Luego de sobrevivir a cuatro intentos fallidos por eliminarla desde el 2005, a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le corresponderá, paradójicamente, la misión de poner en marcha la única reforma constitucional que logró borrarla, temporalmente, del mapa de la institucionalidad colombiana: la de equilibrio de poderes.
Esta semana, en un polémico fallo, la Corte Constitucional declaró inexequible la creación del Consejo de Gobierno Judicial y decidió revivir y darle sus funciones a la Sala Administrativa, el órgano que esa entidad debía reemplazar.
Se trata de un duro golpe a la reforma del Poder Judicial más importante de las últimas dos décadas y, lo más grave, podría ser una señal de lo que puede seguir para otra de las banderas con las que el gobierno Santos logró la aprobación del equilibrio de poderes: el fin de la cuestionada Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y su reemplazo por el nuevo Tribunal de Aforados, que desde el principio contó con la cerrada oposición de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Fiscalía de Eduardo Montealegre.
Por una abrumadora mayoría (7 a 1), la Corte consideró que la creación del Consejo de Gobierno Judicial “implica una sustitución parcial de los principios de separación de poderes, autonomía e independencia judicial que encuentran expresión en el modelo de autogobierno judicial previsto por el Constituyente de 1991”.
La tesis imperante es que si bien el Congreso puede cambiar o sustituir órganos de la justicia, no puede dar pasos que menoscaben la independencia de los poderes y, según la Corte, en este caso lo hizo. Lo que dicen los magistrados es que la reforma “diseñó un sistema disfuncional” que “torna inviable el autogobierno judicial” al crear un consejo “cuyos integrantes actúan en su calidad de voceros o de representantes del sector o del órgano judicial del que hacen parte” y no de toda la justicia.
‘Gran decepción’
La polémica es intensa. No solo porque en varios sectores es fuerte la impresión de que el espíritu de cuerpo de las altas cortes está imponiéndose en una discusión que debía ser netamente jurídica, sino porque los problemas que llevaron al fallido intento por eliminar la Sala Administrativa están lejos de haber desaparecido. Lo cual, por supuesto, no implica necesariamente que ese órgano no vaya a aprovechar su segunda oportunidad.
En la Sala, que tiene seis miembros, está Agustín Suárez, magistrado al que el año pasado el propio presidente Santos señaló de estar utilizando el poder burocrático de la Judicatura para intentar torpedear la aprobación de la reforma.
Y entre los dos magistrados recién nombrados por la Corte Suprema en reemplazo de los cuestionados Francisco Ricaurte y Pedro Munar está Gloria Stella López. Ella, precisamente, se postuló y fue elegida el año pasado para el ahora desaparecido Consejo de Gobierno Judicial, en un proceso que el Consejo de Estado suspendió por la supuesta violación del principio de transparencia.
Antonio Aljure, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, señala que aunque el fallo de la Corte genera “una gran decepción”, la Judicatura tiene cómo cumplir con lo que no ha hecho en los últimos 20 años: garantizarles a los colombianos una justicia eficiente y alejada de los apetitos burocráticos: “Uno esperaría que lo hagan bien, porque pocas veces ha estado el país tan concentrado en la desaparición de un órgano y el nacimiento de otro, y quizá sea ese control de la opinión pública el que haga que ejerzan bien”.
En la misma vía, César Rodríguez, director de Dejusticia, dice que lo que queda es que la Judicatura “ejecute correctamente el presupuesto y muestre la transparencia y eficiencia que no demostró antes”.
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, coincide en que la decisión ya está tomada y que lo que procede, como lo ordenó la misma Corte, es que la Sala Administrativa convoque cuanto antes los concursos de méritos de los que saldrán los magistrados del Tribunal de Aforados y la nueva Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que reemplaza a la desprestigiada Sala Disciplinaria.
Wilson Ruiz, expresidente de la Judicatura, dice que esa entidad sí dará esta vez la talla, en el entendido de que los líos del pasado obedecían, más que a problemas de fondo, al perfil de algunos magistrados que estaban en esa corporación: “Se debe procurar que lleguen profesionales competentes y con hojas de vida intachables”. Esa es una responsabilidad de las tres cortes (Constitucional, Suprema y Consejo de Estado), las mismas que en los últimos años llevaron a la Sala a varios magistrados cuestionados.
¿En qué va quedando la reforma?
La Corte tumbó el Consejo de Gobierno Judicial, pero sus funciones las toma la Sala Administrativa de la Judicatura, que tendrá que implementar la reforma. En la Corte ya se salvó la prohibición de la reelección, y aún está pendiente el fallo de la demanda de Eduardo Montealegre contra el Tribunal de Aforados, órgano clave porque acabaría con la impunidad que representa la Comisión de Acusación de la Cámara.
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