Autorreforma, ahora o nunca

Autorreforma, ahora o nunca

La opción es autorreformarse o dejar que una constituyente sin brújula se ocupe del tema.

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08 de junio 2016 , 05:18 p.m.

Una gran responsabilidad recae sobre los hombros del Poder Judicial. Los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el resucitado Consejo de la Judicatura son juristas de muy altas calidades que enfrentan un desafío histórico: autorreformarse antes de que, gracias al desprestigio de la justicia, llegue una constituyente que borre lo que hasta ahora conocemos.

Son ellos quienes tienen en sus manos la llave para cambiarle el rumbo a un poder público sumido en una crisis severa. La peor de los últimos años. Porque los males del sistema van más allá de la crisis del Poder Judicial, pero allí tienen una de sus causas más eficientes.

Solo el Poder Judicial puede frenar una constituyente y dejar sin argumentos a quienes sostienen que se bloquearon las vías de reforma y no queda otra que convocar esa asamblea para meterle un bisturí impredecible a la Rama Judicial. También para demostrar que sí es reformable y que la Corte Constitucional no es el monstruo retardatario que quieren fabricar sus detractores de antaño.

El Poder Judicial sabe que una eventual constituyente une al Centro Democrático y a las Farc. Y ese instrumento de reforma es hoy una idea inconveniente, incierta, inoportuna e ineficaz para conseguir los cambios que se requieren. La justicia no necesita de más cirugías constitucionales en la cúpula, sino de una sumatoria de voluntades políticas que no deje en el camino a magistrados, jueces, facultades de derecho y académicos, como convidados de piedra. La justicia del futuro es aquella que surgirá de la base, de lo rural y lo regional, para arraigar una cultura de la legalidad, hoy deficitaria en nuestra sociedad.

Una constituyente modelo 2016 no lograría jamás el consenso político alcanzado en la de 1991. Las Farc, con su exigua popularidad, no tienen la capacidad de elegir en las urnas, como lo hizo el M-19, una fuerza decisiva que impida que la derecha hunda los acuerdos de La Habana. El embeleco de la constituyente les podría salir caro a ellos mismos. Y parir un engendro que le dé reversa al espíritu de la Constitución del 91.

Es el momento de que el Poder Judicial demuestre su grandeza y se reconcilie con el país. La fórmula del caído Consejo de Gobierno Judicial logró concitar toda la antipatía del Poder Judicial y estaba muy lejos de llegar a tener la altura y jerarquía de una especie de junta directiva del Banco de la República aplicada a los temas judiciales, como quiso ser presentada en un primer momento por sus defensores. El Consejo de la Judicatura tuvo en sus primeros años un brillo indiscutible, hasta cuando se dio vía libre a que políticos convertidos de la noche a la mañana en magistrados debían regir el gobierno de la justicia.

Después del fallo del miércoles pasado, es claro que la opción es autorreformarse o dejar que una constituyente sin brújula se ocupe del tema. Sería un suicidio del Poder Judicial si mete la cabeza dentro de su toga, dándole la espalda al país y encomendando su supervivencia a sus verdugos. Por ello se reclama a gritos un Gran Pacto de Estado por la Justicia que deponga los intereses particulares y corporativos y que trascienda las luchas partidistas y los propósitos politiqueros.

Una Alianza Nacional –como la propuso la Presidenta de la Corte Suprema–, pero que actúe transparentemente y no deje por fuera a nadie relevante. Puede ser la última oportunidad que le queda a la Rama antes de que venga su autoinmolación. Un examen colectivo de contrición que abrirá el camino a una justicia pronta, equitativa, eficaz y digna de confianza ciudadana.

No hay derecho. Colombia no puede mirar desde la barrera el entierro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es una bofetada a la paz.


Fernando Carrillo Flórez

@fcarrilloflorez

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