Van dos décadas de proclamación de convenciones internacionales para erradicarla (OEA, ONU y Ocde), sin que se haya impedido la metástasis que deslegitima el Estado, frena el desarrollo y destruye el capital social. Una epidemia que carcome los cimientos de la democracia y la justicia. Se han explorado múltiples fórmulas para combatirla, y todas sucumben frente a un mal que se mimetiza dentro de las peores formas de hacer política.
Lo positivo ha sido que la sociedad ha endurecido su posición y ya no considera pecados veniales, zonas grises o prácticas comerciales atrevidas contra el interés público las conductas corruptas. La opinión exige hoy condenas legales y sociales. Lo negativo ha sido descubrir que fórmulas institucionales con dientes para combatirla son una asignatura pendiente. Y los delincuentes aprenden rápido cómo robar al Estado y burlar las condenas.
Transparencia Internacional ha dicho que en países donde la corrupción está extendida en el sector público, la política y el sector privado, los sistemas judiciales presentan corrupción sistémica. Es el diagnóstico de un paciente terminal invadido por un cáncer llamado abuso de poder. Bien decía lord Acton en 1887 que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
El país aborrece las múltiples formas que toma la corrupción al infectar los sectores más estratégicos para el desarrollo, como la educación, la salud y aun la nutrición infantil. Es una ignominia que alienta a quienes delinquen resguardados en la sombra de la impunidad. Y si el desafío de la paz es regional y territorial, la primera tarea del posconflicto será combatir la corrupción a nivel local.
Si la impunidad es el mayor incentivo para la corrupción, un sistema de justicia que funcione es su antídoto. No hay mejor sistema inmunológico en una sociedad democrática que la justicia para proteger lo público. Pero las vacunas están vencidas y la majestad de la justicia ha sido inoculada por prácticas que la misma Rama debe erradicar.
Hablar de carteles de testigos falsos y de intermediarios que negocian fallos es de por sí repugnante. La congestión y la ineficiencia judicial son aliadas incondicionales del soborno y la interferencia indebida de intereses particulares. Para no hablar de la opacidad y el secretismo procesal que alimenta aquel dicho infame según el cual “para qué pagar un abogado, si se puede comprar un juez”.
Los controles dentro del sistema de justicia son débiles, hay déficit de capacitación ética y técnica de los jueces y la falta de herramientas gerenciales y tecnológicas es la regla. El desafío es poner en marcha una instancia disciplinaria rigurosa que ponga a rendir cuentas a quienes se les debe aplicar un rasero ético mucho más alto que aquel que se le aplica a cualquier funcionario público.
Fuera de la Rama Judicial, es hora de alinear las entidades de control que marchan, no pocas veces, en direcciones opuestas. La sanción penal, la disciplinaria y la fiscal (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría) parecen rivalizar y no complementarse en las investigaciones. Y el sector privado debe saber que estimular la corrupción conduce al suicidio.
La fase siguiente a la firma de la paz necesitará algo más que héroes y gladiadores por la justicia; requerirá de una legión de magistrados, fiscales y jueces íntegros, eficientes y probos que simplemente cumplan con su deber, no como protagonistas de gestas épicas y sobrehumanas, sino como administradores de una justicia básica para defender los derechos del ciudadano de a pie.
#No hay derecho. El país no acepta más dilaciones en la elección del fiscal y espera hoy conocer el nombre de quien liderará una entidad clave en la lucha contra este flagelo.
Fernando Carrillo Flórez
@fcarrilloflorez