Luego de conocer el fallo de la Corte Constitucional que le ordena al centro comercial GranSan (en San Victorino) a disponer todo lo necesario para la locomoción de personas en situación de discapacidad, el gerente, Yansen Estupiñán, le dijo a EL TIEMPO que las obras ya van adelantadas.
El fallo de tercera instancia obliga a que en un año el GranSan “diseñe en forma definitiva un plan específico que garantice el derecho fundamental del accionante y de la población en situación de discapacidad a la accesibilidad y a la libertad de locomoción”. El alto tribunal da como plazo último dos años para las obras.
Estupiñán dice que ya funcionan dos ascensores y que una brigada de 12 personas les colabora a las personas discapacitadas. “Por fortuna nunca hemos tenido ningún problema con los comerciantes en situación de discapacidad. Les prestamos apoyo. Lo que más preocupa son las zonas de espacio público, porque tenemos que tener el visto bueno de las autoridades distritales y al mismo tiempo cumplir la orden de la Corte”, afirmó el gerente.
La gerencia agrega que los andenes de la carrera 11 los va a entregar antes de diciembre; la adecuación de los de la carrera 10.ª se inician en enero del 2017. Entre tanto los de la calle 10.ª ya están adecuados para personas en situación de discapacidad y en la calle 9.ª se realizan trabajos, aunque por este costado no hay ingreso.
La tutela fue interpuesta por Augusto Suárez, comerciante que tiene un almacén de ropa en Suba. En medio de un atraco en Galerías, lo atropelló un taxi que lo dejó por un tiempo en silla de ruedas. Las cosas se le complicaron porque Augusto acude a los madrugones del GranSan, a comprar al por mayor.
Hoy, dos años después de su fatídico accidente ocurrido en septiembre del 2014, Augusto anda con muletas. No deja de ir a los madrugones del GranSan a comprar ropa: ese es su sustento, el de su esposa y sus hijos de 9 y 15 años de edad.
Lo que más se le dificulta es el ingreso a ese centro comercial ubicado en la calle 10 con carrera 10.ª. Cuando estaba en silla de ruedas tenía que acudir a los buenos corazones para que lo alzaran y lo subieran seis pisos.
La Corte obliga a que de forma inmediata el lugar “adopte las acciones temporales que resulten adecuadas y necesarias para permitir el ingreso y movilidad de estas personas en sus instalaciones, sin obstáculos ni cargas excesivas”. El fallo protege los derechos a la igualdad, al trabajo y a la libertad de locomoción, entre otros.
Estupiñán señala que las obras no se adelantaron a tiempo porque cuatro copropietarios de locales donde se instalará el ascensor “molestaron” a través de medios legales con el fin de no permitir los trabajos. Y sobre las obras en las zonas públicas externas, señala que el Distrito no le facilitó las cosas.
Para las obras, Estupiñán sostuvo que cuentan con 2.000 millones de pesos.
BOGOTÁ
