Luis Fernando Gómez Duque, extraordinario profesor de Filosofía del Derecho prematuramente desaparecido, enseñaba a sus alumnos del Externado la importancia del Código de Policía, diciéndonos que es allí donde en verdad se regulan para la vida diaria los deberes y derechos ciudadanos. Ese Código describe la fisonomía política de un Estado con mayor precisión que las demás normas jurídicas.
Aun cuando algunas de las novedades reveladas del nuevo estatuto, que modifica el desueto de hace 46 años, han generado ampolla en sectores de opinión, lo cierto es que se debe profundizar en sus más de 240 artículos para, conociéndolo en detalle, formarse juicio certero sobre sus ventajas y desventajas.
Por ahora se diría que todo depende de quién, cómo y con qué recursos se aplicará. Lo que no se puede es presumir de entrada, contraviniendo además una norma constitucional, la mala fe en los miembros de la Policía, hoy con más y mejor formación que la de sus integrantes en 1970.
El debate, desde luego necesario, es ocasión excepcional para replantear el papel de la Policía Nacional en la Colombia de hoy, más aún cuando algunos prejuicios de épocas pasadas llevaron a desviar a esa institución de sus objetivos constitucionales.
El nefasto papel que la dictadura civil y militar de mitad del siglo pasado puso a jugar a la institución durante la violencia liberal-conservadora militarizó la Policía para abstraerla de la perturbadora influencia política. Se llegó a nombrar a militares como sus directores, tal el caso del general Deogracias Fonseca, uno de los quíntuples de la Junta Militar. Solo en 1965 se nombró al primer Policía Director de la Institución, el general Ramírez Sendoya, cobardemente asesinado por las Farc a sus 80 años, cuando gozaba de merecido descanso.
Otro hecho que contribuyó en gran medida a desnaturalizar su papel constitucional fue el conflicto armado, cuando la Policía se convirtió en blanco de la guerrilla, que se dedicó a atacar los más alejados puestos de la institución en el país. Uno de los últimos actos del M-19 fue destruir el puesto de Policía en Herrera, Tolima, en 1985.
Por esos fenómenos hemos tenido “policía militar” y también contraguerrillera, lo que implica una contradicción de su esencia. Las estadísticas muestran que han sido más los miembros de la Policía que los integrantes de la Fuerza Militar propiamente dicha caídos en la lucha antisubversiva.
Tal vez Colombia sea de los pocos países –si no el único– en donde aún la Policía no depende del Ministerio del Interior sino del de Defensa.
Firmada la Paz y desmovilizada la guerrilla, lejos de debilitarse, debe replantearse, fortaleciéndolo, el papel de la Policía Nacional, concentrándolo en la defensa de la seguridad ciudadana, dado que la institución está hoy mucho más profesionalizada que hace unos años y cuando solo el 5 por ciento o menos de la delincuencia está asociada al conflicto. La delincuencia se combate con una combinación entre justicia, Policía y prevención.
Como es probable que, desaparecida la guerrilla, crezca la delincuencia común, la tarea de la Policía será esencial, y es de suponer que los mandos ya la estén preparando adecuadamente. La seguridad ciudadana se afecta más por la delincuencia común que por la subversión armada.
En el nuevo Código de Policía hay disposiciones que ayudan a la prevención del delito. Hoy, el papel policial está diversificado y resultan de especial importancia ramas como las de protección de infancia y adolescencia, carreteras, protección de infraestructura, medioambiente, etc.
Deberían existir otras modalidades como la Policía de Prisiones, en reemplazo de un organismo ineficiente como el Inpec, o la Policía Aeroportuaria, lejos de manos privadas. Una policía amable con el ciudadano y defensora de las libertades públicas es la que el país necesita. Este necesario replanteamiento, con nuevo Código de Policía, será una de las tantas ventajas adicionales de superar, como todos lo esperamos, y lo más pronto posible, el conflicto armado.
Alfonso Gómez Méndez
