Agentes de negocios con sede en Miami, Nueva York y Venezuela, dueños de empresas exportadoras de chatarra y representantes legales de firmas fachada con las que se ha legalizado mercancía de contrabando, bajo la misma modalidad usada por James Arias, el 'Zar de la chatarra’, hacen parte de la nueva línea de investigación que abrió la Fiscalía por cuenta de las confesiones que ya hizo el confeso delincuente.
Durante dos semanas Arias, detenido por razones de seguridad en la sede del búnker de la Fiscalía, 'prendió su ventilador'. Dio nombres de personas, empresas del sector de la chatarra y el reciclaje y de hasta constructoras y siderúrgicas a donde habría ido a parar material ingresado ilegalmente al país.
Además, entregó soportes de sus relaciones comerciales con las firmas que se vieron beneficiadas de una macrooperación de contrabando que él lideró por más de siete años y que le permitió amasar una fortuna de más de 300.000 millones de pesos.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que ya los investigadores suspendieron los interrogatorios a Arias y ahora están en el proceso de verificación de la información y documentos acopiados para empezar a citar a interrogatorios a las personas involucradas por el cuestionado empresario que llegó a manejar el 60 por ciento del negocio de la chatarra de todo el país.
El ente acusador advierte que se aplicó “toda una cultura de la ilegalidad para ocultar el origen del material de chatarra y encubrir el destino de cuantiosos recursos económicos”.
En el expediente se menciona a Rossy Celestino Heredia, un ciudadano venezolano en cuya oficina en el vecino país se habrían coordinado envíos de chatarra de contrabando a Colombia.
Investigadores señalaron que la información entregada por Arias permitió ubicar inicialmente a los encargados de conseguir los negocios internacionales que llevaron a países como China toneladas de mercancía ingresada de contrabando a Colombia desde Venezuela.
Ese grupo de bróker tiene una sucursal en Bogotá y la Fiscalía trabaja en órdenes de policía judicial para acceder a información de esa oficina de representación y los clientes del sector con los que habrían hecho negocios.
Por cuenta de esa colaboración, tal como lo había revelado EL TIEMPO, Arias recibirá un principio de oportunidad por lavado de activos y falsedad, delitos por los que no será investigado por un año y luego se podría prorrogar si cumple con su palabra de ser testigo contra los nuevos enredados. Será condenado a diez años de cárcel por concierto para delinquir, fraude procesal, contrabando agravado y enriquecimiento ilícito.
En el preacuerdo firmado por Arias y conocido por este diario dice que el ‘chatarrero’ va a entregar “información relevante con miras a desmantelar la organización ilícita y judicializar a otros miembros responsables”. Además, señala que Arias va a reparar a la Dian como víctima con sus bienes. La Dian estimó el daño causado en casi dos billones de pesos.
En manos de un juez especializado de Bogotá quedó la decisión de avalar la negociación de Arias, al tiempo que se entregó a un juzgado de extinción de dominio un documento de 116 páginas en el que el 'chatarrero' renuncia a defenderse en el proceso de extinción de dominio y a cambio se puede quedar con una parte de los bienes.
Tal como lo publicó este diario, Arias y su socio Luis Humberto Luengas, que también busca beneficios judiciales, son las primeras personas en Colombia que se acogen a esa figura y renuncian a pelear lujosos bienes por cerca de 270.000 millones de pesos y que se podrían quedar con un uno por ciento de ese monto es decir 2.700 millones de pesos.
Arias dijo que su intención es que la Fiscalía y la Dian “queden conformes con mi colaboración, con mi disponibilidad, con mi ayuda y con mi reparación”.
Aunque el documento de la Fiscalía señala que se les debería permitir quedarse con menos de ese dinero, la decisión está ya en manos de un juez especializado.
Megalotes
El viernes pasado, los investigadores ocuparon predios en Bogotá, Tenjo, Girardot, Tocancipá y Cajicá avaluados en más de 15.000 millones de pesos, y se registra que algunos de los lotes están ubicados en la zona más estratégicas para el crecimiento de Bogotá hacia el norte.
Uno de los lotes tiene 200.000 metros cuadrados en Tenjo (Cundinamarca), se denomina Vuelta Grande y está avaluado en 40.000 millones de pesos; hoy se usa como pesebrera para caballos finos.
En el documento se recopila la información de la macroinvestigación de la Fiscalía que puso a responder ante los jueces a 110 personas, entre funcionarios y particulares en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Pereira y Medellín. Ya hay 43 condenados.
El capítulo de Panamá
La mayoría de lotes y predios a los que Arias renunciará están a nombre de su empresa Grupo Aliados, cuya dueña en papeles es una sociedad ubicada en Panamá.
Arias confesó que todas las acciones de Aliados y de la empresa 8 SAS son propiedad de Otemir Investments Corp con sede en Panamá. En decisiones de junta de diciembre de 2011 y de abril de 2012 se estableció que la representante de la empresa en Colombia es Diana Cristina Ochoa, esposa de Arias.
“Acudieron a sociedades o empresas panameñas para evadir impuestos y ocultar la titularidad y propiedad de las acciones y bienes”, se lee en el expediente de la Fiscalía.
En una de sus declaraciones a los investigadores, el 'chatarrero' dijo que creó las empresas en panamá supuestamente por “temas de seguridad personal, para evitar secuestros y extorsiones y para tener una seguridad tributaria y comercial”.
Dijo que una empresa de abogados fue la firma que abrió las cuentas en Panamá y constituyó las empresas, y como parte de sus servicios proporcionó un representante legal en ese país que obedecería las instrucciones de los verdaderos dueños de la empresa.
“El objeto social de esta empresa es muy amplio, pero el objetivo primordial es ser la matriz del grupo económico y en consecuencia administrar los bienes de mi grupo familiar buscando un beneficio tributario en la ciudad de Panamá”, dijo Arias, quien aseguró que su esposa tiene el control total de esa firma internacional.
Luengas, socio de Arias, sostuvo a los investigadores que los abogados Alejo Corredor y Javier Soler fueron los encargados de estructurar esa firma en Panamá, que aparece como dueña de gran parte del emporio económico del 'chatarrero'.
Arias ofreció entregar a la Fiscalía toda la documentación de su empresa en Panamá y facilitar la entrega de los bienes al ente acusador.
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