Como viciado y más propio de la "Edad Media" catalogó este lunes la organización estadounidense Human Rights Watch el proceso que le sigue a la procuraduría al Senador del partido Polo Democrático, Iván Cepeda.
En una carta que le fue enviada al procurador Alejandro Ordóñez le piden que archive cuanto antes el proceso dada la ausencia de pruebas e incompatibilidad con los estándares jurídicos internacionales aceptados por el estado colombiano.
“La acusación contra el Senador Cepeda está fundada en artilugios jurídicos —como la falta de simpatía política entre Cepeda y el ex Presidente Uribe— que son más propios de la Edad Media que del siglo XXI. Estos artilugios no pueden hacer parte de ningún proceso jurídico creíble y se prestan para todo tipo de arbitrariedades y excesos”, le dijo a este diario José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta ONG y firmante de la misiva.
El caso se remonta al 2013 cuando la procuraduría inició una investigación contra Cepeda por las reuniones que este sostuvo con dos paramilitares encarcelados que acusaron al ex presidente Álvaro Uribe Vélez de tender vínculos con dichas organizaciones.
Si bien Cepeda admitió los encuentros, estos, de acuerdo con el Senador, se realizaron en relación directa con sus funciones como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que por esa época realizó varias visitas a centros de reclusión.
"En su decisión del 19 de octubre de 2015 —titulada “Evaluación de la investigación disciplinaria”, usted concluyó, como había argumentado HRW en una carta pública en 2013-, que esos encuentros, por sí solos, no constituyen una infracción disciplinaria conforme al derecho colombiano. Sin embargo, en lugar de dar por concluida su investigación, usted resolvió reorientar el objeto de la misma y sorprendentemente formuló cargos en contra del Senador Cepeda, a quien acusó de haber ofrecido beneficios a dos ex paramilitares presos a cambio de que efectuaran declaraciones falsas en contra del ex Presidente Uribe¨, dice la carta.
De acuerdo con HRW, la acusación contra Cepeda está basada exclusivamente en las declaraciones de estos mismos paramilitares.
Y aunque la procuraduría misma reconoce que pudo existir una duda razonable para eximir al Senador dadas las contradicciones entre su versión y la de los paras, el ente decidió acusarlo con tres argumentos que para la ONG son bastante rebuscados.
En la acusación la Procuraduría alega, por ejemplo, que Cepeda tuvo la ¨oportunidad¨ de pedir testimonios falsos pues se reunió con los paras de manera confidencial, y que habría tenido la ¨predisposición¨ de enlodar al ex presidente dado que Cepeda sería un “enemigo público y político” de Uribe y “es concordante que un enemigo político y público busque la forma de perjudicar (a su enemigo).
Así mismo, que Cepeda pudo tener esta finalidad pues en el pasado “dedicó buena parte de su tiempo para registrar entrevistas en las que se hicieron señalamientos contra Uribe¨.
Para HRW se trata de hipótesis inconexas y que carecen de todo argumento jurídico. Además, sostiene HRW, de llegar a sancionarlo con una suspensión de su cargo -si determina que es culpable- la Procuraduría estaría violando sus derechos políticos conforme a lo estipulado por la Convención América de Derechos Humanos.
Y cita una decisión reciente de la CIDH en el caso del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro en la que dictó medidas cautelares para evitar su suspensión alegando que una sanción disciplinaria adoptada por una autoridad administrativa, podría afectar el ejercicio de los derechos políticos de Petro y los derechos de quienes votaron por él en las urnas.
En otras palabra, que el caso de Cepeda podría correr la misma suerte que el de Petro y poner a Colombia en contravía de sus obligaciones como firmante de la Convención Americana.
SEGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
@sergom68
