Esta semana que comienza, los ojos del hemisferio estarán puestos en el edificio de la OEA en Washington, donde el Consejo Permanente de esta organización debatirá, por primera vez en muchos años, la crisis por la que atraviesa Venezuela. (Lea también: 'En Venezuela se dan las condiciones para un estallido social').
En medio de la tormenta está el secretario general, Luis Almagro, que a finales de mayo invocó la Carta Democrática para abordar lo que a su juicio es un quebrantamiento del orden constitucional en este país que requiere de una intervención urgente. Su decisión, por supuesto, desató la ira del gobierno de Nicolás Maduro e incomodó a varios países de la región.
En esta entrevista exclusiva para el GDA, Almagro dice que no busca la expulsión de Venezuela de la OEA (algo que la Carta contempla), sino un diálogo serio y con resultados concretos.
Entre ellos, sostiene, que se fije una fecha este año para el referéndum revocatorio y una solución para los detenidos políticos en este país. El Secretario sugiere, a su vez, la ampliación del grupo de expresidentes que se ha ofrecido a mediar para así otorgarle balance y credibilidad a su gestión.
No hay duda de que el artículo 20 de la Carta Democrática le permite al Secretario General invocar sus mecanismos cuando se ha alterado el orden constitucional en un país. Venezuela alega que eso no ha sucedido...
En nuestro informe hemos verificado que el orden constitucional de ese país se ha visto alterado de múltiples formas, ha sido violado el principio constitucional de separación de poderes, se han bloqueado completamente los trabajos de la Asamblea Nacional (AN), se ha cooptado el Poder Judicial tanto en mecánicas de integración como de funcionamiento, se violan los derechos humanos en forma sistemática, tanto por la existencia de 94 presos políticos como por constantes casos de tortura, y se han introducido obstáculos imprevistos a la realización del referéndum revocatorio que marca la Constitución Bolivariana.
El informe es de 132 páginas, cada una de ellas muestra evidencia al respecto. Por lo tanto, es imperioso que la comunidad de las Américas facilite un reencauzamiento de la actual situación para que los venezolanos puedan encontrar las mejores salidas institucionales en el terreno político, económico y social.
Varios países se incomodaron, pues usted lanzó su informe sobre Venezuela sin darle la oportunidad al Consejo de pronunciarse y actuar. ¿Por qué lo hizo?
Yo anuncié que estaba preparando el informe mucho antes, y mantuvimos contacto con todos los Estados miembros. Nosotros ya habíamos anunciado a todos ellos cuál sería la fecha de presentación del informe. Esto definitivamente fue realizado con un espíritu de transparencia, coordinación y cooperación con el Consejo Permanente. Incluso señalé en una comunicación escrita al Presidente del Consejo que podía esperar a la decisión del Consejo Permanente y presentar mi informe de manera simultánea con aquella.
Entregué el informe a finales de mayo y solicité una reunión para debatir el tema entre el 10 y el 20 de junio, a fin de darles tiempo suficiente a los países miembros para estudiar mis argumentos y razonar los suyos. Dentro de las atribuciones que le otorga al Secretario General la Carta Democrática, tuve especial cuidado de ser respetuoso con los Estados miembros.
Y lo cierto es que la invocación de la Carta Democrática, que ya fue usada en muchas ocasiones para asistir a países miembros, inclusive durante el gobierno del Comandante Chávez, ha producido acciones en el ámbito diplomático y la búsqueda de un diálogo entre las partes.
De hecho, la OEA se ha convertido en un foro natural para la consideración de la situación del país. Ello sumado a nuestro apoyo a la iniciativa paraguaya de convocar al Mercosur como a las distintas propuestas de diálogo que han existido.
Hasta usted coincide en que el camino no es expulsar a Venezuela. ¿Qué es entonces lo que espera lograr con la denuncia?
La invocación de la Carta Democrática establece un proceso, en el cual la suspensión es naturalmente el último paso. Nadie desea llegar a ese desenlace. Por el contrario, buscamos soluciones a partir de ese proceso. Nadie quiere la suspensión de Venezuela. Nadie puede querer llegar a ello. Queremos soluciones y ese espíritu nos anima a dar impulso al procedimiento del artículo 20.
Este artículo de la Carta Democrática es muy claro. Primero hay que determinar que existe una alteración del orden democrático y luego realizar gestiones diplomáticas y buenos oficios. Si esas acciones se estancan o la situación empeora, se convoca a la Asamblea General, que a su vez puede ordenar nuevas gestiones diplomáticas.
La suspensión de un país está contemplada en el artículo 21 y es para casos de “ruptura del orden constitucional”. No estamos en eso ahora.
Ya hay un grupo de expresidentes nominados por Unasur para que sirvan de mediadores. ¿Qué opina de esa iniciativa? Muchos creen que debería ampliarse para que incluya otras voces, como las de la OEA.
La realidad indica que todavía no hay diálogo. La mejor forma de estructurar el diálogo es por el artículo 20 de la Carta Democrática, porque ello impone la obligación de lograr resultados concretos. Dialogar no es sentarse a hablar. Es atender los problemas reales con la perspectiva de alcanzar soluciones concretas.
Por ello es que propusimos que a los esfuerzos de diálogo ya iniciados, se unan los de la OEA, con un grupo de expresidentes que se sumen a las gestiones y que les den las seguridades del caso a todas las partes. Así se podrán encontrar salidas para descomprimir la actual situación.
Y como ya se ha sugerido por un bloque sólido de 15 países, esto tiene que ver con poner una fecha para el 2016 al referéndum revocatorio, la libertad de los presos políticos, abrir canales internacionales de asistencia humanitaria y el respeto del estado de derecho.
Para que el diálogo sea serio, se debe cuidar la integración balanceada del mismo, los contenidos que debe tener y los plazos para ver resultados. Sin nada de eso, es muy difícil mover la iniciativa hacia adelante.
¿Qué pasa si el jueves los países rechazan su informe? Hay quienes dicen que incluso podrían no dejarlo hablar.
El informe ya ha sido presentado a los países. Se ha convocado al Consejo Permanente. Ya ha sido activado el procedimiento del artículo 20. Mi expectativa es que se realice un diálogo serio sobre los problemas planteados en el informe y no se malgaste el tiempo en otras cosas.
El Consejo Permanente tiene una serie de normas y reglas que todos tenemos que respetar, y en última instancia la decisión está en manos de los 34 países miembros. El objetivo de la reunión del 23 es abordar los temas que afectan a la democracia venezolana y a los venezolanos, el no respeto de la separación de poderes, los presos políticos, la denegación de un referéndum revocatorio. Tenemos que llevar la discusión a fondo.
Es positivo que desde que presenté el informe ya se haya convocado dos reuniones del Consejo Permanente para hablar de Venezuela, ya nadie oculta que hay un problema. Ahora hay que facilitar las soluciones.
¿Qué les contesta a quienes afirman que lo suyo es una pelea personal con el gobierno de Maduro y que se autoexcluyó de la solución al adoptar una posición de choque?
Nunca fue ni es un tema personal. Es una cuestión de defensa de los principios que tienen que ver con la democracia y los derechos humanos. Si se quiere transformar en algo que no es, la razón es sencilla, no mirar los problemas a fondo y buscar en todo momento los ataques personales como pretexto.
Mi deber como Secretario General es alzar la voz si se soslayan esos compromisos. En el año que llevamos en la OEA hemos alzado la voz en varios casos, con varios países. Llegué al cargo hace un año, diciendo que no me ocultaría, y ese sigue siendo mi plan. Como alguien dijo, la OEA se ha convertido en el perro guardián de la democracia y los DD. HH. en el continente. Es una noble misión.
Pero también se dice que su función principal como Secretario General es facilitar el diálogo y construir consenso, algo que no ha hecho en este caso.
Siempre hemos favorecido el diálogo y hemos hecho varios llamados al respecto y ofrecido nuestros servicios de facilitación en este y otros países. Acá estamos frente a una situación de grave alteración de la vida institucional con un bloqueo entre los poderes del Estado, la existencia de presos políticos, erosión de la libertad de expresión y prensa y el resto de elementos que presento en el informe. Y bajo ese marco entiendo que el papel del secretario es el que le da la Carta Democrática: analizar la situación y llevar el tema al Consejo Permanente para que aborde el tema y decida un curso de acción que favorezca una salida constitucional.
Tras la Asamblea General de la OEA de República Dominicana, Venezuela dijo haber obtenido un triunfo al lograr que se aprobara una resolución que pide evaluar sus acciones en la Secretaría. ¿Fue así?
Venezuela presentó un proyecto de resolución sobre los procedimientos de la Secretaría General a la Comisión General, un órgano de la Asamblea. Al no registrarse un consenso, el proyecto fue rechazado.
Lo volvieron a llevar al plenario y fue también descartado. Para que nadie resultara herido, se votó enviar el tema –no el texto– al Consejo Permanente. Y ganó esa opción, por supuesto, porque las normas dicen que cualquier Estado miembro puede traer cualquier tema al Consejo. Otra cosa es que exista un texto específico y ese texto sea rechazado, como ocurrió dos veces.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON
En Twitter: @sergom68
