Cinco mitos sobre el acuerdo de blindaje en La Habana

Cinco mitos sobre el acuerdo de blindaje en La Habana

No existe un golpe de Estado en Colombia gracias al acuerdo. Es una afirmación falsa e irresponsable

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02 de junio 2016 , 05:00 p. m.

En los últimos días se han establecido mitos de todo nivel en torno al acuerdo de blindaje que se celebró entre el Gobierno y las Farc. Ha habido críticas en muchos sentidos, la mayoría de ellas sobre la base del irrespeto contra el Presidente de la República y los negociadores. En el fondo, la falta de republicanismo prolifera en este país, lejos del decoro institucional que debe existir por el jefe de Estado, independientemente de sus ideas políticas.

Los mitos que se han forjado alrededor del acuerdo de blindaje en La Habana han permitido que la opinión pública siga por caminos de confusión frente a lo acordado, a pesar de que el asunto tiene unas connotaciones diferentes. Pensar con el deseo e imaginar un país en guerra es mucho más fácil que construir imaginarios de paz en el marco de una prospección justa. A mi juicio, hay cinco mitos construidos en las últimas semanas.

En primer término, no es cierto que exista una constituyente en Cuba. En La Habana se ha negociado conforme a las facultades del Presidente de la República consagradas en el artículo 189 de la Constitución Política. Estas facultades hacen que tenga la iniciativa para acordar la paz, consultándole con posterioridad al pueblo, pasando por el Congreso y luego controlando su constitucionalidad ante la Corte Constitucional. El Presidente no está obligado a pedirle concepto ni al Procurador, ni a la oposición, ni a los expresidentes o a los exministros para hacer la paz. Para bien o para mal, la paz es una iniciativa de su Gobierno.

En segundo lugar, no existe un golpe de Estado en Colombia gracias al acuerdo. Es una afirmación falsa e irresponsable. Es inadmisible que personas que han tenido responsabilidades públicas en Colombia lleguen a aseveraciones de ese nivel. Para pensar en golpes de Estado, se requiere una dictadura y una ruptura permanente del orden constitucional. Un acuerdo transicional no puede remplazar el orden jurídico existente. Es justamente en el ámbito de la justicia transicional que se produce un acuerdo transitorio para resolver una guerra que es evidente y que no se quiere reconocer por parte de ciertos sectores.

En tercer lugar, no es cierto que se pueda prescindir de la refrendación popular. El acuerdo general firmado en agosto de 2012 entre las Farc y el Gobierno planteó la refrendación como un punto dentro de la agenda. En ese sentido, el plebiscito o ‘consulta especial’, como lo he denominado, debe realizarse por el compromiso asumido por el Presidente de la República. Su realización no es obligatoria, como lo reconoció el presidente Santos ante la Corte Constitucional, pero es esencial para legitimar la paz.

Un cuarto punto se refiere a que la inclusión del acuerdo especial en el bloque de constitucionalidad implica un impedimento para que el Congreso o la Corte Constitucional puedan conocerlo, estudiarlo y rechazarlo. Esa afirmación es falsa. Las instituciones mencionadas pueden echar para atrás el acto legislativo o la ley aprobatoria del acuerdo especial. El bloque de constitucionalidad le da confianza a las partes y desarrolla la paz como derecho fundamental consagrado en el artículo 22 de la Constitución. Para rematar el argumento, el bloque estricto que se establece en el proyecto de artículo transitorio es aplicable en el marco de la transición y no más. No se altera el sistema ordinario de constitucionalidad, porque la naturaleza de la disposición transitoria es temporal y no definitiva.

Por último, el acuerdo especial no es un tratado internacional porque las Farc no son Estado y porque la aplicación de normas humanitarias no permite que se altere el estatus jurídico de las partes, como lo indica el artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949. Del mismo modo, el acuerdo especial no solo sirve para mitigar los combates y las hostilidades o para proteger prisioneros, sino para ponerle punto final al conflicto; así lo reconoce nuestra Corte Constitucional en la sentencia C-225 de 1995, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el artículo 6 del Convenio 3 de Ginebra que le permite a las partes concertar “otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno reglamentar particularmente”.

Recordemos que la guerra de hoy es producto de decisiones producidas hace muchas generaciones. Por esa razón, el acuerdo de paz tendrá como receptores a los colombianos del presente que irradiarán un modelo de paz en ciudadanos no nacidos. En eso consiste la paz. Nuestro presente no tiene el derecho de macular nuestro proyecto de nación.

Adenda. Valiente decisión de la directora de Caracol Radio y de Hora 20, Diana Calderón, de no publicar el comunicado del Eln. Una decisión ética.


Francisco Barbosa

@frbarbosa74
* Ph. D. en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia) y profesor de la Universidad Externado de Colombia.

 

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