Lupa sobre 622 esquemas de seguridad privada

Lupa sobre 622 esquemas de seguridad privada

Este año, la Superintendencia de Vigilancia ha negado 41 licencias para operar estos departamentos.

notitle
26 de junio 2016 , 10:17 p.m.

Con el fin de verificar que están cumpliendo con los objetivos para los que fueron creados y que no se estén usando como ejércitos privados de la ilegalidad, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada está revisando las licencias de los 622 esquemas de seguridad en el país.

En medio de la revisión, según la ‘Súper’, en lo corrido del año ya se han negado 41 solicitudes de particulares que buscaban obtener la licencia por primera vez o renovarla, para operar sus esquemas de seguridad. La cifra va en aumento, pues en el 2012 las licencias negadas fueron solo dos.

El superintendente de Vigilancia, Carlos Alfonso Mayorga, asegura que sus controles son rigurosos y que “el mayor riesgo que tienen estos esquemas (que pueden ser constituidos por ciudadanos o empresas) es que personas al margen de la ley traten de aprovecharlos para realizar actividades ilícitas graves, como lavado de activos, narcotráfico y contrabando”.

Estos departamentos de seguridad se autorizan si se demuestra una condición especial de riesgo o amenaza inminente para su vida, que generalmente debe ser avalada por el Gaula. También se les conceden a multinacionales que operen en regiones con alteración del orden público. Son estos esquemas los que se encargan de contratar directamente a su personal, con su respectivo armamento, blindaje y equipos.

Mayorga afirma que uno de los casos en los que estos esquemas sobrepasaron sus funciones es el de la empresa Aportes San Isidro.

En el 2011, más de 100 familias ubicadas en la finca Las Pavas (sur de Bolívar), contra quienes la firma mantiene un litigio por la tenencia de esas tierras, denunciaron abusos e intimidaciones cometidos por el esquema de seguridad.

Por esto, en el 2013 la ‘Súper’ le suspendió la licencia, y hace unos meses, bajo la figura de “falta de confianza pública”, que se traduce en la falta de buen nombre o reputación, se la canceló. Aportes San Isidro interpuso un recurso de apelación a la decisión.

También por falta de confianza y por las inquietudes sobre la procedencia de su capital, Mayorga afirma que se les han negado licencias a rentistas de capital o comerciantes de San Victorino, en Bogotá.

Incluso, narcotraficantes que han cumplido sus condenas fuera del país, a su regreso a Colombia han querido conformar sus propios esquemas de seguridad, solicitudes que han sido negadas por sus antecedentes. “Este año también se la negamos a un grupo de dueños de centros de diversión para adultos y que se lucran de actividades relacionadas con el comercio sexual. El perfil del negocio no da la confianza”, dijo.

Mayorga agregó que entre las licencias negadas también están las que solicitaron familias dedicadas a la extracción de esmeraldas: “Hoy hay cuatro departamentos de seguridad al servicio de los esmeralderos. Ese es otro sector del que somos recelosos por tener su accionar en zonas de rurales”.

Desde el 2010 la Supervigilancia mantiene un litigio por el esquema de seguridad de Virgilio Triana Romero, un reconocido comerciante de esmeraldas de Boyacá a quien le suspendieron y finalmente le cancelaron su licencia porque no cumplió con la documentación para renovarla.

Uno de los casos más mencionados de mal uso de estos departamentos de seguridad es el de la reina del chance, Enilse López, conocida como la ‘Gata’, quien está privada de su libertad por un proceso de lavado de activos y homicidio.

Por estos hechos la Supervigilancia les suspendió las licencias de funcionamiento a los “ejércitos privados” con los que protegía sus empresas de chance Uniapuestas, Aposmar, y Aposucre. La jurisdicción contenciosa administrativa confirmó la decisión de quitarles la autorización para operar.

Licencias, hasta por 5 años

Las licencias de los departamentos de seguridad se dan hasta por cinco años. Sin embargo, si hay alguna alerta de malos manejos, la Supervigilancia puede verificar su funcionamiento desde el segundo año. “Vigilamos que el número de contratos corresponda al número de empleados y que se les éste cumpliendo con las prestaciones y horarios. Que el número de armas en uso corresponda al de permisos para su porte. El no cumplir con estas normas nos valida para suspender una licencia”, dijo Mayorga.

JUSTICIA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.