No paran. Sin importar las quejas de taxistas ni que el Ministerio de Transporte los tilde de ilegales, los servicios de transporte ofrecidos mediante plataformas tecnológicas, llámense Uber, Cabify o Lyft, crecen tanto como sus clientes.
Esta semana, con el lanzamiento de Uber Pool –servicio para hacer transporte colectivo con carros particulares–, quedó claro que los cambios en el transporte seguirán, así las autoridades continúen ignorando los vacíos jurídicos frente al tema y creando decretos y resoluciones para lo que ya hay: taxis y buses.
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El nuevo servicio, que los dueños llaman de ‘car pooling’ (‘carro compartido’, en español), difiere de las otras dos versiones de Uber, pues les permite a los conductores recoger varios pasajeros que vayan por una misma ruta, similar a un bus, y cobrarles.
Difiere también del verdadero ‘pooling’, pues no se trata de una persona que va a trabajar, a estudiar o que sale de viaje y que se ofrece a llevar a otros a cambio de que le ayuden a pagar la gasolina o los peajes, como lo hace Bla Bla Car en Europa. Uber Pool, en cambio, busca el lucro.
Y aquí desafían doblemente al Ministerio de Transporte y a las autoridades locales: además de hacer servicio público (ilegal, según la ley colombiana), hace colectivo, modalidad que está prohibida incluso para los taxis.
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Como era de esperarse, la directora de Tránsito del Ministerio de Transporte, Ayda Lucy Ospina, rechazó enérgicamente esta nueva modalidad. Para ella, si es compartido, no se debe cobrar, y “cuando se cobra se convierte en un servicio de transporte que en Colombia está regulado por el decreto 336 de 1996 y que prohíbe el servicio de transporte en carros particulares. Estos vehículos se encuentran en una ilegalidad”.
Y Ospina, una vez más, amenazó con multas e inmovilizaciones, respaldada por el coronel Ramiro Castrillón, director de tránsito y transporte de la Policía Nacional, quien dijo que los operativos continuarán y además pidió a los ciudadanos no hacer “apología a la ilegalidad e incentivar que siga proliferando”.
Oportunidades perdidas
Sí, es cierto que hay una ley de hace 20 años para prohibir los nuevos servicios que ofrecen los conductores de carros especiales y particulares que operan a través de Uber, Cabify o Lyft. El lío es que las normas a las que se refieren las autoridades son anteriores a estas tecnologías que expresan la quintaesencia de la economía compartida que regirá al mundo.
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De hecho, en el Foro Económico Mundial de hace cuatro meses en Davos esta economía fue apodada la ‘cuarta revolución industrial’, y se estima que el 40 por ciento de las empresas que no acojan las nuevas tecnologías quedarán obsoletas. No es solo Uber. Se habla también de la guerra Netflix versus los operadores de cable o de Airbnb contra los hoteles... y así.
Se trata de optimizar lo que se tiene. El CEO de Uber, Travis Kalanick, lo ilustra así: “(los carros) estos grandes trozos de metal consumen enormes cantidades de nuestro dinero, espacio y recursos naturales, pero permanecen inmóviles 95 por ciento del tiempo”. Para él, el carro compartido resuelve el afán por tener carro y, por ende, reduce el trancón.
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Pero en Colombia están en el limbo jurídico porque, al no ofrecer los servicios de transporte, si no apenas la facilidad para que clientes y conductores se encuentren, las plataformas no pueden ser reguladas por el Ministerio de Transporte.
Y el Ministerio de las Tecnologías de la Información no las regula por temor a caer en una restricción que les abra la puerta a peligrosas prohibiciones que pondrían en riesgo la libertad y neutralidad de la red.
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Es, de nuevo, la misma falta de acción que dejó proliferar el bicitaxismo y el mototaxismo y está generando competencia desleal y hasta problemas de orden público entre quienes prestan el servicio de manera legal y los que no.
Mientras tanto, en el mundo, los gobiernos les sacan ventaja a las innovaciones: Helsinki (Finlandia) busca controlar el crecimiento de su parque automotor con plataformas que estimulen el carro compartido; México les cobra impuestos para reinvertir en transporte público y en São Paulo (Brasil) están por aprobar un cobro por congestión a los carros que operen con Uber.
NATALIA GÓMEZ CARVAJAL
Subeditora de EL TIEMPO
En Twitter: @nataliagoca
