Secciones
Síguenos en:
Las consultas previas que pasaron del chantaje a la agresión

Las consultas previas que pasaron del chantaje a la agresión

Comunidades que exigen 30 % de dineros de peajes y pagos a asesores por $ 2.000 millones.

notitle
Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
26 de junio 2016 , 07:59 p. m.

Las consultas previas que se deben hacer con los grupos étnicos, cuando el Estado tiene proyectos que pueden afectarlos directamente en su territorio, cultura o economía estarían desbordándose en solicitudes y costos. En unos casos, ya pasaron del chantaje a las agresiones para parar o entrabar importantes obras de infraestructura.

El asunto preocupa al Gobierno Nacional, por cuanto hay proyectos viales retrasados por esta causa, al tiempo, que concesionarios se alistan para iniciar, por ahora, 15 nuevas consultas previas en proyectos viales de cuarta generación (4G) .

Si bien es cierto que no todos los proyectos carreteros requieren previamente este proceso y no todas las comunidades étnicas distorsionan el fin de las consultas, sí preocupa en el sector que detrás estén apareciendo cada vez más grupos y personas que, por vía de la tutela, buscan reconocimiento como étnicos, para obligar a la consulta o presionar compensaciones excesivas.

La voz de alarma sobre estos hechos la lanzó recientemente el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, ante los desmedidos pedidos de unas comunidades de Sucre, que exigieron pagos de asesores por 2.000 millones de pesos, para avanzar en la consulta y la construcción de 18 km de la doble calzada entre Sincelejo-Toluviejo y otros 14,05 km de Sampués a Sincelejo.

Por este motivo, los dos tramos que forman parte de los 265 km de la concesión vial Córdoba-Sucre están retrasados en el cronograma de los trabajos.

“No nos podemos dejar presionar en forma tan indebida. (...) No podemos someter al concesionario a nuevas extorsiones. Son solicitudes que retrasan las obras y el progreso”, advirtió Vargas.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario del proyecto Autopistas de la Sabana, cuando el proyecto se inició en el 2011, el Ministerio del Interior certificó la existencia solo de cinco comunidades indígenas para consulta previa.

El proceso concluyó en el 2014 y cuando los trabajos estaban iniciados aparecieron en el 2015 seis nuevos grupos étnicos, que por vía de la tutela obligaron a otra consulta previa. El asunto llegó a los altos tribunales que ratificaron al contratista la obligación de cumplir con este paso.

Nuevas comunidades

Entre estos nuevos grupos se hallan Flores de Chinchelejo y Sabana la Negra, con los que no hubo tampoco acuerdos con el contratista. “En toda la concesión se han adelantado 12 procesos de consulta previa, de los cuales 10 se cerraron a satisfacción. Solo en esos dos casos no se pudo avanzar por las condiciones impuestas”, dijo el gerente de Autopistas de la Sabana, Salomón Niño.

Entre las exigencias aparecen los citados pagos que suman 2.000 millones y la suspensión de las obras. Los grupos argumentan que el proyecto se ejecuta en suelos protegidos y que los materiales los extraen del cerro Sierra Flor, un terreno sagrado para los zenúes.

Flores de Chinchelejo y Sabana la Negra no figuran en los registros del Ministerio del Interior. Por ahora, este despacho informó que avanza en el estudio etnológico para establecer si son o no poblaciones indígenas.

Según la ANI y Autopistas de la Sabana, los dos grupos se hallan lejos del sitio del proyecto: a más de 2 y 3 kilómetros de distancia del área de influencia.

“Si se mira un mapa del 2014, la comunidad de Flores de Chinchelejo no existía. Solo en el 2015 empezaron a construir, precisamente, en un terreno al que se le había ordenado la expropiación”, contó Niño.

Mientras tanto, para impedir los trabajos, dijo que la comunidad se ha amarrado a las máquinas, desde lo alto del cerro lanzan y estrellan totumos contra los equipos y amenazan a los trabajadores con machetes y bastones.

Otro proyecto crítico

Otro proyecto crítico es Ruta del Sol 3, concesión adjudicada por la ANI en el 2010 para la construcción de 465 km en dos corredores: entre San Roque (Cesar) y la Ye de Ciénaga (Magdalena) y El Carmen de Bolívar, Bosconia (Cesar) y Valledupar.

El lío se presentó en 219 km del trayecto entre Valledupar-Bosconia y Bosconia -Ye de la Ciénaga, donde el concesionario debía hacer consultas previas con 9 comunidades afrodescendientes y cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estas últimas reclamaron por 93 sitios sagrados.

Mientras la consulta con las primeras culminó sin problemas, no sucedió lo mismo con los grupos indígenas, pese a que el concesionario cambió el diseño del trazado y dejó solo 23 puntos sagrados en el proyecto.

Además, las poblaciones indígenas exigieron construir 23 pagamentos en los sitios sagrados, la crianza y pagos de estudios universitarios para cuatro niños de las comunidades y demandaron que el concesionario les pagara el 30 por ciento de los ingresos anuales por peajes durante los 25 años de concesión. El contratista consideró que esto era un “costo económico exorbitante”. La consulta acabó sin acuerdo el 14 de noviembre del 2014.

El tramo en conflicto logró finalmente la licencia ambiental de la Anla en agosto del 2015, pero el problema siguió, porque no definió el plan de manejo ambiental de la zona y ordenó al concesionario volver a sentarse con los pueblos indígenas, que se niegan a ello. Las obras en este punto tienen un retraso mayor a los dos años.

En concepto del vicepresidente de Planeación de la ANI, Jaime García, cuando hay un proyecto del Gobierno “surgen grupos de interés que llevan a otras que no son del área para que se instalen y construyan en el sitio del proyecto, para obligar al Estado a pagarles”.

El Gobierno aprueba las consultas, pero no los abusos a través de estas. Por ello, Vargas Lleras es partidario de que se tramite un proyecto de ley estatutario que fije los tiempos de las consultas previas, costos, efecto vinculante y la interlocución con comunidades.

Por qué debe consultarse

La consulta previa es un derecho que tienen los grupos étnicos a saber sobre decisiones y proyectos que los pueda afectar de manera directa (aprobado por la Ley 21 de 1991). Si tiene impacto pueden participar de los beneficios o recibir a cambio compensaciones, pero equitativas. Las empresas o contratistas deben antes de iniciar un proyecto solicitar a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior la certificación de la existencia o no de poblaciones indígenas o afrodescendientes en el área de influencia del proyecto. Además, deben hacer una socialización o informar los alcances del proyecto a la comunidad. En esta etapa los grupos piden poco o nada, porque saben que el contratista tiene que volver para la consulta previa, dice el vicepresidente de Estructuración de la ANI, Iván Fierro.

EL TIEMPO

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.