El país está de plácemes. Y no es para menos. El pasado 9 de junio se anunció el tercer desembolso de la primera ola del programa vial de cuarta generación 4G. Se trata del proyecto Pacífico I (Ancón Sur-Bolombolo), que demandará recursos cercanos a $ 2,3 billones. Tan buena noticia se suma a los desembolsos ya hechos realidad en las iniciativas Pacífico III y Perimetral del Oriente.
Ahora, ¿en qué van los cierres financieros de los proyectos restantes del programa 4G? Para responder, vale la pena aclarar que los cierres son la estrategia de financiamiento que define el concesionario con sus acreedores, de acuerdo con las particularidades de cada proyecto.
A diferencia de lo que muchos creen, el cierre financiero no necesariamente se da cuando hay desembolso: ocurre en el preciso instante en que los concesionarios presentan a la ANI las certificaciones con el respaldo de los financiadores del proyecto. Es decir, no hace falta tener el cheque en la mano para hablar de cierres. Así lo dice el contrato.
No obstante la buena marcha del programa, vale la pena advertir que hay vacíos en la ley de infraestructura, que de ser solucionados permitirán que la fase de construcción de los proyectos se adelante sin mayores tropiezos. Por ejemplo, los tiempos determinados en la ley para la expropiación administrativa o judicial de los predios resultan difíciles de cumplir, por la reducida capacidad operativa de las entidades que intervienen en dicho trámite.
Estos vacíos se hicieron evidentes durante las negociaciones que adelantan financiadores y concesionarios, para determinar la banqueabilidad y la estrategia de los cierres financieros de los proyectos.
No cabe duda de que el programa 4G se convirtió, a la postre, en la prueba ácida de dicha ley, expedida en el 2013, la cual fue pensada con el propósito de solucionar los principales problemas asociados a la fase de construcción de las vías.
En aras de resolver los temas anteriores, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y Asobancaria adelantan un juicioso análisis que se refleja en propuestas constructivas al Gobierno, para superar la problemática que aún subsiste en los asuntos prediales, ambientales y redes de servicios públicos.
Contrario a la tradición santanderista del país, los problemas evidenciados en la ley no necesariamente se solucionan con el trámite o la expedición de nuevas normas, sino con simples ajustes de carácter institucional y operativo.
Todo lo anterior, sin dejar de mencionar los inconvenientes que acarrea la inexistencia de la ley de consulta previa con las comunidades. Sin esta norma, la administración del riesgo asociado a la consulta se rodea de muchas incertidumbres que hacen complejo para las partes su mitigación. No sobra recordar que en el despacho del Ministro del Interior reposa un proyecto sobre la materia, sin que el Gobierno haya avanzado en la decisión de someterlo a consideración del Congreso de la República.
JUAN MARTÍN CAICEDO F.
Presidente de la CCI
