Una demanda, que cursa ante el Consejo de Estado y pide la derogación de la resolución que incorporó el acuerdo general sobre las conversaciones de paz de La Habana, fue aceptada para estudio por el alto tribunal, pero sin que se diera de antemano la suspensión provisional de dicha resolución como lo pedía el demandante.
La demanda, interpuesta por el ciudadano Tomás Javier Oñate, pide que se anule la resolución 339 del 2012 bajo el argumento de que desde el inicio de los diálogos de paz de La Habana “las Farc continuaron cometiendo actos violentos, según noticias publicadas por los medios de comunicación”. También sostiene que el Presidente al dejar por fuera de las negociaciones con las Farc a la guerrilla del Eln, desconoció "los mandatos constitucionales que lo comprometen como mandatario con la protección de los derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia".
La magistrada ponente, María Elizabeth García González, encontró que en la demanda no se logró sustentar la supuesta violación a la Constitución Política, por lo que decidió negar la suspensión provisional o medida cautelar que se solicitaba.
El próximo 7 de julio se realizará la audiencia inicial del proceso en la que comparecerán el demandante, el apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación.
Esta demanda fue objeto de debate recientemente cuando el Consejo de Estado se negó a enviar un concepto a la Corte Constitucional sobre la demanda interpuesta por el exfiscal Eduardo Montealegre contra la misma resolución que cursa en esa Corte.
Aunque en su momento se habló de un posible conflicto de competencias entre las cortes para dar respuesta a esas demandas, finalmente el Consejo de Estado que no se dio tal conflicto porque los dos procesos tienen actores diferentes, varían en sus pretensiones y se apoyan en motivos distintos contra la resolución.
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