La suspensión temporal de las operaciones aéreas de Lufthansa y Latam en Venezuela ensanchó la cascada de malas noticias económicas para el país, que desde hace al menos tres años observa cómo decenas de empresas paralizan o cierran sus actividades debido a la difícil situación económica.
Estas han sido las últimas de las 13 aerolíneas que han cesado –temporal o definitivamente– operaciones en Venezuela debido al monto que les adeuda el Estado venezolano por concepto del control cambiario. En total, unos 3.700 millones de dólares según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav) y cuyo pago no está previsto en el corto plazo, a pesar de las intensas negociaciones que el gremio sostuvo con el Gobierno venezolano el año pasado.
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“Se toma esta acción en respuesta a las actuales dificultades económicas en Venezuela y al hecho de que Lufthansa es actualmente incapaz de cambiar sus ganancias en bolívares a dólares estadounidenses para transferirlas fuera del país. Aparte, la demanda de viajes internacionales a Caracas registró un nuevo descenso anual en 2015 y en el primer trimestre de 2016”, publicó en un comunicado la aerolínea alemana, que dejará de operar en el país a partir del 18 de junio.
Latam, por su parte, suspenderá paulatinamente sus rutas. Desde este 28 de mayo, la ruta Caracas-São Paulo quedó sin efecto; en julio ocurrirá lo mismo con la ruta Caracas-Lima, y en agosto la ruta Caracas-Santiago de Chile con parada en Guayaquil.
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Las razones son las mismas. El decaimiento de la industria aérea en Venezuela es tal que en los últimos dos años ha perdido 50 por ciento de los asientos disponibles para viajar hacia y desde el país, con la consecuente pérdida de empleos que ello significa.
De hecho, el aeropuerto internacional de Maiquetía, que solía ser un hervidero de viajeros, negocios de comida y transporte, exhibe hoy una languidez de la que apenas despierta los fines de semana.
Se van o reducen
La crisis económica del país ha afectado al resto del parque empresarial, logrando en el último mes la disminución al mínimo de sus actividades en Venezuela de empresas tan emblemáticas como Schlumberger y Halliburton, operadoras de servicios petroleros para la estatal PDVSA, a las que debe poco más de 1.400 millones de dólares.
Pero en lo que va del 2016 la multinacional de alimentos General Mills sí decidió marcharse del país y la cauchera Bridgestone, con 62 años en el país, vendió sus activos a la firma nacional Corimon.
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Otras grandes empresas como Kraft, Nestlé y Heinz todavía no cierran sus operaciones en el país, pero han reducido al mínimo sus líneas de producción por la escasez de divisas que les impide la importación de materia prima para fabricar sus productos. Para muestra hay que decir que conseguir salsa de tomate Heinz en este país es una absoluta proeza.
También la fabricante de pañales y toallas sanitarias Kimberly-Clark anunció la semana pasada la suspensión de seis de sus nueve líneas de producción por falta de materia prima.
En el caso de Coca-Cola, la falta de azúcar refinada para la elaboración de su producto principal ha llevado a la empresa a fabricar solo su presentación light, según confirmó la sede en México de la empresa. En general se estima que el Gobierno debe a las empresas privadas al menos 12.000 millones de dólares.
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La asociación de gremios industriales Conindustria ha advertido que Venezuela atraviesa una crisis tan fuerte que del total de 4.500 empresas trabajando en el país muy pocas superan el 40 por ciento de operatividad. A juicio de sus directivos, un país como Venezuela, por su densidad demográfica y sus recursos, debería contar con un parque industrial de por lo menos 30.000 empresas.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas.