En un reciente fallo, el Consejo de Estado llamó la atención a la administración local de Cali por “escudarse en las directrices del Ministerio de Educación” para no brindar los auxilios alimenticios de niños en situación de vulnerabilidad.
Esto por el caso de una menor que presenta retardo mental moderado y a quien, a principio de este año, le interrumpieron el servicio de desayuno en su colegio por ser una institución educativa privada; a pesar de que su matrícula allí es subsidiada desde hace cinco años por la Alcaldía.
“El municipio no puede esquivar su responsabilidad bajo el argumento según el cual, el Ministerio de Educación Nacional impide la inversión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en instituciones que no sean públicas, toda vez que la asistencia alimentaria que le corresponde garantizar al ente territorial, al subsidiar en este caso puntual el estudio de la menor, es una obligación legal de imperativo cumplimiento”, se lee en el fallo.
La Corte recordó que es responsabilidad de los entes territoriales garantizar no solo el servicio de educación para los menores, sino también el acceso y la permanencia para evitar la deserción, que se logra, por ejemplo, a través de los planes de nutrición.
Según el Consejo de Estado, estas necesidades deben ser atendidas a través del Sistema General de Participaciones o de regalías –a través de programas como el de Alimentación Escolar del Mineducación– y de los recursos propios del municipio.
La sentencia advirtió que si los niños en situación de discapacidad están bajo el amparo de una matrícula subsidiada en una institución privada es precisamente porque sus padres no tienen los recursos suficientes para costearla por ellos mismos y, por lo tanto, tampoco la alimentación.
REDACCIÓN JUSTICIA
