Una alerta emitida este martes por la Defensoría del Pueblo reveló que en el último mes y medio, en la comuna 4 Cacuzá, de Soacha, se registraron 14 homicidios.
Lo que llamó la atención de la entidad es que estas muertes violentas habrían sido selectivas, y su responsabilidad se debería a grupos armados desmovilizados, pandillas, ‘parches’ y ‘combos’ que estarían generando zozobra en esa zona, conformada por los barrios El Arroyo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Galán, entre otros.
Por esa razón, la Defensoría le remitió un informe a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, porque en Cazucá se estarían vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos.
Una de la cifras reveladas por la entidad, con base en el informe de Medicina Legal, es que entre enero y mayo de este año, en Soacha han ocurrido 68 homicidios, pero de estos, según la Defensoría, cerca de 26 se concentraron en Cazucá, una de las zonas donde más se comete este delito.
Pero hay más. De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se han conocido los casos de habitantes de los barrios Altos de la Florida y Julio Rincón que denuncian cobros extorsivos, de entre 50.000 y 60.000 pesos semanales, para los propietarios de establecimiento comerciales.
Además, señala que las amenazas a líderes comunales y a representantes de víctimas, a través de panfletos, llamadas y mensajes de texto, así como la estigmatización de la población y el microtráfico, empeoran el panorama para los habitantes de esta zona.
‘Invitamos a denunciar’
Ante este panorama, EL TIEMPO consultó a Marco Fidel Mendieta, secretario de Gobierno de Soacha.
El funcionario manifestó que a la fecha no tienen denuncias ni por extorsiones ni por asesinatos selectivos en la entidad, y tampoco han recibido notificación de la Fiscalía por estos delitos.
“Los hechos de homicidio en la comuna de Cazucá se han presentado por intolerancia. Hace un mes tuvimos el caso de una familia que estaba jugando tejo e ingiriendo alcohol, y cuatro de ellos resultaron asesinados por un problema que tuvieron allí. Estos casos deben estar incluidos en los catorce que señala la Defensoría”, explicó Mendieta.
Por eso invitó a los ciudadanos a presentarse ante las autoridades si son víctimas de extorsiones o de amenazas.
Ocupación ilegal no cesa
Otra de las alertas que entregó la Defensoría es la invasión de terrenos en la vereda Panamá, que tiene una población en riesgo por conflictividad de 480 personas, 160 de ellas niños y adolescentes.
Ante esta situación, el secretario de Gobierno sostuvo que están emprendiendo acciones para evitar que estos hechos se realicen, y que la semana pasada se capturaron 16 personas que cobraban por el loteo de terrenos a personas de bajos recursos.
BOGOTÁ
