Corrupción

El control de la corrupción debe ser prioritario en la Colombia del posconflicto.

04 de junio 2016 , 07:36 p. m.

Hoy día sabemos que el desarrollo económico y social depende críticamente de la calidad de las instituciones de un país. En las mediciones sobre calidad institucional que publica el Banco Mundial, Colombia aparece con notas muy bajas en dos de los seis indicadores: aplicación de la ley (falta de seguridad física y jurídica) y control de la corrupción. Por ello, en su famoso libro ‘Por qué fallan las naciones’, Acemoglu y Robinson nos califican casi como un Estado fallido.

La esperada terminación del conflicto interno puede traer consigo una mejora sustancial en seguridad física, siempre y cuando retomemos la senda extraviada de disminución de cultivos ilícitos y narcotráfico, y desarrollemos en todo el país estrategias efectivas de seguridad urbana, como las que se han venido aplicando en Medellín y ahora en Bogotá. Y queda pendiente el saneamiento del sistema judicial, que es vital para garantizar la seguridad jurídica y el control de la corrupción.

Después de una breve mejoría, tras el incompleto proceso 8.000, la percepción de corrupción en el país ha ido en aumento continuo desde el 2008 (encuestas Invamer-Gallup). Aun si esta fuese una percepción equivocada de los ciudadanos, como piensan algunos, denotaría una enorme falta de credibilidad en nuestras instituciones que obliga a otorgar prioridad al tema.

¿Cómo diseñar y aplicar una estrategia anticorrupción exitosa? Por lo general, después de un gran escándalo, algunos de los responsables acaban en la cárcel, como está ocurriendo en Brasil y ha ocurrido acá con el proceso 8.000, la ‘parapolítica’, Interbolsa y el despojo de Bogotá bajo la alcaldía de Samuel Moreno. Hasta se puede caer un gobierno, como pasó en Brasil con Collor de Melo y puede ahora suceder con Dilma. O se saca a las carreras un nuevo estatuto anticorrupción, sin estudiar bien el tema, como pasó en Colombia después del escándalo de Bogotá. La corrupción puede reducirse temporalmente, pero luego continúa su curso.

Hay, sin embargo, casos exitosos. El más reciente está ocurriendo en Chile (donde ya había índices bajos de corrupción), y deberíamos aprender de él. Tras una serie de escándalos de corrupción (como el financiamiento ilegal de políticos de derecha e izquierda por una empresa del yerno de Pinochet) y tráfico de influencias (que involucró al hijo de la Presidenta), el Gobierno nombró una comisión autónoma, conformada por economistas, abogados y politólogos de reconocida integridad y reputación profesional, y pertenecientes a todas las corrientes políticas. La Comisión Engel se basó en cuidadosos trabajos académicos y las recomendaciones de la Ocde. Presentó 237 propuestas concretas en 5 áreas: Prevención de la Corrupción, Financiamiento de la Política, Regulación de Conflictos de Intereses, Confianza en los Mercados (incluyendo compras públicas y control de prácticas monopólicas) y Ética Ciudadana.

Presentado el Informe, la Fundación Espacio Público (presidida por Engel) siguió monitoreando e impulsando la agenda legislativa propuesta y su implementación. A la fecha, hay un cumplimiento por área, en lo legislativo, de entre 30 % y 84 %. El mayor avance se ha dado en el financiamiento público de las campañas políticas y el menor, en el establecimiento de controles efectivos de la corrupción municipal. En Chile, como acá, hay más corrupción a nivel descentralizado que en el Gobierno central, pero allá el problema es menos grave porque las provincias y municipios manejan menos recursos.

Fedesarrollo organizó una visita reciente de Engel al país, y va a emprender un programa de estudios sobre el tema. Estos podrían, eventualmente, servir de base para que el próximo gobierno, a su inicio, convoque una comisión contra la corrupción como la chilena, con un mandato y una conformación similares.

GUILLERMO PERRY

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