Quienes soñamos y trabajamos por un país reconciliado, sin las nefastas implicaciones de un conflicto armado, sabemos que son muchos los obstáculos que habrá que superar para lograrlo. Las lecciones del pasado y nuestro permanente trabajo en la construcción de paz, incluso en medio de la guerra, nos dejan aprendizajes. Uno de estos es garantizar la estabilidad jurídica de las personas que dejan las armas para reintegrarse a la sociedad.
Desafortunadamente, por motivos ajenos al Gobierno Nacional, para muchos de los desmovilizados actuales esto no se ha cumplido.
En las negociaciones con las Auc del 2003 al 2006, aproximadamente 36.000 personas se desmovilizaron de forma colectiva e individual. Se les debía aplicar un marco jurídico que permitía otorgar a los desmovilizados ‘rasos’ beneficios consistentes en la terminación o extinción del proceso penal por su pertenencia al grupo armado.
Sin embargo, en razón a fallos de las honorables Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, entre el 2007 a 2010, se modificaron las reglas sobre las cuales ellos debían responder ante la justicia y se estableció que el delito de pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley no era de carácter político, era de carácter ordinario y adquiriría la naturaleza de lesa humanidad, por lo cual el Estado debía investigar, juzgar y condenarlos, para satisfacer los derechos de las víctimas.
Lo anterior conllevaría una condena y la privación de la libertad de los desmovilizados ‘rasos’ que se encontraban en proceso de reintegración. Para evitar que todos fueran a la cárcel, el Gobierno impulsó la expedición de la Ley 1424 del 2010, que les permitió a estas personas conservar su libertad y prescindir de medidas de aseguramiento, siempre y cuando cumplieran con el proceso de reintegración, contribuyeran a la construcción de la verdad, la memoria histórica y realizaran un servicio social a favor de las comunidades.
Aunque la citada ley trajo avances significativos respecto a la situación jurídica, su implementación ha ocasionado dificultades que afectan el desarrollo de la política de reintegración.
Si bien dichos desmovilizados cumplen los requisitos de la Ley 1424, se les imponen condenas que generan antecedentes penales de carácter intemporal, lo cual les impide contratar con el Estado, participar en política y desempeñarse como servidores públicos. Así mismo, les dificulta acceder a un trabajo formal, ingresar al sistema financiero y, en ciertos casos, la pérdida de sus trabajos o la imposibilidad de ejercer sus carreras profesionales, pues no les es posible tramitar las tarjetas profesionales.
La demora en el reporte de la información por parte de las autoridades judiciales, referente a la no imposición, suspensión o extinción de cualquier medida restrictiva de la libertad a favor de los desmovilizados, ocasiona la captura de muchos que han accedido a los beneficios de la ley. También la imposición de multas en las sentencias, las cuales ascienden hasta 1.500 millones de pesos, agrava su situación de vulnerabilidad. Lo anterior genera inestabilidad económica, social, familiar y personal, que va en detrimento de su proceso de reintegración y afecta los avances en materia de reconciliación.
Si queremos una paz sostenible y duradera, en la cual se rompan los ciclos de violencia de forma definitiva, es necesario cumplir con la seguridad jurídica que se les ofreció. No hacerlo envía un mensaje errado para Colombia y pondría en riesgo un proceso exitoso que lleva más de 13 años construyendo paz desde los territorios. En este sentido, como sociedad, es necesario un consenso para construir un nuevo marco jurídico que solucione estos inconvenientes y los evite en el futuro.
JOSHUA MITROTTI
Director de la Agencia Colombiana para la Reintegración
