Fiscalía señala que juez de tierras haría parte de red de corrupción

Fiscalía señala que juez de tierras haría parte de red de corrupción

En audiencia destapan cartas contra funcionarios de la rama judicial en Villavicencio.

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10 de junio 2016 , 07:06 p.m.

El juez 37 de Bogotá legalizó  la captura del juez segundo especializado de restitución de tierras de Villavicencio y otros tres funcionarios señalados de cobrar dinero por favorecimiento de fallos a particulares que disputaban el control de amplias extensiones en el Llano, las cuales estaban en pleito por denuncias de despojo.

El juez del caso consideró que durante la captura realizada el jueves en Villavicencio la Fiscalía y el grupo anticorrupción de la Dijín de la Policía respetaron los derechos fundamentales de Carlos Augusto Moreno Acevedo, juez segundo especializado, Ana María Arias Trujillo, exasistente del despacho; el notificador Humberto Trujillo Sandoval, y Rigaúl Sanclemente Cardona, funcionario del Juzgado Tercero Especializado. (Vea también: Señalan a juez de tierras de negociar procesos a cambio de dinero).

Ellos, según la investigación, hacían parte de una red de corrupción que ofrecía a particulares sus servicios para agilizar procesos de restitución de tierras y fallos favorables a cambio de sobornos.

Durante la audiencia de legalización el fiscal del caso cuestionó que los capturados habían establecido “un nido de corrupción” para lograr beneficios económicos.

Incluso, Ana María Arias fue capturada en un centro comercial de Villavicencio cuando recibía 15 millones de pesos como anticipo de un soborno de 100 millones que habían acordado.

El dinero, según argumentó la Fiscalía en la audiencia pública, lo habían pedido a un ganadero para conservar sus tierras que eran reclamadas por campesinos que aseguraban haber sido sacados a la fuerza de sus terrenos.

El director de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, Iván Fernando Lombana González, aseguró que los capturados tendrán que responder por los delitos de concusión y prevaricato por acción.

Hace apenas una semana se recibió la primera denuncia y se logró avanzar rápidamente hasta judicializar a las personas que estarían involucradas en esta red de corrupción”, dijo Lombana.

Un ganadero denunció a las autoridades el ofrecimiento que le habían hecho para que el juzgado no dictara medidas cautelares sobre una propiedad de 1.800 hectáreas en Cumaribo (Vichada) y garantizar un fallo positivo a sus intereses.

En el expediente también aparece el supuesto cobro a la comunidad indígena Sikuani de Vichada. A ellos les habrían pedido 200 millones para recuperar los predios reclamados.

REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS

 

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