'El único garante del acuerdo de paz es el pueblo'

'El único garante del acuerdo de paz es el pueblo'

El exfiscal general Alfonso Gómez Méndez considera innecesarias más normativas jurídicas.

notitle
01 de junio 2016 , 11:10 p. m.

Es realmente alentador encontrarnos ante la perspectiva real de parar el baño de sangre que para el país han implicado más de 60 años de absurda e inútil confrontación armada.

Naturalmente, no ha sido fácil lograrlo, por todas las prevenciones que de lado y lado quedan tras tanto tiempo en que la degradación ha alcanzado niveles insospechados, y luego de variados intentos por conseguirlo con los más disímiles instrumentos. Por eso es preciso superar escollos, pero por el camino adecuado y sin prestar atención a tanta gritería de última hora.

Tres son los puntos centrales sobre los cuales han surgido ahora toda clase de propuestas, probablemente muy bien intencionadas, pero algunas de las cuales son o superficiales, o contradictorias, o claramente inútiles.

La máxima prioridad

El primero de esos puntos es la seguridad que debe darse para preservar la vida de quienes se desmovilicen y acepten cambiar la lucha armada por la acción democrática. Esa es la máxima prioridad, dada la macabra experiencia desde Guadalupe Salcedo hasta hoy, pasando por el exterminio de la Unión Patriótica (UP) y el asesinato de negociadores de paz durante el gobierno Gaviria, o de tantos reinsertados de la propia guerrilla y de los paramilitares que han sido asesinados en estado de indefensión.

Ninguna ley permitía o autorizaba el genocidio de la UP, partido político legal surgido de los acuerdos de paz con las Farc durante el gobierno Betancur. Mas fue posible por una alianza entre sectores de la derecha y algunos miembros de la Fuerza Pública que creyeron en esa como una forma de acabar con los abusos de la subversión armada.

Pero, aun cuando hay todavía quienes justifican esos asesinatos con el argumento de que como las Farc combinaron las formas de lucha se podía matar a quienes no estaban en la clandestinidad, es de anotar que esa seguridad no depende de que haya más normas constitucionales, sino de un compromiso real de que no vuelvan a ocurrir hechos así de escalofriantes.

Que ahora las Fuerzas Militares estén comprometidas con su Comandante General es una verdadera garantía en esa dirección, a lo que habría que sumar el cambio de mentalidad de la sociedad, que ya no toleraría estos crímenes.

Y es que sin crímenes como los de la UP probablemente se hubiera avanzado desde entonces en la consolidación de la paz. Recuérdese que muchos de los parlamentarios de la UP, como ‘Iván Márquez’, volvieron al monte ante el temor de ser asesinados.

El segundo punto central es la seguridad jurídica, que supone que tanto a los guerrilleros como a quienes los combatieron, después de firmados los acuerdos no se les desconozca lo pactado y los metan a la cárcel o los extraditen.

Esa seguridad está ya garantizada con el acuerdo para la justicia transicional y el Tribunal Especial para la Paz. Solo basta una reforma constitucional para hacerlo realidad una vez más precisados sus alcances, como la forma de integración y el ámbito de competencia temporal.

¿‘Acuerdos especiales’?

El tercer punto es que lo pactado en todos los demás aspectos (reforma agraria, tratamiento del narcotráfico, sistema electoral, participación política, reformas sociales, entre otros) no pueda ser desconocido hacia el futuro por gobiernos que no estén de acuerdo con lo acordado en La Habana.

Es para eso que se ha planteado la extraña figura de los “acuerdos especiales” que integrarían el llamado bloque de constitucionalidad, que en últimas a lo que conduce es a que todo quede en la Constitución. Vana ilusión.

Para comenzar, la idea de ese bloque de constitucionalidad (que básicamente consiste en pasar al derecho interno pactos internacionales sobre derechos humanos) no es tan nueva como pretenden ingeniosos juristas de nuestra época.

En 1863, los liberales adoptamos, en la Constitución de Rionegro, aparte de un régimen de libertades absoluto, un sistema federal, y allí (artículo 91) se dispuso lo siguiente: “El derecho de gentes hace parte de la legislación nacional. Sus disposiciones regirán especialmente en los casos de guerra civil. En consecuencia, puede ponerse término a esta por medio de tratados entre los beligerantes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias de las naciones cristianas y civilizadas”.

Es prácticamente la misma norma que como gran novedad se introdujo en la actual Constitución (artículo 93).

Más allá de la discusión sobre si esos acuerdos especiales corresponden, o no, a los del artículo 3, común de los Acuerdos de Ginebra de 1949, todo conduce a que la garantía de cumplimiento radicaría en el hecho de que estos hagan parte de la Constitución. Craso error.

Es apenas una expresión del fetichismo constitucional, que se evidenció claramente durante el proceso de la Constituyente, cuando la mayoría de la gente creyó que bastaba con cambiar la Constitución de 1886 para que se mejoraran la política y la justicia, y se derrotara la corrupción, entre otros tantos fines aún hoy inalcanzados.

‘Blindajes’ de corta vida

La historia de Colombia está llena de casos de supuestos “blindajes jurídicos” que al poco tiempo desaparecieron por razones políticas. Precisamente, la Constitución de Rionegro tenía una cláusula que la hacía inmodificable. Pero 23 años después, tras derrotar al liberalismo, desde el Palacio de la Carrera Rafael Núñez exclamó: “La Constitución de Rionegro ha dejado de existir”.

Para evitar lo que ocurrió bajo las dictaduras civiles y militares durante la década del 50 (y antes, a comienzos del siglo pasado, con Reyes y su reelección inmediata), que gobiernos organizaban constituyentes de bolsillo, el plebiscito de 1957, votado por más de cuatro millones de colombianos cuando la población era de apenas 12 millones, estableció que la Constitución solo podía ser modificada por el Congreso. También, 33 años después, con decretos de estado de sitio, se derogó la norma plebiscitaria para permitir, de manera extraconstitucional, la convocatoria de la Constituyente.

La propia Constitución actual, que se presentó como la máxima expresión de consenso en 25 años, ha sido reformada ya en más de 40 ocasiones... ¡Y las que faltan!

Así, es claro que el supuesto ‘nuevo contrato social’ que suponía la Carta Política se ha roto en pedazos que ya casi nadie puede recoger.

Pero el ejemplo más claro y pertinente es el de la extradición de nacionales. Los narcotraficantes armaron el tristemente célebre grupo de los ‘Extraditables’ para oponerse a su extradición a los Estados Unidos.

Le declararon la guerra al Estado. Asesinaron, a punta de bombas y monstruosos atentados terroristas, entre muchos, a Guillermo Cano, Enrique Low Murtra, Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán y miles de colombianos más. Aun cuando inicialmente el gobierno Gaviria suspendió la extradición con un decreto, ellos lo que querían era blindarse y exigieron que expresamente se prohibiera la extradición de nacionales en la Constitución.

Sin embargo, el blindaje se les cayó dos años después, cuando el Congreso, durante el gobierno Samper, restableció la medida. Y eso que también una reforma seria, como la de Barco, se había caído porque unos parlamentarios, en el séptimo debate –qué coincidencia–, trataron de introducir un ‘mico’ para que la extradición se sometiera a referendo. Barco prefirió hundir la reforma antes que ceder a la presión de los extraditables.

El pueblo, único garante

Si todas esas ingeniosas peripecias son para que todo quede en la Constitución, ya sabemos lo que puede pasar. Lo que realmente se necesita es un blindaje político, un gran acuerdo nacional alrededor de las ventajas indudables de la paz, para que hacia el futuro sea el pueblo el verdadero garante del cumplimiento de lo acordado.

Ese blindaje político pasa por una gran pedagogía para explicar el proceso, sus verdaderos alcances y sus reales beneficios para la población.

Y, desde luego, por buscar los puntos de aproximación, incluso con quienes hasta ahora no lo han apoyado. El auténtico garante hacia el futuro, repito, es el pueblo colombiano, no unas normas jurídicas que se creerían hechas para permanecer, pero que se cambian al simple vaivén de las circunstancias, con enormes facilidad y frecuencia.

Alfonso Gómez Méndez
Especial para EL TIEMPO

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.