En tan solo seis meses se han anunciado numerosas iniciativas que atentan en forma grave contra la conservación de diversos ecosistemas y reservas naturales de Colombia. El país parecería estar dilapidando la cacareada ‘magia salvaje’ bajo el liderazgo del Gobierno.
El año se inició con el anuncio del alcalde Peñalosa de urbanizar la reserva Van der Hammen, un propósito en el cual persiste, sin importarle un bledo que las más respetables autoridades científicas hayan señalado su insensatez. Continuó con las absurdas decisiones de la Anla sobre el llenado de la represa de El Quimbo, cuyos impactos se mantienen en silencio. Los anuncios del otorgamiento de unas licencias de exploración petrolera en La Macarena, otra perla de Minambiente y la Anla, y de unos títulos mineros en el valle del Cocora desataron tal indignación pública que el Gobierno Nacional los revocó.
Se declaró también el inicio de la era del ‘fracking’ en Colombia, en contraste con otros países y regiones del mundo que han renunciado a ingresar a ella. Se reiteró la intención de desviar el arroyo Bruno, que ha suscitado una fuerte protesta de las comunidades de La Guajira, una región azotada por la escasez de agua. La Ciénaga Grande de Santa Marta, como lo señalé en pasada columna, estaría colapsando como resultado de la acción de los gobiernos nacional y regional, de numerosos empresarios y de la inconcebible indiferencia de Corpamag y Minambiente.
La lista de anuncios de los ecosistemas por decapitar es extensa, y la semana pasada se adicionó el caso de la licencia ambiental para construir un puerto carbonífero en la bahía de Cispatá, al sur del golfo de Morrosquillo en el departamento de Córdoba.
Digámoslo claro: es una flagrante estupidez. No se requiere ser un experto para concluirlo. Un puerto en esta bahía generaría un paulatino proceso de deterioro y destrucción de sus manglares. ¿Acaso no ha sido esa la historia de todos los manglares en donde se ubican los puertos de Colombia?
He tenido la fortuna de visitar en varias oportunidades la bahía de Cispatá, cuyos manglares, con un área de 14.000 hectáreas, son quizá los mejor conservados de nuestra costa Caribe, que es una región en la que la mayor parte ya desaparecieron o están en grave proceso de deterioro. La belleza de los manglares de Cispatá es sobrecogedora, y tienen una excepcional diversidad biológica, con una importancia crucial para el medioambiente marino más allá de la bahía.
El buen estado de este ecosistema se debe, en mucho, a la acción de las comunidades que se asientan en sus vecindades y que lo protegen y lo utilizan para su sustento, entre quienes se cuentan 600 familias de pescadores. Además, los antiguos cazadores y traficantes del caimán aguja, cuya piel tiene alto valor en el mercado internacional, se convirtieron, en admirable historia, en sus conservadores, y gracias a su acción esta especie ya no se encuentra en extinción en la bahía. Antes por el contrario, la población de caimanes es de tal tamaño que en la actualidad se está solicitando un permiso, a la autoridad internacional que los protege (Cites), para aprovecharlos en forma sostenible. En esta labor han jugado un importante papel los biólogos Giovanni Ulloa y Clara Lucía Sierra, quienes trabajan para Asocaimán, una organización comunitaria. Todos estos logros socioambientales se acabarían sacrificando con el establecimiento del puerto.
La CVS otorgó la licencia para construir el puerto, no obstante que el plan de manejo del Distrito de Manejo Integrado de la Bahía, así como también la zonificación de los manglares, aprobada por el Ministerio, lo prohíben. Es, entonces, imperativo que el nuevo ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y la CVS revoquen tan absurda licencia.
MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA
