Procesos judiciales de las falsas VIP no avanzan

Procesos judiciales de las falsas VIP no avanzan

En 2015 fueron denunciados cinco proyectos de construcción. En Medellín hay más de 20.000 víctimas.

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10 de junio 2016 , 09:52 a.m.

Después de un divorcio y con el dinero de la pensión, Amparo Rodríguez compró un apartamento por medio de un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), programa del Gobierno Nacional que asigna subsidios a las familias más pobres para la adquisición de una casa.

De la constructora privada, Promotora Amiga, cuyo representante legal es Ignacio Galeano Arango, le dijeron que debía pagar por adelantado un 30 por ciento del total del valor del proyecto, casi 42 millones de pesos. El proyecto sería entregado en el 2013, un año después, y en ese momento tendría que pagar otro porcentaje.

De eso han pasado tres años, pero ni ella ni otras 92 familias afectadas por el incumplimiento del proyecto urbanístico Mirador del Diamante, en el sector de Robledo, han recibido los apartamentos.

La construcción de la edificación de 28 pisos paró hace tres años debido al vencimiento del permiso o licencia de construcción, que es otorgado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Según el concejal Bernardo Alejandro Guerra, que ha denunciado las falsas Viviendas de Interés Prioritario, de 144 proyectos licenciados para viviendas de interés prioritario 61 fueron denunciados en el 2012, ante la Fiscalía General de la Nación por Planeación.

En el 2015 la Secretaría de Gestión y Control Territorial también denunció otros seis proyectos que tienen irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones. Estos son: Torre Berlín, Mirador del Jardín, Mirador de Nogales, Torre Diamante 1, Torre Diamante 2, Mirador del Diamante (del constructor Ignacio de Jesús Galeano) y Aires de Laredo, de la constructora Laredo Michuacan.

Sin embargo, solo dos de estos casos han sido investigados por la Fiscalía Nacional y judicializados. Uno de estos es el de Pedro Alonso Arenas Cárdenas, uno de los precursores de la estafa en masa, la urbanización ilegal y la captación ilegal de recursos en la ciudad.

A Arenas le impusieron una condena de 11 años y cinco meses de prisión.

En enero de este año, el juez Séptimo de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra directivos de la empresa constructora Contacto Legal por los delitos de estafa en masa y gestión de urbanización ilegal.

Dicha medida cobijó a Miltón Dummar Téllez Sanabria, Paula Andrea Gómez Quintero y Teresita Mejía que habían sido denunciados por representantes de las 234 familias que fueron estafadas.

Los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) o de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) -aseguró Guerra- que están por fuera de los desarrollados por la Alcaldía, deben cumplir con las normas urbanísticas de los polígonos -incluida la densidad- y las viviendas deben tener un tamaño mínimo de 45 metros cuadrados para VIP, y un parqueadero por cada 10 viviendas.

En el caso de El Diamante ninguna de estas normas se aplica, pues según Galeano, el apartamento que ella compró tenía casi 80 metros cuadrados, el edificio constaba de tres pisos de solo garaje y el costo de la vivienda era de 80 millones de pesos, un porcentaje alto para tratarse de este tipo de proyectos.

“En Planeación me dijeron que la VIP no puede pasar de 70 salarios mínimos, no se pueden realizar ampliaciones de los inmuebles y los compradores no están obligados a pagar prima de altura y yo la pagué. Además, esa constructora nunca tuvo permiso para vendernos el proyecto”, explicó la mujer.

El concejal Guerra señaló que como la familia Galeano en la ciudad hay 20.000 personas que han sido estafadas por constructoras y que deben afrontar procesos judiciales que podrían demorar años.

“Muchos de estos proyectos, además de quedarles mal a los compradores, han infringido las reglas de la ingeniería, como la que tiene que ver con la sismorresistencia en el caso Space y otros proyectos de la firma constructora CDO”, dijo el concejal.

Para él, estas irregularidades se presentan porque no hay un control o vigilancia por parte de la Administración Municipal sobre los proyectos urbanísticos de VIP y VIS.

A esto se agrega, señaló Guerra, que los últimos 12 años ha habido una flexibilización en las normas con las cuales las curadurías otorgan los permisos de construcción a estas empresas que, según datos de la Alcaldía, deben más de 300 millones de pesos en obligaciones urbanísticas.

El concejal aseguró que los constructores obtienen las licencias y después se apartan de estas con el objetivo de hacer rendir los espacios, construir más apartamentos.

“Llegan a romper con las reglas de ingeniería para ahorrar dinero en materiales, pero con eso solo arriesgan la vida de las personas. Por eso, es necesario que el Estado se responsabilice por el control de las licencias y proyectos”, agregó el corporado.

Paola Inés Morales Escobar
inemor@eltiempo.com
EL TIEMPO
MEDELLÍN

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