Salud Hernández-Mora regresó a la libertad el viernes pasado luego de seis días del cautiverio en que la mantuvo el Eln en las montañas del Catatumbo, a donde había llegado una semana antes a realizar un trabajo periodístico. A esa liberación le siguieron las de Diego D’Pablos y Carlos Melo, de RCN, quienes también fueron secuestrados cuando cubrían la noticia.
Este episodio retornó el secuestro a las primeras planas y, por supuesto, dejó en evidencia que la guerrilla del Eln sigue usando este flagelo como un arma de guerra. Sin embargo, también dejó lecciones y preguntas sobre el propio oficio del periodismo, la situación de orden público en Norte de Santander, la reacción de las autoridades, el proceso de paz con ese grupo armado y una sociedad que logró unirse en torno a un clamor.
¿Fue una imprudencia de Salud Hernández, como dice el Eln?
En Twitter, este fin de semana la guerrilla señaló que el secuestro de los tres comunicadores no fue “premeditado ni planificado, sino un hecho fortuito”, pues su presencia en el Catatumbo fue una “imprudencia”. (Lea también: Eln dice que presencia de los periodistas en la zona fue 'imprudencia')
Días antes, en otro comunicado, la misma guerrilla aseguró que la "retención" se debió a operativos de control en el sector y que buscaban comprobar que los periodistas no fueran infiltrados del Ejército.
Para Nora Sanín, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos (Andiarios), esa justificación no es desde ningún punto válida, pues lo que hacían Hernández, D’Pablos y Melo era su deber fundamental: informar desde el lugar de los hechos.
“En territorios como el Catatumbo es donde más tiene que informarse. Es absurdo pensar que el periodismo no puede entrar a ciertas zonas y es ahora que el Estado debe tomar medidas para fortalecer en esa región la protección a los periodistas, que es una obligación”, dice Sanín.
¿Las autoridades manejaron bien la crisis?
A Salud Hernández-Mora la retuvieron contra su voluntad el sábado y a D’Pablos y a Melo, el lunes, pero solo hasta el jueves en la tarde el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas confirmó, sin hablar de secuestro, que los tres periodistas estaban en poder del Eln.
El hermetismo inicial y la falta de claridad sobre lo sucedido los primeros días, por supuesto, ocasionaron críticas de sectores opositores al gobierno. Francisco Santos, exvicepresidente y miembro del Centro Democrático, afirma que en el caso de Salud Hernández-Mora hubo manipulación de información, pues era muy fácil confirmar que la periodista estaba en poder del Eln.
“Necesitaban proteger el proceso de paz con esa guerrilla y los medios se copiaron de la versión oficial”, señala.
En la misma línea estuvo el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien urgió al Gobierno y a los organismos de inteligencia a determinar “a la mayor brevedad” el paradero de la ciudadana de origen español. “Ningún colombiano debe estar a merced de grupos armados al margen de la ley. Institucionalidad debe velar por la protección de todos”, escribió en Twitter la Procuraduría.
No obstante, el general (r) de la Policía Luis Enrique Montenegro asegura que la tardanza en confirmar la información fue más por “tacto” y que en realidad sí hubo presencia suficiente de las autoridades en el manejo de la crisis.
“En la liberación hubo presencia de la Policía, pero al tiempo se evitó una confrontación que pusiera en riesgo la vida de los periodistas. El tacto y la diplomacia, más la presión de los medios, funcionó para que estos delincuentes cumplieran con las liberaciones”, añade.
La Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, los facilitadores en la entrega de los secuestrados, revelaron que las gestiones con el Eln comenzaron el martes y concluyeron el viernes.
¿Cómo queda el Catatumbo?
El secuestro volvió a poner los ojos en el Catatumbo, región en la que confluyen Eln, Farc, Epl, grupos armados ilegales y narcotráfico, donde los cultivos de coca crecen año a año y donde la comunidad reclama presencia del Estado e inversión.
Tras la reciente crisis, el Gobierno anunció una vez más planes para atender esta zona de Norte de Santander. (Además: Santos anuncia un gran plan social y de seguridad para el Catatumbo)
El sábado, el presidente Juan Manuel Santos, solo horas después de las liberaciones, anunció “un gran plan social y de seguridad para el Catatumbo”, que será liderado por los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y Agricultura, Aurelio Iragorri. La iniciativa busca impulsar el desarrollo agropecuario y económico, de modo que los habitantes mejoren su calidad de vida y tengan más protección y seguridad, según dijo el Mandatario.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una organización defensora de Derechos Humanos con 25 años de presencia en el departamento, atina a decir que solo espera a que esta vez sí se cumpla. “Esto no es nada nuevo. Casi que cada presidente dice lo mismo desde mediados de los años 80, cuando se vieron las grandes movilizaciones campesinas y de cocaleros. Siempre hay promesas, pero los avances son muy pocos. En las últimas tres décadas solo hemos tenido abandono estatal y militarización del territorio”, expone.
Cañizares argumenta que lo primero que debe hacer cualquier esfuerzo institucional en la zona es “oír a los campesinos, a la gente, y acercarse a ellos sin intermediarios ni políticos ni sociales”. “A la gente hay que darle participación, pero también poder de decisión”, insiste.
De acuerdo con Cañizares, la región hoy lidia con problemáticas como la falta de vías, salud, educación e infraestructura de calidad, “pero el tema de cultivos ilícitos es el que está desbordado”.
Esa preocupación la comparte Francisco Santos, aunque de una forma mucho más crítica: “El Gobierno le hizo un daño gigante al Catatumbo al suspender la fumigación de cultivos ilícitos. Las hectáreas sembradas pasaron de 10.000 a 30.000 y en la región hay ahora una cultura de mafia. Así va a ser imposible erradicar la droga de la región”, cuestiona.
Santos también asevera que el Gobierno de su primo Juan Manuel ha estado “desconectado de las regiones” y explica: “El Catatumbo es el síntoma de una enfermedad profunda, y es que Colombia no mira las fronteras, ni siquiera a la más importante, con Venezuela. Se requiere allí un proyecto de identidad, seguridad y desarrollo”.
Se le acaba el tiempo al Eln para un proceso
Además de los interrogantes, este episodio deja dos lecciones claras: la primera de ellas es un ultimátum implícito al Eln.
“La etapa pública de los diálogos de paz con el Eln no puede demorar más”, sentencia Jaime Bernal Cuéllar, miembro de la comisión facilitadora del Gobierno para las conversaciones con esa guerrilla, que se anunciaron el 30 de marzo pasado, pero no han comenzado porque el grupo armado no ha cumplido con la condición de dejar de secuestrar.
La fecha de inicio de esas conversaciones sigue en veremos y mientras tanto las autoridades aseguran que son siete las personas que este año han sido secuestradas en Norte de Santander por esa guerrilla. (Lea también: ¿Cómo queda el Eln tras el secuestro de los tres periodistas?)
Por eso, Bernal Cuéllar señala que “por más que hayan diálogos en medio del conflicto, el secuestro sigue siendo una violación al Derecho Internacional Humanitario”. “Hay que exigirle un hecho positivo a la guerrilla, de devolver inmediatamente a todos los secuestrados para que puedan comenzar los diálogos”, comenta el abogado y exprocurador general.
Pero al interior de esa guerrilla, tal como lo reveló EL TIEMPO este domingo, lo único que generó el episodio de los periodistas secuestrados es una desconexión o falta de comunicación entre los jefes del Eln y la base subversiva. (Lea también: El revelador silencio del alto mando del Eln)
Medios y sociedad civil repudiaron por igual el secuestro
La presión social pudo más que la fuerza militar. Esa es una de las conclusiones que escribió Jorge Restrepo, director del Cerec, sobre el secuestro de los tres periodistas. La sociedad civil, sectores políticos y todos los medios de comunicación se unieron en el clamor de la liberación y el respeto a la libertad de prensa.
Angélica Lozano, representante a la Cámara por la Alianza Verde, dice que vio “una madurez de todos los partidos políticos para rechazar unidos estos hechos” de violencia y le dice al Eln que debe entender que el secuestro “no es la senda compatible con su deseo de hacer política algún día”.
“En esta situación adversa el periodismo demostró que la unión y solidaridad del gremio han mejorado mucho”, dijo sobre el tema Sanín, directora ejecutiva de Andiarios.
RONNY SUÁREZ
Subeditor ELTIEMPO.CO