Uribe acertó al acuñar el lema de ‘seguridad democrática’. Ese término evoca tres contenidos importantes: 1) Que las democracias deben defenderse de quienes quieren acabar con ellas (llámense Farc, Eln o Estado Islámico); 2) Que los ciudadanos deben exigir que el Estado democrático garantice su seguridad en cualquier parte del territorio nacional; 3) Que el Estado debe garantizar la seguridad ciudadana por métodos democráticos (sin acudir a torturas o desapariciones).
En Colombia se han desconocido estos tres principios. Por mucho tiempo se ha tolerado el control territorial de grupos criminales en áreas de nuestras ciudades (como en el ‘Bronx’ y, hace unos años, en las comunas de Medellín) y en amplias zonas rurales del país, como aún ocurre en el Catatumbo. Y hubo una época en la cual las desapariciones o torturas de presuntos violadores del orden público tenían sanción oficial, bajo el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y altos mandos toleraban masacres como la de Mapiripán.
Hay quien sostiene que la obligación de defender los derechos humanos ha hecho perder efectividad a la acción militar contra la insurgencia. Por el contrario, gracias al cumplimiento de esa obligación constitucional, el Ejército y la Policía ganaron mucho en legitimidad y, en consecuencia, en efectividad. Esto no significa que no se hayan cometido errores, o incurrido en excesos, al condenar a oficiales de la Fuerza Pública. Es, por supuesto, necesario estar vigilantes para que no se vulneren sus derechos.
Pero tan grave como el abuso de la Fuerza Pública es no usarla para proteger la vida y los derechos de los ciudadanos. Los recientes gobiernos distritales no se consideraron responsables de proteger los derechos de quienes eran abusados en el ‘Bronx’. Y ni las autoridades nacionales ni las regionales parecen considerarse plenamente responsables de proteger los de quienes viven, trabajan o transitan en áreas como el Catatumbo. Aun hoy, no falta quien diga que las víctimas tienen la culpa de que las violen, secuestren o maten por arriesgarse a transitar por las calles de su ciudad o por algunas zonas del territorio colombiano, como ocurrió recientemente con la brutal violación de Rosa Elvira Cely y con el secuestro de Salud Hernández-Mora y los reporteros de RCN.
No sería aceptable que por buscar que el Eln se siente a negociar, el Estado deje de actuar con toda su fuerza en el Catatumbo. Como no lo fue que, supuestamente por ‘razones sociales’, los tres últimos gobiernos distritales hubieran tolerado el infierno del ‘Bronx’. Hay que aplaudir la forma decidida y competente como la alcaldía Peñalosa y la Policía finalmente lo desmantelaron, y cómo están precaviendo que no se reproduzca en otra zona de la ciudad.
Por lo anterior, preocupa lo que podría suceder con un cese bilateral del fuego, como el que se anuncia, antes de que se suscriba un acuerdo final con las Farc y estas comiencen a concentrarse en las áreas de desmovilización que se convengan. El Informe reciente de la Misión de la OEA de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia demuestra que las Farc siguen cometiendo toda suerte de abusos en sus zonas de influencia. Si hace dos semanas escuchamos al Presidente y su Ministro de Defensa decir que Salud Hernández estaba “trabajando” en la zona, o que no había evidencia de que hubiese sido “retenida”, tratando de salvaguardar una ilusa negociación con los bárbaros del Eln, ¿qué puede ocurrir con un cese del fuego prematuro en áreas donde coinciden las Farc con el Eln y las ‘bacrim’? ¿Se cruzará de brazos la Fuerza Pública, dejando a la población desamparada, para evitar a toda costa que las Farc digan que el Gobierno violó el cese?
P. S.: el triunfo de PPK garantiza que el Perú siga por una senda de crecimiento y profundización democrática.
GUILLERMO PERRY
