La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó varios artículos de una ley del año pasado que permitió que fiscales de la justicia castrense concedan -cuando se cumplan los requisitos- principios de oportunidad a militares y policías por delitos relacionados con el servicio.
Esos beneficios fueron incluidos en la ley 1765 del 2015 que reestructuró la Justicia Penal Militar.
El alto tribunal la demanda de tres ciudadanos que demandaron 10 artículos de dicha ley que establecían cómo podrían aplicarse los principios de oportunidad para agentes de la Fuerza Pública.
Según los demandantes, la figura de principio de oportunidad debe ser aplicado exclusivamente por la Fiscalía General y por lo tanto no podía extenderse a la justicia penal militar. En efecto, la Corte Constitucional aseguró que la reforma que permitió el principio de oportunidad para la Fuerza Pública va en contra del artículo 250 de la Constitución.
Uno de los argumentos de la Corte es que los principios de oportunidad que están establecidos en el artículo 250 de la Constitución son diferentes a los de la justicia penal militar, y por lo tanto su aplicación debe ser distinta.
Afirman los demandantes que "el Congreso de la República, mediante ley ordinaria, no puede ampliar esa titularidad a órganos de investigación penal diferentes a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que ha debido tramitar una reforma constitucional para esos fines".
Además, los demandantes afirmaron que la Justicia Penal Militar y Policial, aunque administra justicia, su Fiscalía Penal Militar pertenece a la Rama Ejecutiva por lo que "no se encuentra facultada para aplicar el principio de oportunidad".
Los demandantes aseguraron, además, que el Congreso se había extralimitado en sus funciones al ampliar el ámbito de competencia para aplicar el principio de oportunidad y permitirles a fiscales penales militares y policiales dar estos beneficios en los casos que limitaba la ley.
El principio de oportunidad fue incluido en la ley del año pasado que reformó la justicia castrense, como una propuesta del Ministerio de Defensa para generar mayor equidad entre los militares y los ciudadanos juzgados por la justicia ordinaria.
JUSTICIA
