Las paradojas de la adopción en Colombia

Las paradojas de la adopción en Colombia

El mecanismo afronta problemas como la tardanza en declarar que un menor pueda ser adoptado.

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14 de junio 2016 , 07:55 p.m.

Para ubicarnos en el tema, tengamos en cuenta que la adopción es una medida de protección por la cual se establece de manera irrevocable una relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.

Involucra a menores que tienen sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados y sus familias nucleares y extensas no son aptas para quedarse con ellos, o no son conocidas.

El marco legal de la adopción en Colombia está consagrado principalmente en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención de la Haya en materia de protección y la cooperación en adopción internacional, la Constitución Nacional, el Código Civil y el Código de Infancia y Adolescencia. (Lea también: Así es la campaña que busca aumentar adopciones de menores colombianos)

El procedimiento

¿Quiénes pueden ser adoptados? Los menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad, los que tengan consentimiento de sus padres y los mayores de 18 años que han convivido con los adoptantes por lo menos desde 2 años antes de cumplir los 18 años.

¿Quiénes pueden adoptar? Las familias monoparentales, heteroparentales y homoparentales. ¿Las familias con hijos pueden adoptar? Sí. ¿Qué particularidad existe para los colombianos? Tienen prelación frente a los extranjeros.

Los actores oficiales que intervienen en el proceso administrativo y judicial son el ICBF como autoridad central, un defensor de familia, que decide sobre la adoptabilidad del menor cuando esta es la última medida posible para proteger sus derechos; un juez de familia, que decreta la adopción mediante una sentencia, y un procurador delegado para la familia, que garantiza que prime el interés superior del menor.

El proceso que puede llevar a la adopción de un menor comienza con una etapa administrativa que busca el restablecimiento de sus derechos. El defensor de familia, junto con un equipo interdisciplinario, toma medidas provisionales para su protección, estudia detenidamente su problemática y, si encuentra que no puede tener una vida digna junto a su familia biológica, declara su adoptabilidad mediante resolución.

Es importante saber que el factor económico no es razón para declarar la adoptabilidad. Cabe anotar que la actuación del defensor se circunscribe dentro del debido proceso y está llena de garantías, inclusive pasa a manos de un juez cuando siquiera hay visos de oposición, para que la confirme o se la devuelva al defensor y este la subsane. En firme la resolución, el menor es asignado a una familia previamente aprobada y se procede con una etapa judicial: aquella en la que un juez decreta la adopción.

Vale la pena saber que los documentos y actuaciones administrativas y judiciales de la adopción en Colombia tienen reserva legal por 20 años, en aras a la protección de la intimidad del menor y de los adoptantes. Esto último explicaría por qué cuando el ICBF ha sido calumniado no ha revelado la verdad.

El problema

A pesar de las garantías del proceso, a partir de mi experiencia puedo decir que la adopción afronta serios problemas, como la morosidad para declarar la adoptabilidad de un menor y proponerlo en adopción, la inseguridad jurídica y la larguísima espera que padecen los adoptantes. A continuación presentaré brevemente en qué consisten estos problemas y los ilustraré con algunos ejemplos reales (con nombres ficticios). (Además: En qué está la adopción en Colombia)

La morosidad

El primer problema, la morosidad, consiste en que pasan varios años antes de que un menor sea declarado adoptable a pesar de que, según la normatividad, el defensor debe resolver la adoptabilidad en 4 meses o a lo sumo 6 si se concede un plazo adicional. Por esta morosidad, ¡sucede que los menores crecen hasta que llegan a ser de difícil adopción!

Veamos el siguiente caso: en 2010, María de 2 años y su hermano José de 5 vivían en la calle en medio de la violencia, la prostitución y el maltrato. Por fortuna, el ICBF los rescató y, en 2012, hizo lo mismo con Juan, un tercer hermano, que tenía 1 año de edad. Pero luego, los tres menores fueron reintegrados ¡en cuatro ocasiones! a sus progenitores y familiares. ¿Acaso estas personas eran dignas de tantas oportunidades? ¿Acaso no se puso en riesgo reiteradamente la integridad de los niños y se afectó su bienestar? Por fin, en 2014, los hermanos fueron declarados adoptables. Pasaron ¡4 años! desde que el ICBF los rescató inicialmente. Dos años más tarde, en 2016, María y Juan fueron asignados para su adopción a una familia extranjera.

En total, pasaron entonces ¡6 años! desde que María y José fueron rescatados por el ICBF.

Este último, tristemente, no pudo ser asignado por su condición mental y por consiguiente no puede ser adoptado.

La inseguridad jurídica

El segundo problema, el de la inseguridad jurídica, se presenta en la etapa judicial. Resulta porque el juez o el procurador pueden actuar de formas sorprendentes que no tienen sustrato jurídico o no corresponden a sus funciones.

En lo que al juez concierne, a veces pone en tela de juicio todo el proceso administrativo previo que culminó con una resolución de adoptabilidad en firme emitida por el ICBF. Llega incluso a anular dicha resolución o a negar la adopción, sin contar con un fundamento legal.

Así sucedió en este caso: Ana de 3 años y Margarita de 12 días eran mantenidas día y noche por las calles con Diana, su progenitora. La comisaría de familia y la inspección de Policía iniciaron entonces el proceso de protección, consiguiéndoles vivienda, alimentación y asistencia social. (Lea también: Once mil niños)

Dado que la familia de estas niñas se reducía a Diana, que fue diagnosticada médicamente como no apta para cuidar menores, y a una abuela, que se encontraba pagando una pena de prisión por homicidio, dos años después ellas fueron declaradas adoptables y un año más tarde fueron asignadas para su adopción a una pareja extranjera.

Todo iba relativamente bien hasta que el juez, después de admitir la demanda por haberla considerado conforme a derecho, hizo y deshizo para no conceder la adopción. Revivió muchas actuaciones ya realizadas por el ICBF dentro del proceso administrativo, incluyendo buscar a Diana para una entrevista (todo esto mientras Ana y Margarita ya se encontraban con la pareja extranjera formando fuertes lazos afectivos). Durante la entrevista, el juez le preguntó a Diana si, en caso de que el Estado le diera “casa, carro y beca”, ella se quedaría con sus hijas. Esta respondió que lo que prefería era que el ICBF las tuviera hasta que cumplieran los 18 años y después las soltara.

Frente a esta respuesta, cualquier persona en su sano saber y entender habría concluido que la mejor decisión en favor de las menores era decretar la adopción. Sin embargo, ¡el juez anuló la resolución de adoptabilidad del ICBF, con lo cual llevaba al fracaso la adopción! Se recurrió entonces a un tribunal superior para que estudiara el caso. Este ratificó la validez de la resolución de adoptabilidad y dispuso además que el juez dictara sentencia.

No obstante, en lo que podría considerarse un desacato al superior y un hecho insólito, ¡el juez dictó sentencia pero negando la adopción! Nuevamente se recurrió al tribunal superior y este, desvirtuando otra vez los argumentos del juez, procedió a conceder la adopción. Todo este proceso, que normalmente ha de durar como máximo 2 meses, duró 1 año, tiempo durante el cual los adoptantes permanecieron en Colombia con las niñas en medio de una cruel incertidumbre.

Cabe mencionar que este mismo juez ya había actuado así en casos previos y sus providencias habían quedado en firme por no considerarse apelables, obligando a separar los niños de los adoptantes y reintegrándolos al sistema de protección.

Por fortuna, en esta ocasión se consiguió abrir paso hasta el tribunal superior a sus infundadas decisiones. Tampoco sobra señalar que, aunque parezca increíble, se ha visto que cuando un juez de familia acoge de plano la resolución de adoptabilidad y le imparte al proceso la prelación legal que corresponde es cuestionado por la Procuraduría, lo que correspondería a los jueces morosos y a los que desbordan sus facultades.

La inseguridad jurídica en lo que concierne al procurador resulta de que a veces este revive, durante la etapa judicial y saliéndose de sus funciones, actuaciones y decisiones del proceso administrativo –que estaba superado– en las que él mismo participó y que él mismo aprobó.

Este fue el caso con Mario, un menor de 7 años. Ya en el proceso judicial, el procurador hizo citar al juzgado a Juana, su progenitora, quien lo abandonó a los dos años de edad. Inexplicablemente, buscaba que ella se opusiera a la adopción, pese a que nunca compareció durante el proceso administrativo ni demostró durante tantos años el más mínimo interés por su hijo.

¿Estaba el procurador favoreciendo al menor? Para Mario, su progenitora era una desconocida y, además, ya había creado lazos afectivos con una pareja de adoptantes a quienes llamaba “papá” y “mamá”. La concurrencia de Juana al proceso judicial generó mucha incertidumbre hasta cuando el juez, ¡por fortuna para Mario!, concedió la adopción.

La espera

El tercer problema, la larguísima espera para poder adoptar, se ve reflejado en las cifras del ICBF: a marzo 31 del 2016 había 2.156 familias en lista de espera, de las cuales 274 residen en Colombia y 1.882, en el exterior. Todas ellas, sobre todo si son extranjeras, usualmente esperan alrededor de 6 años desde el momento en que son aceptadas para adoptar hasta el momento en que les asignan un menor. ¡Algunas lo vienen haciendo incluso desde 2006! Esta espera está llena de incertidumbre y frustración; muchas familias terminan renunciando a este proyecto de vida que significa para ellas adoptar.

Cabe anotar que, en junio del 2013, el ICBF suspendió la recepción de solicitudes de familias extranjeras residentes en el exterior para adoptar niños sanos de 0 a 6 años. Se esperaba que las solicitudes que estaban en lista de espera en ese momento se tramitaran con relativa celeridad. Sin embargo, este no ha sido el caso.

Actualmente el ICBF, con organismos internacionales que colaboran con el programa de adopción, está promoviendo la adopción de niños con características y necesidades especiales (3 o más hermanos; 2 hermanos, uno mayor de 10 años; tener 10 años o más; tener discapacidad física o mental; tener enfermedad que demande atención especializada). Quienes generalmente los adoptan son familias extranjeras. Si no fuera por ellas, muchos menores se quedarían sin hogar.

El proceder que se evidencia en los casos expuestos es solo una pequeña muestra de lo que ocurre; creo que los actores oficiales están llamados a hacer un acto de contrición.

¿En dónde están los niños adoptables a cargo del ICBF? ¿Porqué hay familias aprobadas esperando incluso desde el 2006? ¿Será que en este país ya no hay niños desvalidos que necesitan ser adoptados?

Lo paradójico de la adopción en Colombia es que, sin duda alguna, miles de menores necesitan ser dados en adopción, miles de personas esperan formar una familia con ellos, y sin embargo las adopciones están prácticamente estancadas.

La adopción en Colombia debería ser una política de Estado para que todos nuestros niños puedan tener una familia digna. Para terminar, quisiera compartir lo que me dijo un niño de 8 años recientemente: “Estoy muy feliz con mis nuevos padres y hago de cuenta que nací cuando me encontré con ellos; la vida pasada para mí no existió, fue como una película fea”.

olga.bervel@gmail.com

OLGA MARÍA VELÁSQUEZ DE BERNAL*
Especial para EL TIEMPO

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