Aunque Medicina Legal tiene reportes de que en Colombia habría 21.557 personas desaparecidas forzadamente, el mismo instituto reconoce que esa cifra sería mucho mayor y que el país no ha calculado las dimensiones de ese delito.
El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, señaló que hay denuncias sobre la desaparición de 50.000 personas, de las cuales no hay ninguna información y sobre las que ni siquiera es claro si su desaparición fue forzada.
Solo en lo corrido del año, hay 1.952 casos reportados, de los cuales se sabe que 35 corresponderían a desaparición forzada.
El informe del instituto forense señala que el mayor número de casos se reporta en Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Caquetá. La mayor cantidad de víctimas son hombres.
“El fenómeno es muy grande en el país. Se prevé que son muchos más los colombianos desaparecidos frente a los reportes oficiales”, indicó Valdés.
Las exhumaciones que se han realizado en el marco de las negociaciones de paz con las Farc también alertaron a las autoridades sobre el subregistro en las cifras de desaparecidos. (Vea nuestro especial multimedia: Desaparecidos, duelo eterno)
De los 222 cuerpos recuperados en Bocas de Satinga (Nariño), Cimitarra y Puente Nacional (Santander), y La Plata (Huila) se identificaron 10 restos, de los cuales solo cuatro aparecían como desaparecidos.
“Nos está diciendo que muchas familias no denunciaron. No tenían lugar para denunciar y no había confianza en las instituciones”, señaló Valdés tras entregar el balance de las exhumaciones. (Además: Víctimas de desaparición forzada piden garantías de no repetición)
Protocolo en 3 meses
El lunes, Medicina Legal puso en marcha una estrategia para construir en tres meses un protocolo que permita agilizar la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas.
Como parte de los acuerdos de La Habana con las Farc, se decidió crear cuatro mesas en las que tendrán representación peritos del instituto, la Fiscalía, la Dijín, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), la Defensoría del Pueblo y varias universidades.
Ellas definirán la hoja de ruta para la búsqueda, recuperación e identificación de cuerpos hallados en fosas, cementerios, o personas reportadas como NN.
“Nos vamos a preparar para cumplir el acuerdo, específicamente el punto cinco (...) La idea es buscar un protocolo que dé confianza a las familias de las víctimas y a la administración de justicia”, dijo Valdés.
Agregó que el protocolo apunta a contar con los recursos tecnológicos y humanos para identificar a las víctimas, pero además poder determinar cómo murió la persona, en qué circunstancias, y recolectar evidencias que permitan judicializar a los responsables.
“Estamos comprometidos con la verdad –agregó–. Queremos darles la tranquilidad a las familias de las víctimas de que se va a trabajar para aclarar las muertes de sus seres queridos”.
El documento no solo servirá para identificar a las víctimas del conflicto armado, sino que lo aplicarán peritos de Fiscalía y Policía en procesos como el que adelanta el ente investigador en el caso de Freddy Valencia, quien asesinó a 11 mujeres en el oriente de Bogotá y las enterró cerca de su cambuche, y el de Jaime Martínez Betancurt, capturado el viernes pasado en Guarne (Antioquia) y quien habría asesinado a 20 personas que luego enterró en una finca de esa zona del país.
Cese del fuego y fin de delitos sexuales
Que el cese del fuego y de hostilidades entre el Gobierno y las Farc incluya un compromiso de las partes para erradicar la violencia sexual, es uno de los puntos que presentaron a la mesa de negociación las ONG defensoras de derechos humanos, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.
El lunes fue presentado en Bogotá el documento que incluye la creación “de una comisión de la verdad histórica de la violencia sexual perpetrada por todos los actores del conflicto, incluyendo a la Fuerza Pública”.
En la propuesta se plantea que la violencia sexual no se considere un delito conexo a la rebelión, por lo que no podría ser objeto de indultos ni amnistías. Y en el caso de los uniformados, que no forme parte de los actos del servicio, por lo cual tendría que ser juzgado en la justicia ordinaria y no en la penal militar.
JUSTICIA
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