Nación ya cuenta con 86 % de los predios que necesita para hacer vías

Nación ya cuenta con 86 % de los predios que necesita para hacer vías

ANI e Invías disponen de casi 33.000 bienes para construir 7.600 km. Normatividad agilizó entregas.

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06 de junio 2016 , 08:46 p. m.

La compra y entrega de predios para hacer vías, puentes, túneles y viaductos en el país ya no son un lío de marca mayor que impedía o retrasaba, como antes, el inicio o la terminación de las obras.

Hasta hace tres años, al Estado se le dificultaba disponer de la mitad y hasta una tercera parte de los inmuebles requeridos para ejecutar esos trabajos.

Hoy, la Nación, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), ha logrado que concesionarios y contratistas puedan contar al menos con 8 de cada 10 inmuebles que necesitan para empezar un proyecto vial.

Según los últimos reportes de gestión predial de la ANI y el Invías, para construir más de 7.600 kilómetros de carreteras, puentes, túneles, viaductos y rehabilitar corredores, contemplados en los 114 proyectos viales que las dos entidades ejecutan actualmente en Colombia, se deben adquirir alrededor de 38.001 predios: 31.612 por la ANI y 6.389 por el Invías.

Los predios disponibles

De los 38.001 inmuebles requeridos, el Estado ha comprado 15.012 (los tiene escriturados) y puede disponer de otros 17.981 (hay acuerdo entre dueño y Nación para la entrega del inmueble o hay promesa de compraventa).

En otras palabras, la Nación ya cuenta con 32.993 predios (86,82 por ciento del total de los requeridos), para que se puedan hacer los proyectos de infraestructura para el transporte, un porcentaje que se ha considerado récord.

Los 38.001 predios tienen un valor estimado de 2,02 billones de pesos, de acuerdo con los proyectos de estructuración y contratos. Es un costo que puede aumentar, por actualización de precios del mercado, valores catastrales o sentencias judiciales.

En trámite de expropiación hay, además, 903 inmuebles: 887 demandados por la ANI y las 16 restantes, por el Invías.

El nuevo panorama favorable que presenta la gestión predial para proyectos viales se debe a la ley de infraestructura, expedida en noviembre del 2013. Esta recortó los tiempos para la compra, proceso judicial de expropiación y entrega de predios en el país.

“En muchas ocasiones –dijo el vicepresidente Germán Vargas Lleras– los propietarios de inmuebles o franjas de terreno destinados a la infraestructura no están conformes con las ofertas oficiales basadas en los avalúos vigentes, y se inician procesos dilatorios que afectan el avance de las obras. Con la ley de infraestructura se agilizan los procesos de adquisición de estos inmuebles”.

El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Carlos Alberto García, a su vez, manifestó que esta ley “dio una gran herramienta para facilitar, sobre todo, los trámites de expropiación”.

Puso como ejemplo un predio que era indispensable para construir los accesos a un puente en el municipio de San Marcos (Sucre) que se había construido desde el 2012 y no los tenía. Pero su dueño se negó a negociar por valor con el instituto, por lo cual la entidad tuvo que interponer la demanda de expropiación.

Pasaron tres años sin que la justicia resolviera el asunto. Con la nueva ley, el Invías pudo conseguir, finalmente, que el inmueble se expropiara en el término de cuatro meses. “Ahora se podrán hacer los accesos definitivos, y el puente entrará en operación este año”, expresó García.

Los tropiezos

Concesionarios como los gerentes de Autopistas de la Sabana, Salomón Niño, y de Autopistas del Sol, Hugo Kerguelen, coincidieron también en señalar que la nueva ley ha tenido un impacto positivo en la gestión predial para infraestructura del transporte.

Sin embargo, ni la Nación ni las firmas constructoras pueden contar con el ciento por ciento de los predios, porque hay hechos que aún dificultan su entrega.

El vicepresidente de Planeación, Riesgo y Entorno de la ANI, Jaime García, explicó que entre esas dificultades están las consultas previas, adjudicación de baldíos, entrega de predios en extinción de dominio, procesos de restitución de tierras, la congestión de los despachos judiciales y las oficinas de registro.

Uno de los problemas con los que funcionarios y contratistas más se han tropezado en la gestión predial tiene que ver con el aspecto jurídico: dueños que se presentan como propietarios de un inmueble, pero que no pueden comprobar legalmente la titularidad del bien.

También entraban en los procesos de pronta entrega las invasiones (difíciles de levantar porque representan también un problema social) y los terrenos baldíos, cuyos trámites de adjudicación no se pueden hacer, por ejemplo, en la actualidad.

La razón es que esta adjudicación la hacía antes el liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). En su reemplazo se creó la Agencia Nacional de Tierras, que hasta ahora está organizándose.

Otro obstáculo se relaciona con los planes de ordenamiento territorial (POT), que elevan los precios de los predios y al Estado le imposibilitan la compra.

Uno de estos casos ocurrió con el proyecto de la malla vial de Villavicencio. Un tramo de la perimetral de esta ciudad se trazó por una zona declarada de expansión. Pero el pasado 30 de diciembre, en esta ciudad se cambió el POT, y declaró esa misma zona como urbana, lo cual disparó los costos de los predios que se necesitaban para esa parte de la obra, y están imposibilitando no solo la compra de los terrenos, sino la ejecución, en últimas, del proyecto.

Pero quizás lo que ha comenzado a encender las alarmas de concesionarios y funcionarios que intervienen en la gestión predial por el Estado –pues la plata para pagar los predios sale de la Nación– son las actuaciones dilatorias de algunos abogados y jueces para entregar predios en expropiación, y los desmedidos avalúos que peritos de juzgados están fijando últimamente.

¿‘Conejo’ a la ley?

La mayoría de los jueces cumplen con la ley de infraestructura, incluso colaboran con las autoridades para que los procesos no queden arrumados y como expediente en el “turno 600 o 3.000, para resolver”, coincidieron en señalar.

Sin embargo, hay quienes parecen estar haciéndole conejo a la norma.

La nueva ley dice que los jueces deben ordenar la entrega de los inmuebles declarados de utilidad pública e interés social en un término improrrogable de 10 días hábiles, después de consignarse el valor del avalúo. Pero hay quienes han burlado esos plazos.

El gerente Hugo Kerguelen subrayó que un juez le demoró 9 meses la entrega de tres predios, lo que le retrasó el cronograma de la construcción del tramo Cartagena-Turbaco-Arjona.

A Salomón Niño, otro juez tardó un año en entregarle un terreno que le era vital en la concesión vial Córdoba-Sucre.

“Los abogados de los dueños de los predios comenzaron a interponer toda suerte de recursos, para dilatar los tiempos de entrega”, puntualizó.

Otro hecho preocupante es que unos juzgados están también elevando desproporcionadamente los valores de los avalúos efectuados por peritos, frente a los catastrales elaborados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

“Antes no teníamos tantos casos así. Ahora jueces están ordenando pagos por valores hasta seis veces más altos que los ofertados o acordados por la Nación”, comentó Niño.

Pese a las trabas y demoras judiciales en la entrega de los predios, los proyectos de infraestructura vial se están ejecutando de acuerdo con el cronograma previsto, aseguraron la ANI y el Invías.

Gracias a la ley –agregaron–, hoy se cuenta con el más alto número de predios disponibles para ejecutar las obras.

Los nuevos proyectos se inician con 40 % de predios

Las concesiones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) establecen que la empresa pueda empezar la obra cuando tenga el 40 % de los predios requeridos, en una longitud, para ello. Ese porcentaje puede ser de terrenos comprados o con promesa de venta.

Una vez se firma el acta de inicio de las obras viene la etapa de preconstrucción, en la que los constructores tienen un año para hacer los diseños finales por donde irá la vía, priorizar los predios a adquirir para la obra, y hacen las ofertas. La mayoría de las vías 4G se hallan en esta etapa, por eso figuran solo con 534 predios disponibles. Una vez hecha la oferta de compra, el dueño tiene 15 días hábiles para aceptar o rechazar el valor del ofrecimiento. Si tras 30 días hábiles no hay acuerdo entre las partes, sigue la expropiación.

Casos que han servido de alerta

1. Precio elevado

Un terreno valorado por el Igac en $ 1.139 millones en Córdoba, el perito del juzgado lo tasó en $ 6.981 millones, con el argumento del ‘uso’ del suelo.

2. Juez que se negó a expropiar

Un puente que el Invías contrató para hacer en Honda se quedó sin los accesos porque un predio pertenecía a Víctor Carranza y un juez de la ciudad se negó a expropiarlo. El caso se llevó aI Consejo Superior de la Judicatura.

3. Predio con muchos dueños

En la ruta Caribe, uno de los predios que se necesitaban para la obra vial valía solo $ 7 millones, pero no se pudo negociar porque resultó con 330 dueños. La Nación no tuvo más remedio que demandar la expropiación del inmueble.

EL TIEMPO
gomluc@hotmail.com

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