Desde el 2012 a la fecha, la población de Piedras (Tolima), uno de los dos municipios que hasta el momento han votado en contra de las actividades extractivas en su zona de influencia, ha recibido en regalías el equivalente al 12,45 por ciento de su presupuesto de inversión en el mismo período.
Así lo muestran las cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que dan cuenta de que en las nueve poblaciones en las que ha habido, o hay, una intención de impedir la actividad minera y/o petrolera (exploración y explotación), estos recursos que se cobran por el derecho a explotar el subsuelo han llegado sin falta desde esa misma época.
Y si bien la consulta de Piedras, para frenar el proyecto de oro La Colosa, y la de Tauramena (Casanare), que vetó un proyecto de sísmica de Ecopetrol, no tuvieron en su momento un piso jurídico, en los nueve municipios los recursos girados de la bolsa de las regalías, bajo el nuevo sistema, ya suman 34.588 millones de pesos. (Además: Serán las propias comunidades las que veten minería en su territorio)
La cifra corresponde a los giros hechos, además de estos dos municipios, a Gachantivá (Boyacá), Urrao (Antioquia), Ibagué (Tolima), Caicedo (Antioquia), Medina y Tena (Cundinamarca y Monterrey (Casanare).
De la cifra total, la gran mayoría, es decir 24.917 millones de pesos (72,04 por ciento), se han recibido para proyectos de inversión, mientras que el 27,9 por ciento ha ido a los ahorros que se constituyen para garantizar la pensión de sus funcionarios públicos (Fonpet) o a otros rubros de ahorro especial.
Incluso, desde el 2012 a la fecha, estos nueve municipios que ven con malos ojos la actividad minero-energética han recibido más de 3.000 millones de pesos en rendimientos financieros.
Amylkar Acosta, presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FDN) y exministro de Minas y Energía, señala que así como hay municipios que repudian y abominan la minería, porque la ven como una amenaza, como Piedras y Tauramena, hay otros que la aprecian, tienen una larguísima tradición minera y se resisten a abandonarla “porque siguen viendo en ella una oportunidad”, como Amagá (Antioquia) y Vetas (Santander).
“Con la reforma del régimen de regalías ya son todos los departamentos y municipios del país los beneficiarios, y no solo los productores”, dice.
Y agrega que estos últimos se sintieron despojados de lo que antes recibían y no se sienten bien compensados con el 10 por ciento que les dejaron como asignación directa, lo cual es una las fuentes del descontento, visible en los 430 bloqueos en las zonas petroleras el año pasado, las protestas sociales y las consultas populares. (Además: El Valle del Cocora, otro tesoro bajo amenaza de exploración minera)
Aunque, del monto total recibido, más de 21.000 millones de pesos corresponden a Tauramena y a Monterrey (Casanare), en algunos de los otros municipios el dinero recibido de las regalías representa una proporción importante con respecto a su presupuesto de inversión, como es el caso de Urrao (Antioquia) y Tena (Cundinamarca).
Incluso, según las estadísticas del DNP, entre el 2012 y la fecha el segundo municipio –de este grupo– que más ha recibido regalías ha sido Urrao (Antioquia), con 4.153 millones de pesos, mientras que el tercero es Piedras (Tolima), con 2.041 millones de pesos, por encima de Monterrey.
Efectos del fallo
Con estas cifras y tras la decisión de la Corte Constitucional de eliminar el artículo del Código de Minas que impedían a los municipios excluir zonas de minería, Ana Carolina González, docente e investigadora del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (Cipe), de la Universidad Externado de Colombia, señala que ahora el gran reto es construir un protocolo con los gobiernos y comunidades locales, que hasta no estar definido deja al país en una moratoria minera de facto.
“En lugar de seguir entregando títulos o firmando contratos que no van a poder operar por toda la oposición que enfrentan, es mejor arreglar la casa, lograr acuerdos con el nivel local y, ahí sí, buscar la mejor negociación posible entre el Estado y los operadores privados, lo cual se logra además si cambiamos ese principio de primero en el tiempo primero en el derecho, que ha causado ya tanto desorden en nuestro sector minero”, recalcó.
El exministro Acosta dijo que los entes territoriales no están listos para asumir tal responsabilidad, por lo que deberán tener apoyo del Gobierno y de agencias internacionales de cooperación.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu
