¿Cuánto afecta el fallo a la reforma del equilibrio de poderes?

¿Cuánto afecta el fallo a la reforma del equilibrio de poderes?

Aunque revive la Sala Administrativa, no elimina otros puntos claves del proyecto.

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02 de junio 2016 , 10:38 a. m.

Aprobada en el 2015, la reforma del equilibrio de poderes tenía dos ejes fundamentales. En lo político, el objetivo era eliminar la polémica figura de la reelección presidencial, que desde su resurrección en el 2004 (aunque se aplicó dos años después para la reelección de Álvaro Uribe) afectó el sistema de pesos y contrapresos de poder establecidos por la Constitución de 1991.

En lo jurídico, después de más de cinco intentos en la última década, se tocaron varias de las figuras más polémicas de la institucionalidad colombiana y se proscribieron prácticas de corrupción velada que se habían vuelto comunes en las altas cortes.

El mes pasado, la Corte Constitucional le dio su bendición al entierro de la reelección que se aprobó en el equilibrio de poderes. Por esa decisión, que dejó en firme lo aprobado por el Congreso, la reelección presidencial solo podrá revivir si lo decide directamente el pueblo, para evitar que los gobiernos de turno coopten al Legislativo, como ocurrió en el 2004 con el famoso escándalo de la 'Yidispolítica'. (Lea también: Los 'pecados' de la Judicatura, el tribunal que revivió la Corte)

En la parte que toca al poder judicial, el fallo de la Corte Constitucional que revive la Sala Administrativa de la Judicatura tumba una de las banderas de la reforma de equilibrio de poderes, pero, al menos por ahora, no elimina puntos claves de ese proyecto: la creación de un órgano que en verdad tuviera dientes y vocación para investigar a los magistrados y al fiscal general (el Tribunal de Aforados, en reemplazo de la Comisión de Acusación de la Cámara); los requisitos más exigentes para ser magistrado, y el fin de prácticas poco presentables como el salto de una corte a la otra (la puerta giratoria). Estos son los verdaderos alcances del fallo, frente a los que el mismo Gobierno, a través de sus ministros del Interior y de Justicia, no parece tener total claridad.

1. ¿Al revivir la Sala Administrativa de la Judicatura y 'matar' a la Sala de Gobierno Judicial se muere todo el componente judicial del equilibrio de poderes? No. O por lo menos, no hasta ahora.

La Corte falló una de las demandas, de varias que han llegado contra la reforma, y consideró que al crear un órgano de gobierno de la Justicia que incluía tres asesores técnicos, no necesariamente abogados, que tenían asiento durante ocho años se estaban afectando principios básicos de la democracia como la independencia y autonomía de la Rama Judicial y por lo tanto el Congreso estaba sustituyendo (suplantando) el espíritu de lo que se quiso con la Constitución del 91. (Además: Resurrección de la Judicatura, golpe al equilibrio de poderes)

Es una tesis polémica, porque el mensaje que se puede enviar, de entrada, es que cualquier reforma que toque a las altas cortes podría ser declarada inexequible, con lo que se estaría frente a un poder virtualmente intocable en menoscabo del Legislativo y el Ejecutivo. Pero lo que decidieron los magistrados fue revivir la Sala Administrativa y darle todas las funciones que el acto legislativo del año pasado le había dado al ahora inexistente Consejo de Gobierno Judicial. Esto significa que no queda vacío jurídico sobre quién debe asumir, por ejemplo, la responsabilidad de iniciar los concursos de méritos para elegir a los magistrados del Tribunal de Aforados (que reemplaza a la Comisión de Acusación) y la Comisión Disciplinaria (que reemplaza a la Sala Disciplinaria de la Judicatura).

El fallo del miércoles no da lugar a dudas sobre esto. Así, la Corte ordena: "En el artículo 178-A de la Constitución, la expresión 'Consejo de Gobierno Judicial' se sustituye por 'Consejo Superior de la Judicatura' ". Ese artículo habla de las funciones y la conformación del Tribunal de Aforados. En resumen, se cayó una parte importante de la reforma, pero lo que sigue vivo es muy importante para depurar la alta justicia. Por supuesto, aún está por verse qué decide la misma Corte Constitucional en las demandas específicas contra el Tribunal de Aforados y en las otras que vengan en el futuro. (También: Velasco dice que mantener Judicatura es un 'golpe fuerte' al Congreso)

2. ¿Con una parte de la Judicatura viva se puede implementar la reforma? Sí.

De hecho, varios expertos coinciden en que si bien el Consejo Superior de la Judicatura se convirtió en los últimos diez años en un 'órgano descompuesto de la Justicia', como lo dijo el expresidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla en el 2009, sus malas prácticas y escándalos obedecían más a quienes llegaron a sus dos salas -con toda la responsabilidad que esto implica para quienes los eligieron- que al diseño mismo de la figura. La Sala Administrativa, que ha sido duramente cuestionada por sus prácticas de politiquería judicial, es elegida por las otras Cortes: tres miembros los elige el Consejo de Estado; dos, la Suprema, y uno, la Constitucional.

Esa Sala maneja toda la plata de la Justicia y una nómina de provisionales que tiene todavía más de siete mil plazas y que es, literalmente, elegida a dedo por altos magistrados. Esto dio, en los últimos años, lugar a episodios cuestionados como el salto inmediato de una Corte, la Suprema, a la Judicatura, de dos expresidentes del primer tribunal: Francisco Ricaurte y Pedro Munar.

Los escándalos de toda la Judicatura la convirtieron en una figura emblemática sobre la corrupción judicial y por eso acabarla fue bandera de varios gobiernos. La responsabilidad de la llegada de personas cuestionadas a la Sala Administrativa es de las altas cortes y lo que se esperaría es que, revivido ese órgano, los altos tribunales den ejemplo y piensen más en cómo asegurar una mejor justicia que en burocracia. El fallo de la Corte, de hecho, podría acelerar la aplicación de la reforma de equilibrio de poderes, pues la Sala Administrativa tiene a sus seis miembros en propiedad y tiene las facultades para empezar los concursos de méritos.

3. ¿Por qué lo que sigue vivo de la reforma vale la pena?

El Tribunal de Aforados es clave porque establece un órgano judicial y no político para investigar a altos magistrados y al fiscal general. En más de 40 años, la Comisión de Acusación solo ha llevado a un magistrado ante el Senado a través de una acusación: a Jorge Pretelt, precisamente miembro de la Corte Constitucional que ayer tumbó parte de la reforma. Además, en casos penales elimina pasos que, en la práctica, blindaban de cualquier investigación a magistrados y fiscales.

El Tribunal no les gusta a los altos magistrados ni al exfiscal Eduardo Montealegre, quien es precisamente el autor de la demanda que está estudiando la Corte, pero entre los expertos hay coincidencia en señalar que la falta de tener quién los controle ha afectado las calidades y comportamientos de algunos que llegan a las más altos cargos de la justicia, porque quedan cubiertos con un manto de impunidad. Y la decisión de la Corte no toca la prohibición de la llamada 'puerta giratoria' entre las cortes ni los requisitos más exigentes para ser magistrado.

JUSTICIA

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