Las corporaciones autónomas regionales, las autoridades encargadas de velar por la protección y cuidado del medioambiente en las regiones del país, fueron señaladas por la Contraloría General de la República de inoperantes y con serios problemas de eficacia en sus labores de control ambiental.
En un reciente comunicado, la Contraloría asegura que, según auditorías realizadas en el segundo semestre del 2015, un porcentaje de estas autoridades fallan en el cobro de las licencias ambientales, tienen una débil gestión de cobro de las multas y hay ausencia de sanciones efectivas a los infractores, entre otras deficiencias.
Ante las acusaciones, Ramón Leal, director de Asocars, la organización que las reúne, explica que estos hallazgos de la Contraloría no son faltas como tal y que corresponden al periodo del 2014.
En entrevista con EL TIEMPO, Leal explicó que parte de las dificultades para el cobro de tasas se debe a problemas en la reglamentación. “Por ejemplo, el cobro de la tasa de agua es tan bajo que muchas veces es más costosa la gestión que hay que hacer para cobrarla”, explica.
Insistió que no se puede descalificar la gestión por unos problemas puntuales y recordó que en casos tan polémicos como el del otorgamiento de la licencia ambiental para la exploración petrolera en La Macarena o las advertencias a las sanciones en el proceso de llenado de la represa El Quimbo, fueron Cormacarena y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), respectivamente, las que a través de estudios técnicos advirtieron del daño ambiental a las autoridades nacionales.
Leal aseguró que, aunque se estime que el presupuesto de estas corporaciones asciende a los 2,4 billones, la realidad es que no todas reciben los mismos recursos, debido a que por ejemplo la CAR Cundinamarca y otras corporaciones asociadas a grandes capitales captan más dineros que otras como las de La Mojana o el Sur de Bolívar, donde el presupuesto es mínimo.
“Para equilibrar esta diferencia se creó un fondo de compensación que ayuda a financiar los recursos de las que menos reciben”, precisó.
Leal también llamo la atención sobre la importancia de que efectivamente la autoridad ambiental se ejerce con personal en terreno, por lo que los gastos de las corporaciones se destinan en gran medida para su funcionamiento. “Hay que fortalecer las plantas de personal para que se pueda vigilar y hacer cumplir la autoridad ambiental”.
El directivo explicó que en las corporaciones buscan un diálogo con la Contraloría y que de manera individual cada institución presentará las justificaciones de los hallazgos.
Redacción Medioambiente
