Editorial: Y las CAR, ahí

Editorial: Y las CAR, ahí

En cinco años, poco o nada ha cambiado la inoperancia en estas corporaciones.

08 de junio 2016 , 07:37 p. m.

Hace cinco años, cuando el país sufrió los estragos del fenómeno de la Niña, quedaron en dolorosa evidencia las falencias en el trabajo de las corporaciones autónomas regionales (CAR).

Entonces hubo debate y escándalo, promesas y declaraciones: había consenso respecto a que este diseño institucional para regular las cuestiones ambientales necesitaba con urgencia una reingeniería, una intervención a fondo que bien podría contemplar el fin de estas entidades. Algo que, por cierto, estuvo entonces sobre el tapete.

Mas con la retirada de las aguas que inundaron cerca de 1’600.000 hectáreas se fueron también los propósitos de atacar los males sistémicos que afectaban –y afectan– a estos organismos.

Y decimos que afectan porque el más reciente informe de la Contraloría sobre el desempeño de las CAR deja muy claro que poco o nada ha cambiado. Una revelación que inquieta, pero que alcanza a producir angustia si se mira a la luz de la proximidad de un nuevo fenómeno de la Niña, una vez más con abundantes lluvias.

De acuerdo con el ente de control, los síntomas persisten, y con la misma intensidad. Estos van desde la poco transparente contratación directa hasta numerosas e inexplicables fallas a la vista de todos en distintos procesos, sobre todo los relacionados con expedición de licencias ambientales y cobro de multas.

La bahía de Cartagena, las islas del Rosario, el río Bogotá –en el que, es justo reconocerlo, se ven ya algunos avances en materia de adecuación hidráulica, aunque falta– e innumerables ríos y páramos muestran hoy un triste semblante que podría ser más alentador de haber pasado de las palabras a los hechos el propósito de transformar las corporaciones.

Esto claramente no ocurrió. Y hoy, dichas corporaciones, que en total tienen a su cargo 2,4 billones de pesos, siguen cooptadas por políticos. Tal situación mucho ayuda a que su funcionamiento esté más sintonizado con la milimetría política de los caciques y gamonales locales que con el objetivo de administrar el medioambiente y los recursos naturales renovables. Esto incluye el desarrollo sostenible de las regiones y velar para que las distintas actividades que se realizan en el territorio no terminen afectándolo hasta el punto de aumentar el riesgo y la vulnerabilidad de quienes lo habitan. Todo esto, en teoría, siempre con criterios técnicos y científicos.

Lo paradójico es que su rol para garantizar un mejor país para las próximas generaciones es cada vez más central. Sea porque fallos como el de la Corte Constitucional sobre la minería en los páramos les otorgan nuevas responsabilidades, o por el simple hecho de que el cambio climático es una realidad.

Y es que no se puede perder de vista el hecho de que Colombia es uno de los países que con mayor intensidad sentirán sus manifestaciones. Ello obliga a contar con instituciones fuertes, eficientes y eficaces –blindadas, de nuevo del tejemaneje político– que lideren la adaptación a las nuevas realidades del territorio. A sabiendas de que los valores de la democracia son el soporte ideal de la gestión ambiental.


editorial@eltiempo.com

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