La conveniencia o no, de gravar las bebidas azucaradas y otros alimentos que pueden afectar la salud humana, para ayudar a disminuir su consumo, vuelve a estar en boga.
Las comisiones séptimas del Congreso, encargadas de temas de salud, intervienen y, tras la convocatoria del representante a la Cámara Óscar Ospina, se realizará hoy una audiencia pública que retoma la propuesta lanzada inicialmente por el ministro de salud, Alejandro Gaviria, quien argumentó razones de peso para defender este impuesto.
Para el Minsalud, se trata de atacar un problema de salud pública que afecta a uno de cada seis niños: el sobrepeso. Pero de paso, la medida podría aportar 1,8 billones de pesos que ayudarían a financiar al sector salud, cuya demanda de recursos, por efctos de más gente enferma, es cada vez mayor.
La industria, de inmediato salió a defender el renglón de las bebidas, y la comisión de expertos tributarios que hizo el informe con las sugerencias para lo que será la próxima reforma tributaria recogió los puntos de vista, pero al final, solo sugirió un estudio más a fondo de los resultados que está teniendo en los demás países este impuesto.
No obstante, la Comisión advirtió que “la implementación de este tributo es muy reciente y no cuenta con el tiempo suficiente que permita evaluar su impacto sobre la salud de la población”.
Los expertos en impuestos dejaron en el aire la posibilidad de adoptar una política pública que vaya más allá del recaudo y “corrija las externalidades que el consumo no controlado de estas bebidas tiene sobre la propagación de enfermedades crónicas y sobre el gasto en salud”, dice el informe.
Mientras se hacen las revisiones pertinentes, he aquí un panorama de lo que ha pasado en los países que han adoptado impuestos similares. Cabe anotar que, alrededor del tema existen dos tendencias totalmente opuestas: la que aboga por la salud de la gente y la que se inscribe en la defensa del empleo que genera la industria de este tipo de productos.
Dónde no ha funcionado
Para Santiago López, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Bebidas de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), “los impuestos adicionales a determinados alimentos y bebidas no alcohólicas que provengan de la industria se ha presentado en los últimos años como una respuesta para combatir los índices de sobrepeso y las enfermedades relacionadas con la obesidad, pero la conclusión, en los pocos países donde se ha experimentado con este tipo de medidas, es que no existe cifra alguna que acredite disminución en los indicadores de obesidad”.
Es así como, en países como Dinamarca, donde acogieron este impuesto en el 2011, la medida tuvo que ser abolida. Los daneses demoraron 18 meses con un gravamen de 2 euros por cada kilo de alimentos con más de 2,3 por ciento de grasa saturada.
La reversa se dio porque se incrementó el contrabando, se afectó la industria, los tenderos y, por consiguiente, los empleos de los ciudadanos. Adicionalmente, no hubo cambio en el patrón de consumo de este tipo de alimentos, recuerda López.
Situación parecida ocurrió en Francia, país que en 2012 introdujo una prohibición de las salsas de tomate en comedores y cafeterías oficiales. También allí se adoptó una imposición a las bebidas no alcohólicas con azúcar. “A la fecha, la consecuencia de la medida es el aumento en los índices de consumo por habitante de bebidas alcohólicas, puntualmente de vino. No hay un solo indicador que permita conocer el resultado en salud de la prohibición de la salsa”, agrega el directivo de la Andi.
La evaluación de la medida se extrapoló a la Comisión Europea, que buscó analizar la conveniencia o no de establecer impuestos a alimentos y bebidas con contenidos de sal, azúcar y grasa. “El reporte presentado a las autoridades de la Unión Europea fue enfático en anotar que no existían conclusiones robustas sobre el impacto de impuestos a alimentos y/o bebidas en términos de salud pública y se centró en detallar cómo se afectaría la economía y el comercio en la Unión Europea”.
El caso de México podría ser uno de los más cercanos a Colombia, con la salvedad de que, por ejemplo, las bebidas azucaradas tipo gaseosa en el país azteca tienen un nivel de consumo el doble más alto que el de nuestro país (25 % contra 11 %).
El impuesto fue adoptado en el 2014, pero hay varios estudios de instituciones académicas que, según recuerda López, señalan un efecto prácticamente nulo en la reducción de calorías consumidas (6,9 kilocalorías diarias por persona. Los mexicanos consumen 3072 Kcal diarias y la Organización Mundial de la Salud recomienda 2.000).
“El efecto fue en lo social y económico: pérdida de 10.800 puestos de trabajo, cierre de 30.000 tiendas y las familias de menores ingresos son las más afectadas en su bolsillo, pues son las que aportan el 62 por ciento del recaudo del impuesto”, indica el directivo de la Andi.
López agrega casos de Alemania y Cataluña que, según él, “están entre los 42 países o entidades regionales que se han alejado de estas medidas en los dos últimos años”.
Los defensores del tributo saludable
En la otra orilla está la Fundación mundial del Cáncer, que será una de las fuentes que hoy utilizará la Alianza para la Salud Alimentaria y la ONG Djusticia, que participarán en el foro del Congreso y, desde ya, destacan que hay un incremento de países uniéndose a la causa de proteger la salud de los ciudadanos.
En sus registros reposan casos como el de Barbados, que en junio de 2015, aprobó un impuesto especial del 10 por ciento para bebidas azucaradas importadas. El efecto de la medida se revisará en el 2017 y, por el momento, los recursos procedentes del recaudo van a parar al sector salud.
En Bélgica se aprobó en diciembre de 2015 un impuesto especial a los refrescos azucarados, que es de 0,068 euros por litro. La medida entró en vigor en enero de este año y grava hasta las bebidas edulcorantes y con saborizantes.
De entre nuestros vecinos, la Fundación cita el caso de Chile, que desde enero del 2015 tiene un impuesto del 18 por ciento ad valorem, aplicado a las bebidas con contenido de azúcar superior a 6,25 gramos por 100 mililitros. Se trata de una modificación a la norma, pues desde octubre del 2014, los chilenos tenían un impuesto del 13 por ciento ad valorem, sobe las bebidas azucaradas, también incluyendo las que tienen edulcorantes y bebidas energizantes.
Finlandia, por ejemplo, también impuso un gravamen a los productos de confitería, que permaneció la mayor parte del siglo XX, pero fue retirado en el año 2000, para luego volver, en el 2011, a gravar la confitería, el chocolate, el helado y las bebidas no alcohólicas azucaradas.
Desde el 2014, la tasa del impuestos fue de 0,95 euros / kg en peso para pastelería y helados; 0.220 euros/L para las bebidas con más de 0,5% de azúcar, y 0,11 euros / L para las demás bebidas no alcohólicas.
En esta nación crearon una exención para proteger al pequeño productor, que consiste en sacar de la base tributaria del impuesto al empresario cuyo volumen de producción anual es de menor de 10.000 kilogramos o 50.000 litros. El país ha anunciado que en el 2017 eliminará el impuesto sobre los dulces y helados y mantendrá el de las bebidas.
En los registros de la Fundación Mundial del Cáncer también reposa el caso de Francia, pero con el impuesto a los refrescos, adoptado desde enero del 2012 y aplicado a lo que tenga azúcar añadido, edulcorantes artificiales, aguas saborizadas y bebidas light.
El impuesto es de alrededor de 11 céntimos de euro por 1,5 litros de refresco y se usa para aumentar los ingresos para el presupuesto general. Además, para que no se hable de trato discriminatorio, también aplican el impuesto a productos con alto contenido de sal y condimentos
Hungría tiene un impuesto similar, sobre la salud pública, que recae sobre productos endulzados, al igual que lo acogieron otras jurisdicciones como Mauricio o Samoa.
En Estados Unidos, desde noviembre de 2014, en la ciudad de Berkeley (California), adoptaron una ley para gravar las bebidas azucaradas. Se trata de un impuesto de 0,01 dólar por onza de bebida, incluyendo los té endulzados, mientras que fórmulas de leche infantil, productos lácteos y jugos naturales están exentos.
Vale la pena mencionar el caso de Reino Unido, donde hay una campaña para promover un impuesto al azúcar, pero voluntario, sobre todas las bebidas endulzadas vendidas. El dinero va a parar al Fondo de Salud de la Infancia, para apoyar la educación alimentaria y las iniciativas de salud para los niños.
Para Diana Guarnizo, investigadora de Djusticia, el efecto del impuesto saludable será más visible, en la medida en que la tasa impositiva sea mayor.
El congresista Ospina habla de un 20 por ciento, extensivo a bebidas azucaradas y comida chatarra puesto que “el 80 por ciento de la carga de enfermedad en Colombia se relaciona con problemas crónicos no transmisibles.
El sistema de salud se gasta 1,2 billones de pesos al año en enfermedades que se pueden prevenir con hábitos saludables, mientras que el recaudo de un impuesto que disminuya el consumo de productos que afectan la salud, ayudaría a conseguir recursos para la salud de los niños con cáncer, por ejemplo”.
Para la investigadora Guarnizo, si bien “cada uno decide sobre la comida que come, las bebidas que toma y los hábitos de vida que lleva el Estado puede y debe hacer más para adoptar medidas que contribuyan a un comercio de alimentos más sano”.
El debate sobre el tema en Colombia apenas comienza.
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