El gobernador, Carlos Amaya, ya lo había anunciado: la gran apuesta de su gobierno es la educación.
Dice Raúl Salamanca que lo que se diagnosticó en este aspecto es una situación compleja, falta de mantenimiento desde hace 40 años a la infraestructura, debilidades en el currículum, una gran brecha de acceso a la educación entre lo urbano y lo rural, docentes mal remunerados, falta de docentes en zonas apartadas y bajo acceso a las tecnologías de las comunicaciones.
Dentro de la respuestas que se plantean en el Plan de Desarrollo están la de hacer reconocimientos a la labor de los maestros, garantizando la provisión oportuna de los docentes; y acabar con el tema de las recomendaciones para los nombramientos o traslados.
Otro tema ‘grueso’ del Plan de Desarrollo es el de la celebración del Bicentenario de la batalla del Puente de Boyacá y de la Campaña Libertadora que -según el presidente de la Asamblea- es transversal a todo el documento.
Eso quiere decir que todas las sectoriales tienen programas o subprogramas relacionados con el Bicentenario.
Entre las tareas propuestas se incluyen la ‘apropiación’ de esa celebración, a través de una cátedra, con la realización de investigaciones sobre la Ruta Libertadora y eventos en los 123 municipios.
También habrá obras de infraestructura para los pueblos directa e indirectamente relacionados con la Campaña Libertadora, aunque no quedaron puntualmente especificadas en el Plan de Desarrollo; intervención de bienes culturales y dos planes de manejo: el del Puente de Boyacá y el del Pantano de Vargas.
Asegura Raúl Salamanca que habrá por los menos tres espacios más conmemorativos del Bicentenario que se irán a construir.
Se aspira a que se promueva la declaratoria de por lo menos seis bienes de interés cultural en Boyacá relacionados con el Bicentenario y se impulsará la creación de rutas relacionadas con los municipios por donde pasaron Bolívar y sus tropas.
El Presidente de la Asamblea asegura que este no es un plan de desarrollo hecho desde una bicicleta sino que es producto del estudio y análisis juicioso y que tampoco es una lista de mercado, como ha ocurrido con otros planes de desarrollo.
“Es un documento general, que responde a una realidad, que contempla menos presupuesto, pero que es realizable”, dice.
Aclara que lo que hay son unas estrategias, unas prioridades consignadas en un plan operativo de inversiones y que por eso se admiten variaciones, de acuerdo a gestiones, compromisos y prioridades.
Así se fianaciará el Plan de Desarrollo
Las fuentes de financiación para este Plan de desarrollo están garantizadas.
El Plan cuesta 3 billones 172 mil millones de pesos.
Dos billones de ellos se destinarán a educación.
Un billón 953 mil millones provienen del Sistema General de Participaciones (SGP), con los que se garantizan recursos durante cuatro años con destinación específica para educación, salud, agua potable y saneamiento.
En el cuatrienio se esperan recibir 360 mil millones de regalías.
Otros recursos que el gobierno traslada con destinación específica (Contrato Plan, Fondo de Seguridad, estampilla pro adulto), por $625.000 millones.
Del total de recursos se liberan para destinación específica 185 mil millones de recursos propios.
Lo que ha dicho el Gobernador y corrobora la Asamblea es que el Gobierno actual no tiene proyectado acudir a endeudamientos ni mucho menos incrementar los impuestos.
“Este Plan de Desarrollo es muy moderado y austero”, dice Salamanca. Ratifica que la gran apuesta del gobierno de Carlos Amaya será la educación, en infraestructura, cobertura, calidad, capacitación e incentivos para los educadores.
Los recursos
De los 3 billones $172 mil millones, 2 billones serán para el sector educación.
Salud tendrá $336 mil millones mientras que para infraestructura vial, sumado a los recursos del Contrato Plan habrá $278 mil millones.
Para Ciencia y Tecnología el Plan de Desarrollo dejó $194 mil millones; para agua potable $71 mil millones y para el sector agropecuario $13.620 millones.
Inversión social tendrá un presupuesto de $71.800 millones y energía eléctrica 1.850 millones.
Para desarrollo minero habrá $1.586 millones; para turismo $5.025 millones y para justicia $836 millones.
