'Efecto Oneida' acabaría con 'puerta giratoria' en elección popular

'Efecto Oneida' acabaría con 'puerta giratoria' en elección popular

La prohibición busca evitar que los intereses personales se antepongan a los públicos.

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08 de junio 2016 , 08:53 p.m.

El fallo del Consejo de Estado que el martes sacó a Oneida Pinto de la gobernación de La Guajira no solo provocó un terremoto político en ese departamento.

Los alcances de la sentencia, como lo señaló este miércoles este diario, van encaminados a proscribir una de las prácticas más usuales y cuestionadas en la política colombiana: la renuncia de alcaldes y gobernadores en ejercicio para ‘saltar’ a otro cargo de elección popular. (Lea también: Las razones del Consejo de Estado para tumbar elección de Oneida Pinto)

En el caso de Pinto, ella fue elegida alcaldesa del municipio de Albania en el 2011 para el periodo 2012-2015.

Renunció en julio del 2014 y se inscribió como candidata a la Gobernación en junio del 2015, con lo cual ya se había configurado un primer ‘pecado’ en su aspiración: el incumplimiento de la veda de 12 meses entre la salida del cargo y la inscripción como candidato que rige para todos los servidores públicos elegidos por voto popular.

Pero, además, por primera vez el Consejo de Estado aplica una norma que, aunque está vigente hace más de 15 años, hasta ahora no había sido interpretada a rajatabla: alcaldes y gobernadores tienen que cumplir el periodo para el que fueron elegidos y solo pueden pensar en un cargo de elección un año después de haber terminado su mandato. (Además: Destitución de Pinto es una 'vergüenza' para algunos en Cambio Radical)

Hasta ahora, basados en sentencias de la Corte Constitucional, la renuncia durante el periodo valía para poner a andar los plazos de prohibición para inscribirse y ser elegido. Lo que determinó el Consejo de Estado es que, tras la reforma electoral del 2011, “quien ha sido electo y declarado alcalde o gobernador tiene prohibido durante los 4 años que fijó la norma constitucional como periodo del jefe de la administración territorial inscribirse a otro cargo de elección popular”. Y agrega: “La prohibición en comento se extiende por todo el periodo constitucional, independientemente de que medie o no renuncia al cargo”.

Según el fallo, es claro que las normas originales y las reformas apuntan a “evitar que los intereses personales se antepongan a los públicos, en donde los principios de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad propios de la función pública, y de las campañas electorales, priman por encima del querer de quien encarna el poder”. La Sala del Consejo de Estado señala que este espíritu fue el que llevó a la reforma del 2011, que pretendió “ejercer la corrección normativa y constitucional de una interpretación que estaba generando serias implicaciones de orden jurídico e institucional en detrimento de la democracia”.

“Es claro que, tratándose del acto electoral, es menester antes que privilegiar el derecho del elegido, propender por la protección del derecho del elector, pues en él radica el sustento democrático de nuestras instituciones”, señaló el Consejo de Estado. (También: 'Oneida no salió por haberse robado un peso sino por una inhabilidad')

La reforma del 2011 se refería específicamente a la situación de alcaldes y gobernadores y, en teoría, no debería aplicar para otros funcionarios y servidores de elección popular. Sin embargo, fuentes del Consejo de Estado admitieron que la ruta marcada por el caso Oneida Pinto abre el debate sobre la obligación de cumplir con los periodos para los cuales se fue elegido.

JUSTICIA

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