Captura de una juez frena millonario pago de la ANI

Captura de una juez frena millonario pago de la ANI

Norella Acosta es señalada de inflar siete veces el valor de un predio en el Valle.

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14 de junio 2016 , 09:30 p. m.

La Policía y el CTI capturaron este martes a la juez segunda civil del Circuito de Buga, Norella Acosta Tenorio.

Interceptaciones telefónicas enredan a la curtida abogada en un millonario pleito que estaba a punto de obligar a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a pagar 33.000 millones de pesos por la expropiación del predio conocido como El Parador de Buga.

Según la investigación, revelada por EL TIEMPO en diciembre, la jueza habría incidido en el avalúo del bien, clave para terminar la malla vial del Valle.

Aunque la Lonja del Valle lo había tasado en 2.100 millones de pesos, la jueza designó a un perito, quien determinó que el parador valía siete veces más: 16.864 millones de pesos. Sin embargo, con intereses, el ‘taxímetro’ va en 33.000 millones de pesos.

“La jueza decretó la expropiación del bien en un valor muy superior al precio real o comercial, lo cual puede considerarse como un detrimento patrimonial al Estado, por 40.000 millones de pesos. Un primer avaluó indicaba que valía dos mil millones (...). Hoy, el Estado tiene que pagar unos 40.000 millones de pesos”, dijo el fiscal (e) Jorge Perdomo.

La supuesta manipulación del avalúo beneficiaba a los herederos de los dueños del parador, entre ellos Carlos Andrés Grajales, contra quien también se libró orden de captura.

En el expediente hay varias comunicaciones entre la jueza y Grajales, en las que esta le advierte de la visita de la Fiscalía y de la posibilidad de que interpusieran recursos para frenar el millonario pago.

La jueza negó a EL TIEMPO cualquier hecho irregular y aseguró que actuó en derecho y que altos tribunales han confirmado sus actuaciones. Grajales también rechazó cualquier sindicación y recordó que fue absuelto por los delitos de concierto para delinquir y documento falso.

Ambos deberán responder por prevaricato, cohecho y concusión. Además, se investigan las circunstancias que rodearon la muerte de la persona que denunció el caso.

El exfiscal Mario Iguarán venía cobrando los 33.000 millones de pesos como apoderado de una parte de la familia Grajales. Al respecto, advirtió que él representa, entre otros, a Cruz Helena Patiño Grajales, quien había denunciado las irregularidades por las que ahora se procesa a la jueza. Además, que llegó al proceso hace 6 meses cuando se ganó una tutela en la que la Corte Constitucional ordenaba el pago.

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