala Plena del Consejo de Estado sostiene que la cadena de custodia para la recolección y revisión de los elementos encontrados en el campamento de 'Reyes' en marzo del 2008, cuando éste resultó muerto se rompió y no hay garantía de que la información encontrada allí sobre la senadora fuera real.
En octubre 2013, la Corte Constitucional había dejado en firme dicha destitución al considerar que la Procuraduría había valorado correctamente las pruebas que llevaron a inhabilitarla.
El procurador Alejandro Ordóñez, en su momento, dijo que Córdoba asesoró al grupo subversivo para el envío de videos con pruebas de vida de personas retenidas, dio información a las Farc sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados y colaboró con la defensa de algunos exjefes de esa organización subversiva en procesos judiciales. Es decir, se habría extralimitado en la tarea que se le había encomendado y era establecer contacto con las Farc para lograr la liberación de un grupo de secuestrados.
Pero esta no es la única inhabilidad que tiene piedad Córdoba, en el 2012 el Ministerio Público le impuso otra sanción de 14 años de inhabilidad por haber supuestamente apoyado con 25 millones de pesos la financiación de la campaña de Ricardo Antonio Montenegro a la Cámara de Representantes en el 2010, cuando ella era senadora.
En ese proceso, la Procuraduría estableció que el dinero que llegó a la campaña de Montenegro se dio por medio de transacciones hechas por Córdoba desde Venezuela hacía Colombia, utilizando varios intermediarios.
En ese fallo de primera instancia, el Ministerio Público sostuvo que Córdoba "desconoció la prohibición constitucional para los funcionarios públicos de hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos".
En octubre del 2014, el Consejo de Estado admitió una demanda de la exsenadora para la revisión de esa segunda sanción.
JUSTICIA y ELTIEMPO.COM
