Por inoperantes, Contraloría raja a las CAR

Por inoperantes, Contraloría raja a las CAR

No cobran las multas ni sanciones a empresas por daños ambientales. Hay decenas de casos impunes.

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06 de junio 2016 , 11:02 p.m.

Las corporaciones autónomas regionales (CAR), entidades que deben jugar un papel clave en la conservación del medioambiente y que estuvieron a punto de desaparecer en el 2011 por problemas de corrupción e ineficiencia, siguen sin hacer la tarea.

Decenas de casos impunes por daños ecológicos, licencias ambientales por las que nunca se envió una cuenta de cobro, multas que jamás se cobraron y contratos sin requisitos forman parte del diagnóstico que encontró la Contraloría en casi todo el país y que habrían generado, solo el año pasado, un detrimento patrimonial de más de 3.200 millones de pesos. (Lea: Surgen nuevas críticas a las obras de recuperación del río Bogotá)

Esta cifra está muy por debajo del costo ambiental derivado de la inoperancia de las corporaciones, que, según la Contraloría, es todavía más dramática si se tiene en cuenta que estas entidades manejan un presupuesto de $ 2,4 billones.

En el primer semestre del año pasado, las irregularidades se detectaron en 19 entidades, y en el segundo semestre, en 18 de las 33 corporaciones de todo el país. Uno de los casos más graves es el de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la cual tiene la responsabilidad de descontaminar el río Bogotá. El Consejo de Estado en el 2014 les dio un plazo de tres años a las autoridades para recuperar la cuenca.

Al auditar el trabajo que esta corporación ha hecho entre el 2012 y el 2015, el órgano de control fiscal evidenció que la gestión de los recursos para la protección, conservación, saneamiento y descontaminación del río Bogotá es, a todas luces, “deficiente”.

La Contraloría encontró que las muestras que la CAR usa para analizar parámetros fisicoquímicos y biológicos del agua no tuvieron en cuenta contaminantes tóxicos como plomo, mercurio y arsénico. (Lea: 'Ciudadanos no están a favor de la megaminería o el petróleo')

Además, la Contraloría determinó que la ampliación de la planta Salitre va apenas en un 5 por ciento, la adecuación hidráulica del río Bogotá en un tramo de 68 kilómetros va en un 60 por ciento, y la formulación de 15 proyectos de saneamiento del río va tan solo en el 20 por ciento. “Los atrasos se ven reflejados en la contaminación del medioambiente, lo que incide en la salud de los habitantes, afecta las fuentes de agua, los suelos, forja la emigración de las especies y genera malos olores”. Esta es una de las cuencas más pobladas del país.

Las demoras y dilaciones (además de los efectos de la tasa de cambio) han llevado a que el proyecto que inicialmente iba a costar 971.897 millones de pesos ahora esté estimado en 1,6 billones de pesos, con un plazo hasta el 2020.

La CAR Cundinamarca tampoco cobra las tasas retributivas que las empresas deben pagar por usar el agua, el suelo, arrojar desechos y desperdicios agrícolas o mineros. También ha dejado de cobrar más de 100 millones de pesos por licencias ambientales.

Una situación similar tiene la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor). Si bien las corporaciones autónomas regionales tienen autonomía administrativa y financiera, la ley las obliga a gestionar adecuadamente los recursos para la conservación y defensa del medioambiente.

(Además: El milenario arroyo que cambiará de rumbo por una mina de carbón)

Otro de sus pecados, según la Contraloría, es la falta de objetividad en la selección de contratistas, que en el 2014 se quedaron con negocios por los 31.621 millones de pesos. “Si bien es cierto que da trámite a los procedimientos establecidos para las licitaciones públicas, se observa la reiterada adjudicación a unos mismos contratistas”, dice.

Además, tampoco cumple con la correcta expedición de facturas sobre licencias ambientales ni con el cobro de intereses moratorios en caso de incumplimientos de pagos.

La Contraloría determinó que las tarifas que cobran usan una tabla con valores menores a los vigentes. Y al estudiar el seguimiento a licencias ambientales, se evidenció que en 40 hubo irregularidades en la fecha de las visitas. (Lea: Crearán consejo técnico para ponerle lupa a las licencias ambientales)

La Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) tampoco se salva. En el 2014 incurrió en 94 irregularidades que habrían generado un presunto detrimento de $ 1.500 millones.

Y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), dice la Contraloría, no cumple con su papel de sancionar a privados. En el 2014 comenzó unos procesos de investigación por infracción ambiental y, hasta la fecha, no hay responsables ni sanciones.

Un caso es el del predio Isla Totumo, en Isla Grande, en el archipiélago de Islas del Rosario. En una visita técnica del 2012, Cardique encontró que el lote no cuenta con un plan de manejo ambiental, ni para el mantenimiento de pozas sépticas ni retiro de lodos de una planta eléctrica de la zona. A pesar de que desde esa fecha se determinó que el dueño del predio debía ser sancionado, nadie se ha responsabilizado.

Fuentes de la Contraloría afirman que las deficiencias en la mayoría de CAR se deben a que “se han convertido en entes más políticos que técnicos. A los directores lo eligen los alcaldes de turno y deben favores políticos”.

“Cuando el lago El Cisne en Barranquilla se secó, cuando se desapareció un río en Cauca, cuando el río Bogotá se convirtió en uno de los más contaminados del país, cuando se contaminan los páramos, uno se pregunta dónde está la plata que reciben las corporaciones autónomas regionales”, cuestiona una alta fuente de la Contraloría.

Bahía de Cartagena, en riesgo

La Contraloría advirtió de la presencia de sustancias riesgosas tras el dragado de la bahía de Cartagena para el proyecto de profundización y ampliación del canal de acceso.

Según análisis, puede haber mercurio, zinc y cobre “en concentraciones que constituyen factores de riesgo para la salud de las comunidades de Bocachica y Caño del Oro”. Serán las Corporaciones Autónomas Regionales las encargadas de llevar el control de estas denuncias y, de ser necesario, sancionar a los responsables.

JUSTICIA

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