Editorial: Para evitar el guayabo

Faltan escasos días para que termine el periodo de sesiones del Congreso, y un puñado de proyectos de ley sigue en vilo. Ese es el caso de la iniciativa que reformaría el régimen de los licores, que está pendiente de su tercer debate en el Senado.

La propuesta busca desarrollar el mandato de la Constitución que habla de contar con un régimen propio que fije las reglas de juego de un monopolio rentístico, crucial para las finanzas departamentales. A diferencia de intentos previos que cayeron muy mal en el ámbito regional, en la presente oportunidad el articulado nació de un esfuerzo de concertación que incluyó foros abiertos y consultas a las autoridades.

Debido a ello, la Cámara de Representantes le dio su bendición a la iniciativa. El motivo de fondo es que el nuevo esquema derivaría en un incremento de lo que se recauda hoy por impuestos al consumo, cuya destinación principal son la educación y la salud. No menos clave es que el monopolio sigue en cabeza de los departamentos, pero estos tendrán la facultad de ejercerlo directamente o a través de terceros, lo cual abriría oportunidades de negocios y empleo.

Defender el statu quo es una postura que responde más a razones ideológicas que al bienestar de las regiones. Quienes lo hacen hablan de que se trata de preservar las licoreras departamentales, pero olvidan que de las 24 que llegaron a existir solo sobreviven seis, pues las restantes naufragaron por culpa del mal manejo, la politiquería y la corrupción.

Más absurdo aún es decir que si se cambia el régimen tributario se desestimularía la producción nacional, cuando lo que sucede es que las cargas están pésimamente distribuidas. En el sistema vigente, el gravamen es una suma fija de 306 pesos para los licores con menos de 35 grados de alcohol y de 502 pesos para los que superan ese nivel. Debido a tal situación, el aporte fiscal de la champaña más costosa puede llegar a ser del uno por ciento de su valor, mientras que en el caso de un vino moscatel hecho aquí, asciende al 27 por ciento. En lo que atañe al whisky de alta gama y al aguardiente, dichas proporciones son del 4 y el 31 por ciento, respectivamente.

Para corregir semejante inequidad, la propuesta que hace tránsito en el Capitolio contempla un impuesto específico de 220 pesos para todos los licores, ya sean nacionales o extranjeros. Adicionalmente, habla de un tributo del 25 por ciento sobre el precio final de venta al público, aparte de un IVA general del 5 por ciento que le permite a la industria colombiana descontarlo.

El resultado previsible de lo que pasaría es que el trago más caro subiría de precio. Ante esa posibilidad, el gremio de los comerciantes se ha rasgado las vestiduras y pronostica un aumento del contrabando, desconociendo que en el proyecto hay normas tendientes a combatir ese flagelo, al igual que el de la falsificación de licores.

Lo anterior no obsta para que se examine si la propuesta de los importadores de moderar un poco ciertas cargas es procedente. Pero ese punto es menor, en comparación con los beneficios que traería contar con un esquema más justo y moderno. Hundir la iniciativa o posponerla dejaría una sensación parecida a la de un fuerte guayabo.

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